Santos Cerdán se juega hoy su libertad ante el Supremo: la Fiscalía y el PP se oponen a su excarcelación de Soto del Real

El Tribunal Supremo celebra este martes una vista clave para decidir si el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, continúa en prisión preventiva o recupera la libertad mientras se le investiga por su presunto papel en el ‘caso Koldo’, una trama de corrupción vinculada a la adjudicación irregular de obra pública. La resolución dependerá de una Sala de tres magistrados compuesta por Juan Ramón Berdugo, Pablo Llarena y Antonio del Moral, que deliberarán a puerta cerrada en una sesión marcada por la tensión política y judicial del caso.

El magistrado Pablo Llarena será el ponente del auto que dará respuesta al recurso presentado por la defensa de Cerdán contra la resolución del juez de instrucción Leopoldo Puente, quien decretó su ingreso en prisión el pasado 30 de junio. Desde entonces, el exdirigente socialista permanece interno en la prisión madrileña de Soto del Real.

En el auto que motivó su ingreso en la prisión de Soto del Real, el juez Puente expuso que existía un “homogéneo y consistente conjunto de indicios verdaderamente extraordinario” de que Cerdán habría cometido delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Consideró además que existía riesgo de destrucción de pruebas, razón por la que decretó su ingreso inmediato en prisión.

El magistrado atribuye al ex número tres del PSOE un “papel específico” dentro de la supuesta trama, situándolo como intermediario entre las constructoras que pagaban las mordidas y los otros principales investigados, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García. Según el relato judicial, Cerdán se habría encargado de reclamar las cantidades pactadas a las empresas, recaudarlas y hacerlas llegar a sus superiores dentro de la organización.

El juez describe una “relación vertical” entre los tres, en la que Cerdán tendría una posición de “cierta preeminencia”. Este señalamiento ha sido contestado con contundencia por la defensa, que niega cualquier participación en los hechos investigados y considera que su cliente está siendo utilizado como pieza instrumental en una operación con trasfondo político.

La Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado contraria a la puesta en libertad del exdirigente socialista. En su escrito de oposición al recurso, el ministerio público advierte de que Cerdán podría “ocultar pruebas”, “condicionar a testigos o investigados” e incluso influir en los “aún desconocidos pagadores” de las supuestas comisiones. Según el fiscal, habría seguido ejerciendo “cierto control” sobre adjudicaciones del Ministerio de Transportes incluso después de la salida de Ábalos del Gobierno.

A esta postura se suma la acusación popular que ejerce el Partido Popular, que también defenderá este martes en la vista la necesidad de que Cerdán continúe en prisión preventiva. El PP mantiene que hay elementos suficientes para considerar que su libertad pondría en riesgo el curso de la investigación.

Por su parte, la defensa del ex número tres socialista ha recurrido la medida alegando que se trata de una “causa general” sin pruebas sólidas. Denuncia que su encarcelamiento busca “provocar una confesión” forzada, como —según su versión— habría ocurrido previamente con el empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama.

La investigación sobre Cerdán no se ha detenido desde su entrada en prisión. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado a Instituciones Penitenciarias que le informe con antelación de las visitas que recibe el exdirigente socialista en Soto del Real, incluidas las de sus abogados. Aunque la medida ha sido interpretada por su entorno como una forma de presión, el juez de instrucción ha respondido que se actúe conforme a la normativa penitenciaria.

Además de Cerdán, en esta pieza separada del caso Koldo también se investiga al exministro José Luis Ábalos, a Koldo García, a Víctor de Aldama y a varios empresarios más, todos ellos sospechosos de formar parte de una presunta red que habría cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones públicas durante la etapa de Ábalos en el Ejecutivo.