Una trabajadora migrante en una residencia denuncia que “pegan” a los ancianos y es despedida por ello: ahora se enfrenta a la deportación en Reino Unido

Una trabajadora migrante en una residencia de ancianos en Reino Unido, que ha solicitado permanecer en el anonimato bajo el nombre ficticio de “Meera” en una entrevista con Sky News, asegura que fue testigo de un acto de violencia cometido por un compañero de trabajo. La mujer, que llegó desde la India en 2023 con un visado de trabajo patrocinado por la propia residencia, ha relatado que el hombre golpeó repetidamente en la espalda a una persona mayor residente en el centro.

Tras informar del suceso, fue despedida por sus superiores. Pero la desdicha no acabó ahí, sino que ahora su caso ha derivado en una investigación policial. “En lugar de abordar el asunto, me despidieron... Les conté todo y me hicieron sentir como si fuera una delincuente. No soy una delincuente, estoy salvando vidas”, declaró la mujer a la cadena británica.

Ahora, la situación de la extrabajadora de dicha residencia, de la que no se ha publicado el nombre, dado que la investigación policial sigue abierta, pende de un hilo, ya que su residencia en el país dependía de su contrato de trabajo. Algo que le ocurre a miles de empleados del sector sociosanitario llegados desde el extranjero. Desde su despido, sin patrocinador y sin opciones claras de regularizar su situación, “estoy en problemas ahora mismo y nadie está tratando de ayudarme”, lamenta.

Tras observar el presunto maltrato, Meera informó inmediatamente a sus superiores. Sin embargo, lejos de iniciar una investigación interna, fue presionada para alterar su testimonio. Los superiores le pidieron que “cambiara su declaración, de lo contrario la despediremos”. Ella se negó, por lo que, un mes más tarde, cumplieron su promesa y fue despedida. La empresa alegó que su rendimiento no cumplía con los estándares requeridos.

La trabajadora recurrió entonces a la policía, lo que desencadenó una investigación criminal. Varios empleados del centro fueron detenidos y siguen bajo investigación. Mientras tanto, el regulador del sector, la Comisión de Calidad de Atención (CQC), llevó a cabo una inspección que no alteró la calificación del centro, que se mantiene como “buena”. “Solo quiero decir que en hogares de cuidado como estos... sus padres no están seguros”, advirtió Meera, visiblemente frustrada por la falta de garantías institucionales.

Además, la mujer sostiene que muchas de estas residencias prefieren contratar a personal extranjero, precisamente porque muchos trabajadores migrantes temen denunciar irregularidades. “Si contratas personal local, ellos conocen sus derechos”, explicó antes de añadir que estos “pueden quejarse, pueden trabajar en cualquier lugar... pueden alzar la voz”, a diferencia suya.

Según datos del propio Gobierno británico, cerca de un tercio de la fuerza laboral adulta que presta servicios de asistencia social en el país es inmigrante, y una gran mayoría lo hace con visados patrocinados. En abril, el Gobierno anunció la clausura del canal migratorio específico para cuidados, lo que limitará aún más la llegada de trabajadores extranjeros al sector.

No obstante, los problemas estructurales persisten. “Todo el sistema se basa en un desequilibrio de poder y el anuncio del gobierno no cambia eso”, ha advertido la doctora Dora-Olivia Vicol, directora ejecutiva del Centro de Derechos Laborales, una organización que asiste a migrantes en Reino Unido. “Creo que el poder que tienen los empleadores sobre las visas de los trabajadores migrantes realmente hace una contribución terrible a la calidad de la atención”, añadió en declaraciones a Sky News.

Otros testimonios recogidos por el medio apuntan en la misma dirección. Imran, un cuidador originario de Bangladés patrocinado por una empresa distinta a la de Meera, también denuncia haber sido víctima de condiciones abusivas. “Para cuatro clientes, se requiere un mínimo de dos o tres empleados”, no obstante todo ese trabajo “lo hacía solo”. Pero “cuando intento hablar, simplemente me amenazan directamente con mi visa”.

Además, ha afirmado que “conocía a dos o tres de mis colegas que se enfrentan al mismo problema que yo. Pero aún tienen miedo de hablar por el tema de la visa”. Por su parte, el Gobierno británico, a través de un portavoz, calificó de “impactantes” los casos de Meera e Imran. Durante esta declaración afirmaron que “nadie debería ir a trabajar con miedo a su empleador, y todos los empleados tienen derecho a denunciar si presencian malas prácticas y atención”.

Del mismo modo, desde la Comisión de Calidad de Atención, James Bullion aseguró que el organismo actúa “en función de la información que se les transmite” para garantizar que las personas se mantengan seguras en los entornos de atención. Sin embargo, el caso de Meera plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema para proteger tanto a los residentes como a los trabajadores migrantes.