El Gobierno aprueba el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2025 para diseñar nuevas políticas de trabajo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno (Pafed) 2025, que junto con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo (SISPE) constituyen los instrumentos de coordinación y ejecución de las políticas de apoyo activo al empleo en toda España. Se trata de una base a partir de la que los diferentes servicios públicos de empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.

El Pafed 2025 define los objetivos concretos para el año y los indicadores que se utilizarán para evaluar el grado de cumplimiento, tanto a nivel estatal como en cada Comunidad Autónoma. Para su elaboración, se ha tenido en cuenta la experiencia recogida en la evaluación de los planes correspondientes a 2023 y 2024, según explica el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado.

El plan establece que las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal podrán diseñar políticas adaptadas a sus necesidades particulares, sobre la base de los criterios y metas generales consensuados. A lo largo del ejercicio se utilizarán indicadores detallados para medir el impacto real de las políticas implementadas.

Junto a la aprobación del Pafed 2025, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha autorizado destinar 25 millones de euros a financiar los planes de empleo de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esta financiación se aplicará durante los años 2025 y 2026. Su objetivo es facilitar la contratación de personas desempleadas en obras y servicios de interés general y social.

Desde el Gobierno se subraya que el plan anual ha sido elaborado con la participación de las comunidades autónomas, en el marco del modelo de cogobernanza. Además, los agentes sociales que integran la Comisión Ejecutiva han podido realizar aportaciones al texto definitivo.

El Pafed se ha diseñado de manera conjunta con la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, incorporando sus ocho objetivos estratégicos y veinte objetivos operativos. Para 2025, tanto las comunidades autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal han propuesto un total de 91 servicios y programas distintos, distribuidos en los seis ejes que estructura el plan. De estos, 60 servicios son considerados comunes para todo el ámbito estatal y 31 han sido específicamente diseñados para responder a las particularidades de ciertas comunidades autónomas.

Por primera vez, el plan introduce objetivos cuantitativos para colectivos considerados prioritarios en la acción de los servicios públicos de empleo. Se establecen metas concretas para jóvenes, mujeres, personas con baja cualificación, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad.

Estos objetivos se han definido con indicadores medibles utilizando los registros de los servicios públicos de empleo. Se implementa, además, una nueva estructura de indicadores, alineada con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, para facilitar el seguimiento y la evaluación de los programas desplegados.

La administración central y las comunidades autónomas dispondrán durante el año de herramientas de seguimiento en tiempo real de los avances hacia estos objetivos, con el fin de adaptar y ajustar sus políticas en función de los resultados obtenidos.

A partir de 2025, la información relativa al seguimiento del Pafed se publicará con carácter trimestral mediante el denominado cuadro de mando. Este sistema permitirá monitorizar varios aspectos clave, como el indicador de mejora de la empleabilidad, la consolidación de las redes de orientación y prospección, el avance de los programas de formación y el seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Desde el Ministerio de Trabajo destacan que el indicador de mejora de la empleabilidad “busca medir la proporción de personas que tienen registrada una combinación de servicios frente al total de personas atendidas en el mismo período de tiempo”. Para la orientación profesional, se fija un objetivo de mejora de la empleabilidad de al menos un 10%, relacionado tanto con la prestación como con el seguimiento de los servicios descritos.

Según fuentes del ministerio, “es necesario medir no sólo los resultados obtenidos por los servicios públicos de empleo, sino también los esfuerzos realizados para conseguir dichos resultados”. Para ello, se plantea un conjunto de tres indicadores principales evaluados de manera conjunta: ratio de demandantes por personal orientador y prospector; escala de personal orientador y prospector establecida; y porcentaje de personas orientadoras o prospectoras con contrato indefinido o posición consolidada.

El seguimiento de la formación se aplicará tanto a personas empleadas como desempleadas, y la supervisión presupuestaria adoptará un indicador mensual acumulado para determinar el grado de ejecución de los recursos económicos asignados. El sistema prevé crear una denominada “reserva de eficacia”, que permitirá incentivar el uso de los servicios con mayor impacto. Las cantidades asignadas a cada servicio público de empleo podrán ser ajustadas en función de los resultados logrados, lo que se decidirá en la correspondiente Conferencia Sectorial.

Con este nuevo marco se busca homogeneizar la medición de las políticas activas de empleo en todo el país, reforzar la transparencia de los procesos y dirigir los recursos hacia las acciones más útiles para mejorar la empleabilidad de los distintos colectivos en riesgo de exclusión del mercado laboral.