El Servicio Canario de la Salud deberá indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña a la que amputaron ambas piernas por un tratamiento inadecuado

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Servicio Canario de la Salud (SCS) a indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña de dos años, a la que se le amputaron ambas piernas por no haber recibido el tratamiento adecuado ante una infección bacteriana grave.

Según recoge la sentencia, difundida por la agencia EFE, los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando la menor ingresó en un centro sanitario de Canarias con síntomas compatibles con una infección severa. Un mes después, y tras un agravamiento de su estado, fue trasladada de urgencia a un hospital de Madrid, donde se procedió a la amputación de ambos miembros inferiores a partir de los tobillos debido a una necrosis provocada por un fallo multiorgánico.

El Juzgado ya había estimado parcialmente el recurso de los padres en enero de 2024, estableciendo el pago de 273.157 euros por daños y perjuicios. Esta cantidad incluye, además, la cobertura de futuras intervenciones quirúrgicas que la paciente deberá afrontar a lo largo de su vida para adaptar sus prótesis al crecimiento corporal y tratar posibles complicaciones derivadas de su estado.

El TSJC ha fundamentado su decisión en la existencia de una “pérdida de oportunidad” por parte del SCS, un concepto jurídico que implica que se podría haber evitado el desenlace si se hubieran tomado las medidas adecuadas en el momento oportuno. En este caso, se señala que, en los primeros días tras la aparición de los síntomas, no se pautó el tratamiento antibiótico correcto, pese a que la infección ya estaba “de forma inequívoca y con seguridad” reflejada en la historia clínica.

El Consejo Consultivo de Canarias, que también intervino en el caso, confirmó esta omisión, indicando que de haberse administrado un tipo de antibiótico específico —con una eficacia estimada por ellos en el 50% de los casos—, podría haberse evitado la evolución negativa. Sin embargo, los informes periciales aportados por la familia elevan la tasa de éxito de dicho tratamiento hasta casi el 99% para el tipo de bacteria detectada.

El texto judicial lamenta además que en los primeros días de atención no se registraran datos clínicos básicos como la saturación de oxígeno, la temperatura o la frecuencia cardíaca, considerados “fundamentales” para evaluar correctamente la evolución de la infección.

La indemnización concedida por el TSJC es inferior a la que reclamaban los padres, que solicitaban 546.314 euros. Sin embargo, también supera ampliamente la cantidad propuesta por el propio SCS, que planteaba un pago alternativo de 151.233 euros.

La resolución judicial ha contado con un voto particular de uno de los magistrados, quien defendía que se debía conceder la cantidad íntegra solicitada por los progenitores. Este juez hace hincapié en que la raíz del problema se encuentra en “la desatención padecida en el Centro de Salud”, donde la menor no fue atendida por un pediatra.

Asimismo, considera “inexcusable” que la Administración no haya abierto un expediente disciplinario a los trabajadores implicados, con el fin de determinar si incurrieron en dolo, culpa o negligencia grave. En caso de comprobarse alguna de estas conductas, añade, “habrán de responder dichos empleados del pago y no las arcas públicas”.

A partir de ahora, la niña deberá someterse a intervenciones quirúrgicas periódicas cada 12 o 15 meses para adaptar sus prótesis, un proceso doloroso y costoso que marcará su desarrollo físico y emocional durante toda su infancia y adolescencia.