Condenados a 36 y 33 años de prisión la pareja de Gran Canaria por abusar sexualmente de sus hijas de 4 y 5 años y grabarlas para realizar vídeos pornográficos

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado las penas de 36 y 32 años de cárcel al hombre y la mujer, respectivamente, ambos pareja, residentes de Gran Canaria, por delitos de abusos sexuales y utilización de sus dos hijas, de 4 y 5 años, para la elaboración de pornografía infantil. El caso se hizo público a mediados de junio, también con la confesión del padre, pese a la multitud de las grabaciones. La Fiscalía solicitó penas que sumaban un total de 42 años de prisión para ambos acusados.

La sentencia, emitida este lunes, 30 de junio, acredita que ambos, actuando como padre y madre de las víctimas, realizaron los actos durante octubre de 2019 y junio de 2022, registrando los abusos en video. Él es padre biológico de una de las víctimas, mientras que ella es la madre de la otra niña.

Durante la investigación, agentes de policía incautaron material audiovisual hallado en dispositivos tecnológicos pertenecientes a los acusados: dos teléfonos móviles, tres discos duros y una memoria USB. En estos aparatos no solo se encontraban imágenes de las niñas, sino también más de 200 archivos pornográficos.

Según los hechos probados, “el acusado, en su domicilio, en la isla de Gran Canaria, desde octubre del 2019 hasta principios de junio de 2022, movido por su atracción sexual hacia niñas menores, estuvo manteniendo reiteradamente relaciones sexuales con su hija menor”. Al menos en una ocasión, la madre acusada “masturbaba a este junto a una de sus hijas con la mano y con la boca haciéndole una felación”. Además, el tribunal ha constatado que ambos “elaboraban archivos informáticos de imagen y de video (audiovisuales) grabando tales actos sexuales de las referidas menores”, que fueron incautados por la Policía Nacional. El fallo detalla que las pruebas incluyen grabaciones en las que la acusada “enseñaba a su hija de 4 años de edad, como chupar y masturbar el pene de su padre, utilizando en algunos casos sirope, caramelo líquido o nata”.

La sentencia subraya que “los actos ejecutados por los acusados constituyen un objetivo y evidente ataque contra la libertad sexual de las menores con ausencia de consentimiento ‘ope legis’ de las víctimas por contar con 4 y 5 años en el momento de los hechos”.

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal fija una indemnización de 100.000 euros para cada una de las niñas, de la que el padre responderá en mayor proporción respecto de su hija, además de 5.000 euros para la madre de esta por los daños ocasionados.

Ambos deberán además cumplir medidas accesorias como la privación de la patria potestad, la inhabilitación absoluta, restricciones para ejercer profesiones con menores, y la prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas por diez años, a contar desde el fin de la condena, así como la medida de libertad vigilada durante una década después de cumplir la pena de prisión.

La resolución judicial remarca que las penas impuestas alcanzan los 36 años para él y los 33 años para ella, pero “procede fijar dicho límite al ser la pena más grave la de 11 años de prisión, siendo la totalidad de las penas para cada uno de los condenados de veinte años de cumplimiento efectivo”. El proceso se exponía inicialmente a 42 años de prisión, pero tras confesar en el juicio, finalmente el tribunal ha rebajado la condena hasta los 36, por dos penas de once años por violación y otras dos de siete años por pornografía infantil