Un guardia civil se enfrenta a “un año de prisión militar” en Alcalá-Meco por no ejercer de chófer de un oficial

Un agente de la Guardia Civil será juzgado este martes, en Madrid, por supuestamente negarse a ejercer como conductor de un teniente, en 2019. El caso, que comenzó como una falta leve en el Régimen Disciplinario del Cuerpo, ha sido finalmente calificado como un delito militar de desobediencia, por el que el fiscal solicita un año de prisión militar en la cárcel de Alcalá-Meco.

El guardia civil afectado, identificado como JCR y actualmente destinado en Almería, se encontraba por entonces de servicio nocturno en el cuartel de Cartagena cuando recibió la indicación de dejar sus tareas de recogida de denuncias para ejercer de conductor de un oficial y acompañarlo a “vigilar” a otros compañeros. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el efectivo no se negó expresamente, sino que manifestó que estaba ocupado con trabajo de instrucción de diligencias. Finalmente, otro agente fue asignado a la tarea de conducción.

Según AUGC, lo que comenzó como una discrepancia interna por una orden imprecisa ha derivado en un proceso penal militar que podría acabar con el ingreso en prisión de un funcionario con más de tres décadas de servicio y sin sanciones previas. “La desproporción es evidente”, denuncian desde la asociación.

En este sentido, desde AUGC subrayan que se trata de una “práctica abusiva” en la que situaciones administrativas o laborales se convierten en delitos penales mediante la aplicación del Código Penal Militar. En el caso concreto de JCR, indican que ni siquiera hubo un enfrentamiento verbal, y que el conflicto se ha desarrollado durante cinco años de instrucción sumarial.

AUGC apunta a que el origen del conflicto se remonta a la reforma del Código Penal Militar, aprobada en 2016, que reinstauró su aplicación a la Guardia Civil en todas sus funciones, tras haber sido limitado en 2007 a escenarios como el estado de sitio, los conflictos armados o las misiones en el extranjero. Desde entonces, la asociación viene reclamando que se limite nuevamente su uso a contextos estrictamente castrenses.

En palabras de la organización, el 99% de las funciones de la Guardia Civil son de carácter policial, por lo que debería aplicarse el régimen disciplinario ordinario y el Código Penal común, salvo en las misiones militares definidas en el Real Decreto 1438/2010. En este contexto, AUGC ha emprendido una campaña institucional para modificar la Ley Orgánica del Código Penal Militar.

Sumar ha presentado una proposición de ley en el Congreso con ese fin. La propuesta busca que las infracciones se juzguen por las vías disciplinarias internas, los delitos comunes por el Código Penal ordinario y las conductas militares exclusivamente por el Código Penal Militar. Para su aprobación se requiere una mayoría absoluta parlamentaria, al tratarse de una ley orgánica.

“Se trata de una oportunidad histórica para revertir una situación injusta que pone en riesgo los derechos fundamentales de los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones policiales”, sostienen desde AUGC. La entidad asegura contar con el respaldo de “prácticamente todos los partidos políticos” y mantiene reuniones con diputados de distintos territorios para recabar apoyos.

La asociación ha expresado su respaldo al agente juzgado y a su familia, denunciando que un desencuentro laboral interno podría tener consecuencias penales graves, “que no se aplican ni siquiera a delincuentes por hechos mucho más lesivos”. Según AUGC, el caso de JCR ilustra una problemática más amplia que afecta al conjunto del cuerpo, y que se agrava por la inseguridad jurídica y la falta de proporcionalidad en las sanciones.