El juez Pedraz procesa por terrorismo a los ocho detenidos por el intento de asesinato de Vidal-Quadras: el magistrado apunta a un móvil político vinculado al régimen iraní

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado auto de procesamiento contra los ocho presuntos miembros del grupo que organizó y ejecutó el atentado contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, ocurrido el pasado 9 de noviembre de 2023. El magistrado les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista, y los considera responsables de una operación planificada con motivación política y ramificaciones internacionales.

Según el auto, al que ha tenido acceso Infobae España, los procesados formaban parte de una célula criminal estructurada y jerarquizada, con vínculos con el régimen iraní y con el claro objetivo de silenciar la voz de Vidal-Quadras por su apoyo a la oposición al Gobierno de Teherán. La investigación, coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Comisaría General de Información, apunta a que la elección de la víctima no fue casual: el expolítico del PP y fundador de Vox mantenía una intensa actividad pública en defensa de los derechos humanos en Irán y tenía relación con el Consejo Nacional de la Resistencia Iraní.

Los hechos se produjeron poco después del mediodía del 9 de noviembre de 2023, cuando Vidal-Quadras volvía a su domicilio en el barrio de Salamanca de Madrid. Un individuo se le acercó y le disparó a quemarropa en la cara, alcanzándole en la mandíbula. A pesar de la gravedad de la herida, el político logró sobrevivir. El autor del disparo huyó del lugar en una moto conducida por otro de los procesados.

En su resolución, el juez Pedraz desgrana con detalle el papel que habrían desempeñado cada uno de los ocho implicados en la trama. El supuesto autor material del disparo, de nacionalidad francesa y origen tunecino, fue detenido en Málaga semanas después. Otro miembro del grupo habría sido el encargado de transportar el arma del crimen desde el extranjero, mientras que otros dos se habrían ocupado de facilitar los vehículos y esconder los medios empleados en el atentado.

Además, el auto menciona a tres individuos residentes en Cataluña que habrían participado en las labores de apoyo logístico y de seguimiento previo a la víctima. El octavo implicado, considerado uno de los enlaces internacionales del grupo, actuaba presuntamente como contacto con actores externos al territorio español.

Pedraz sostiene que todos los investigados actuaron con conocimiento del objetivo final y contribuyeron, de forma directa o indirecta, a que se produjera el intento de asesinato. El grupo utilizó métodos propios de organizaciones terroristas: compartimentación de tareas, medidas de contra-vigilancia, uso de documentación falsa y destrucción de pruebas. Se sirvieron, además, de alquileres temporales y teléfonos encriptados para dificultar la labor de los investigadores.

El magistrado cita expresamente que el atentado no puede considerarse un hecho aislado ni fruto de una motivación personal o económica. Por el contrario, responde a una finalidad claramente política y a la voluntad de causar un efecto intimidatorio tanto sobre la víctima como sobre otros opositores al régimen iraní en Europa. En palabras del juez, “la elección de la víctima y la planificación milimétrica del ataque encajan en el patrón típico del terrorismo internacional de Estado”.

Los procesados se enfrentan ahora a penas que podrían superar los 30 años de prisión, según el tipo penal que finalmente se les aplique. El auto de procesamiento da por finalizada la fase de instrucción y abre la vía al enjuiciamiento oral ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pendiente aún de que se fije fecha para el juicio.

En paralelo, la investigación continúa abierta en sus vertientes internacionales, especialmente en lo relativo a los posibles vínculos con los servicios de inteligencia iraníes. La Policía y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) colaboran con servicios de otros países europeos para determinar si el atentado contra Vidal-Quadras forma parte de una campaña más amplia de persecución a opositores en el exilio.