Una mujer con cáncer condenada al no pagar el impuesto de circulación durante la quimioterapia: el polémico proceso judicial que ignora las cartas de mitigación

Una mujer con cáncer de mama ha sido condenada penalmente por no pagar el impuesto de circulación de su vehículo mientras se sometía a un tratamiento médico intensivo que, según su testimonio, le salvó la vida. La condena, como ha informado The Standard, se produjo bajo el controvertido Procedimiento de Justicia Única (SJP, por sus siglas en inglés), un mecanismo judicial acelerado en Reino Unido que está siendo objeto de revisión por parte del Gobierno británico.

La mujer, residente de Newmarket y de 53 años, fue juzgada por no renovar el impuesto de circulación de su coche, un Vauxhall, cuyo tributo venció poco después de que le diagnosticaran “en etapa 3 en junio de 2024”, escribió en una carta remitida al tribunal. “Después de esto me realizaron una cirugía para extirparme el pecho y los ganglios linfáticos, seguida de seis meses de quimioterapia y radioterapia. Durante mi tratamiento contra el cáncer, olvidé pagar el impuesto de circulación de mi coche y lo lamento mucho”.

La mujer explicó además que había realizado dos pagos voluntarios de 80 libras, uno en febrero y otro en mayo, y se declaró culpable del cargo de poseer un vehículo sin licencia. No obstante, debido al sistema automatizado del SJP, su carta nunca fue leída por los fiscales de la DVLA (la agencia de vehículos del Reino Unido), lo que eliminó la posibilidad de suspender el proceso penal. Finalmente, el tribunal de magistrados de Northumberland optó por eximirla de la multa habitual, imponiéndole una absolución con una orden de pago de 47,50 libras en concepto de compensación. Sin embargo, esta resolución conlleva igualmente una condena penal registrada contra su nombre.

A pesar de que, según como avisa la propia agencia, “la DVLA emite a los acusados varias cartas antes del SJP, lo que les da la oportunidad de contarnos su situación personal”, Una investigación del diario británico reveló que los fiscales rara vez leen las cartas de mitigación, incluso cuando estas contienen detalles personales significativos que podrían justificar no continuar con el caso.

De esta manera, como “no todos los acusados harán esto”, afirman, “el procesamiento a través de SJP solo se utiliza como último recurso”. No obstante, la agencia está satisfecha de que “nuestros procesos brinden al público suficientes oportunidades para informarnos sobre cualquier mitigación antes de que comience el proceso del SJP”. Por lo que, “creemos firmemente que esta información debe compartirse con nosotros para que la revisemos”.

Desafortunadamente, el caso de la mujer con cancer de mama no ha sido el único en lo que The Standard denomina como “el escándalo de SJP”. Y es que, entre los 180.000 procesamientos al año que hace la DVLA bajo este sistema ha obligado a numerosas personas vulnerables a declarar ante la justicia. Concretamente, en otro caso reciente, un jubilado octogenario fue condenado por no pagar el impuesto de un vehículo que compró, pero que debió devolver rápidamente porque no podía usarlo con su andador.

“Tengo 81 años y no tengo familiares”, escribió. “Mi único ingreso es mi pensión estatal. Me dieron un andador para ayudarme con mi movilidad. Se me presentó la oportunidad de comprar un auto pequeño, pero no podía entrar ni salir con mi andador”, aseguraba el señor en una carta. Por este motivo, decidió dejar el vehículo y “no lo tuve el tiempo suficiente para pagar impuestos y asegurarlo”. De esta manera, recibe ayuda de su vecina que “hace la compra y yo le pago un taxi si tiene que ir al centro por mí”.

De igual manera, se ha cuestionado si este procedimiento respeta los derechos fundamentales. El diputado Luke Myer preguntó en la Cámara de los Comunes si el SJP podría estar violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos al no proteger adecuadamente contra la discriminación. Su intervención vino motivada por el caso de una de sus electoras, diagnosticada con esquizofrenia, que fue condenada por no pagar la licencia de televisión durante un periodo de dificultades mentales derivadas de la enfermedad de su madre.

Mientras tanto, la BBC —que recurre semanalmente al SJP para procesar impagos de licencias— se ha manifestado en contra de una reforma que obligue a los fiscales a leer las cartas de mitigación. La cadena cree que deben ser los magistrados quienes identifiquen los casos que podrían no ser de interés público.

La ministra de Tribunales, Sarah Sackman, ha iniciado una consulta pública sobre posibles cambios en el sistema, aunque todavía no se ha fijado una fecha para implementar reformas. La presión de juristas, magistrados y colectivos vulnerables sigue creciendo para que estos procedimientos sean revisados y se introduzca una mayor sensibilidad hacia las circunstancias personales de los acusados.