La Unión Europea activará en agosto las primeras represalias si no hay acuerdo de aranceles con Estados Unidos, pero deja el grueso para este otoño y febrero de 2026

La Unión Europea ha completado este jueves el procedimiento para tener a punto las represalias sobre 93.000 millones de euros (unos 102.000 millones de dólares) en importaciones a Estados Unidos con las que responder a Washington si fracasan las negociaciones para un acuerdo que frene la guerra arancelaria.

Sin embargo, solo se prevé la activación de una primera tanda de este instrumento desde el 7 de agosto, y el grueso del recargo se queda para su introducción en dos fases posteriores: en septiembre de este año y febrero de 2026, según extrae Europa Press del reglamento publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea,

De acuerdo con el texto oficial, la decisión final se tomó después de que los Estados miembro dieran su visto bueno por amplia mayoría en una reunión técnica de alto nivel. Solo una delegación de las veintisiete se mostró contraria al paquete, confirmaron fuentes del bloque europeo.

La activación de estas contramedidas está directamente relacionada con la persistencia de los aranceles estadounidenses, que desde el 1 de agosto prevén un gravamen del 50 % sobre el acero y aluminio europeos. En caso de que Washington mantenga su postura, los nuevos aranceles europeos se aplicarían a partir del 7 de agosto. El reglamento contempla una excepción puntual hasta diciembre para ciertos contingentes de soja, como reconocimiento de su importancia estratégica y para evitar un impacto inmediato en mercados especialmente sensibles.

Este paquete de respuesta europea fue consensuado inicialmente en abril, en un contexto donde el gravamen norteamericano apenas llegaba al 25 %. Sin embargo, la UE lo suspendió temporalmente para dar margen a las negociaciones bilaterales. Ahora, con la ampliación y persistencia de los aranceles estadounidenses, las autoridades comunitarias advierten que su activación es sólo cuestión de tiempo si no hay una desescalada negociada.

Más allá del acero y el aluminio, el resto de las represalias, dirigidas tanto a aranceles generalizados como a los impuestos sobre el sector del automóvil, se irán aplicando en dos fases. La primera está fijada para el 7 de septiembre de 2025, mientras la segunda tendrá lugar el 7 de febrero de 2026. En conjunto, este bloque de sanciones permitirá gravar importaciones estadounidenses valoradas en aproximadamente 72.000 millones de euros (unos 79.000 millones de dólares).

En su planteamiento, la Comisión Europea, que representa a los Veintisiete en materia de política comercial, ha optado por una lista única e integrada de contramedidas. Así, la respuesta está diseñada para hacer frente tanto al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posible imposición de aranceles generalizados del 30 % a los productos europeos, como a los aumentos ya vigentes: el 50 % sobre el acero y el aluminio y el 25 % sobre automóviles y componentes.

El alcance de las sanciones europeas permanecerá supeditado al éxito o fracaso de las conversaciones en curso entre Bruselas y Washington. En este sentido, las autoridades comunitarias subrayan la necesidad de encontrar una solución negociada para evitar que la disputa escale a un conflicto con graves repercusiones comerciales y manufactureras a ambos lados del Atlántico.

El documento oficial justifica las medidas adoptadas en “criterios objetivos y de proporcionalidad”. El texto subraya que los nuevos aranceles solo afectarán a importaciones “de las que la Unión no depende básicamente para su suministro”. Esto significa que se ha procurado proteger cadenas estratégicas y evitar perturbaciones graves en sectores clave para la economía europea.

Además de los aranceles, el reglamento incluye restricciones a las exportaciones de chatarra europea al mercado estadounidense. Las autoridades comunitarias han evaluado que las empresas de la UE “no dependen sustancialmente de Estados Unidos como mercado de destino para los productos cuya exportación queda limitada”. Con este matiz, se busca minimizar daños sobre industrias europeas y cerrar posibles vías para eludir el impacto de los aranceles.

Se contempla también un régimen de exenciones específicas. En el caso de bienes destinados a fines humanitarios o emergencias sanitarias, la UE permitirá excepciones para que estas transacciones no se vean entorpecidas por la nueva regulación.

Desde Bruselas, se insiste en que las represalias están calibradas como medidas de “reequilibrio” y mantienen abierta la puerta a revertirse si los Estados Unidos rectifican o si las partes alcanzan un acuerdo satisfactorio. Las categorías de productos afectados han sido seleccionadas para maximizar su peso político y, al mismo tiempo, limitar su impacto económico global, conforme a la estrategia presentada ante los Veintisiete. Diversas fuentes europeas explicaron a Europa Press que la lista recoge sectores emblemáticos como la agroindustria, la electrónica y la automoción, pero siempre dentro del marco ya evaluado de “dependencia baja” para la UE.

El contexto de esta disputa tiene raíces en la política de defensa comercial aplicada por la administración de Donald Trump, que en años previos adoptó medidas tarifarias extraordinarias como mecanismo de presión en varias mesas de negociación internacionales. El endurecimiento reciente de las sanciones por parte de Washington, junto con anuncios sobre incrementos adicionales a la entrada de productos europeos, precipitaron la decisión de la Unión Europea de acelerar un marco de respuesta legal y operacional.

Desde las instituciones comunitarias señalan que este movimiento pretende salvaguardar los intereses industriales de sus Estados miembros y transmitir el mensaje de una postura europea unificada, aunque responsable y abierta al diálogo. Todas las fuentes insisten en que, si se logra un acuerdo diplomático que frene la ofensiva arancelaria estadounidense, la puesta en marcha de estos gravámenes puede detenerse en cualquier momento.

Durante las semanas previas, Bruselas desarrolló contactos intensivos tanto con la administración de Estados Unidos como con los principales sectores afectados dentro de la industria europea, en busca de impactos acotados y una actuación lo más afinada posible. Las estimaciones de impacto económico han supuesto una labor de análisis detallado que incluyó evaluar la trazabilidad de los productos afectados y su eventual reemplazo desde terceros mercados.

El anuncio de la posible entrada en vigor de los primeros aranceles europeos el 7 de agosto y las rondas adicionales en septiembre y 2026, aumenta la presión sobre la Casa Blanca para encontrar una fórmula de compromiso antes de esa fecha. Mientras tanto, la UE refuerza su capacidad de reacción y hace explícito que su principal objetivo es evitar una guerra comercial total, aunque está lista para responder de forma proporcionada si no se alcanzan compromisos estables.