Nuevas fórmulas de convivencia, la asistencia personal ampliada, y la extensión de la ayuda domiciliaria a más actividades cotidianas forman parte de los cambios más relevantes recogidos en la reforma de la ley de dependencia.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de julio el Proyecto de Ley para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Tras recibir luz verde por parte del Gobierno, la norma inicia ahora el proceso parlamentario en el Congreso de los Diputados.
Según ha publicado el Instituto BBVA de Pensiones, uno de los principales objetivos de esta reforma es actuar frente al desafío demográfico en España, donde la población mayor crecerá notablemente en las próximas décadas, lo que incrementará el número de personas en situación de dependencia.
Para responder a este reto se prevé ampliar el catálogo de servicios y prestaciones, suprimir limitaciones previas a la compatibilidad de ayudas, eliminar plazos suspensivos y flexibilizar mucho más la atención a cada usuario.
Ampliación de servicios y nuevas prestaciones
La nueva ley incorpora importantes novedades como los cuidados y apoyos en viviendas compartidas y la inclusión de nuevos modelos de convivencia colaborativa. Además, las personas en situación de dependencia podrán acceder, mediante préstamo o cesión temporal, a productos de apoyo que favorecen la autonomía -como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz-, sin importar si viven en domicilios o en residencias.
El servicio de asistencia personal se desplegará en mayor medida para quienes necesiten apoyos de alta intensidad, permitiendo que cada persona diseñe su plan de atención conforme a sus deseos y circunstancias.
La prestación económica para cuidados familiares se extenderá hasta el último día del mes en que ocurra el deceso, evitando la devolución de prestaciones ya recibidas. Además, se amplía su cobertura a personas allegadas, respondiendo a quienes viven solas o en distintas formas de convivencia.
El Proyecto de Ley también introduce las prestaciones y servicios transitorios: si una persona con dependencia moderada o severa solicita un recurso que no está inmediatamente disponible, como un centro residencial próximo, podrá acceder de manera temporal a otro servicio equivalente, como la ayuda a domicilio, hasta que le sea posible el acceso definitivo al recurso inicial.
Refuerzo de la ayuda a domicilio y la asistencia personal
La ayuda a domicilio, otra de las áreas reforzadas, incluye ahora acompañamiento y apoyo en actividades fuera del hogar, tales como acudir a citas médicas o hacer la compra. La figura de la asistencia personal se incorpora con rango de servicio ordinario en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), facilitando que cada persona mantenga su proyecto vital y su participación social activa.
Teleasistencia universal y centros de día adaptados
Una de las medidas más destacadas es la consideración de la teleasistencia como un derecho universal, accesible a toda persona en situación de dependencia, independientemente del lugar de residencia. La teleasistencia deberá combinarse siempre con otros apoyos, y se extiende su alcance a personas que viven en residencias.
En cuanto a los centros de día, estos se reconocen como servicios de proximidad fundamentales y se amplía su función: podrán ofrecer apoyos a domicilio o en espacios comunitarios, adaptándose a las necesidades de quienes viven cerca. Este modelo busca integrarlos aún más en la comunidad y adaptarse a los distintos estilos de vida y preferencias de los usuarios, contribuyendo a la promoción de la autonomía, el bienestar emocional y la participación social.
Nuevos derechos y mejora en la calidad del empleo en los cuidados
La reforma reconoce el derecho a decidir sobre el apoyo recibido y asegura la permanencia en el entorno elegido, libre de ataduras físicas o químicas. El acceso a atención sanitaria integral, allí donde viva la persona -en domicilio o residencia-, queda igualmente garantizado mediante la cooperación entre servicios sociales y sanitarios de las comunidades autónomas.
Se incorpora un artículo específico sobre la calidad en el empleo de los cuidados, estableciéndose los criterios de acreditación profesional y estándares que buscan mejorar las condiciones laborales, promover la formación continua y garantizar una cobertura adecuada de profesionales conforme al perfil de los usuarios atendidos.
Reducción de trámites y compatibilidad con el empleo
Entre las medidas administrativas se encuentra el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a quienes obtengan un grado I de dependencia, y un puente hacia el 65% de discapacidad a los grados II o III, permitiendo solicitar valoraciones individualizadas en caso de ser necesario. Además, se agilizarán los procedimientos para adaptar los Programas Individuales de Atención y se introduce un trámite de urgencia para personas especialmente vulnerables, dando prioridad a los tiempos de espera tras el criterio de necesidad económica.
En materia de empleo, las personas que accedan a prácticas o a un puesto de trabajo podrán mantener su plaza en centros ocupacionales, evitando el desincentivo laboral y facilitando la reincorporación en caso de que la oportunidad profesional no prospere.
Accesibilidad e innovación, claves de la nueva norma
La reforma consagra la accesibilidad universal como un derecho exigible, con la creación de un Programa Estatal de Promoción, la cofinanciación de obras en edificios residenciales y la obligación de aplicar medidas de accesibilidad también en el patrimonio cultural y social. Se rebajará del 75% al 70% el porcentaje de gasto a asumir por las comunidades de vecinos y se prevé la adopción de apoyos cognitivos y físicos.
El texto legal impulsa el uso de tecnología avanzada para la atención y la evaluación, así como proyectos piloto regulados desde el Imserso, destinados a desarrollar cuidados personalizados e innovadores. Además, las personas con discapacidad tendrán prioridad en las líneas de investigación y desarrollo tecnológico auspiciadas desde el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Protección reforzada y atención individualizada para la salud mental
Por último, se introduce un enfoque basado en el consentimiento informado y la autonomía para las personas con problemas de salud mental. Las intervenciones deberán respetar la voluntad expresa de cada persona, prohibiendo las prácticas coercitivas o los internamientos no voluntarios.
La reforma pone especial atención en garantizar los derechos de mujeres, niños y niñas con discapacidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, y el fomento del desarrollo infantil mediante servicios de atención temprana.
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