Cuando pedir cita para el asilo se convierte en misión imposible: “Trabajo como interna porque se me acabaron los ahorros”

Tras años de dificultades en su día a día, Natalia decidió recientemente dejar Venezuela, su país natal, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades en España. Al igual que ella, la situación del país caribeño, marcada por una profunda crisis económica y social, ha empujado a más de 7,7 millones de personas a dejar sus hogares desde el año 2015 y hasta mediados de 2024, de acuerdo a los últimos datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Con una inflación que podría cerrar 2025 en el 220%, según las estimaciones de organismo independientes, esta mujer de 44 años que prefiere no desvelar su verdadero nombre asegura que su salario “apenas le daba para comer” y tampoco le alcanzaba para poder mantener a sus dos hijos, a pesar de que era profesora en un colegio.

La situación se agravó tras la enfermedad de su hermana, quien necesitaba atención médica, por lo que tuvo que recurrir al apoyo de amigos y conocidos. Pese a los esfuerzos, la mujer falleció poco tiempo después y Natalia, que es madre de dos hijos, se hizo cargo por un tiempo de su sobrina. “Por suerte mi hija tiene 21 años y trabaja y podía aportar a la casa, pero somos una familia de bajos recursos y estábamos en una situación muy complicada”, cuenta a Infobae España al otro lado del teléfono cuando este 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas.

Como no encontraba otra solución y una amiga le animó a que se marchara a España, logró comprar un billete de avión con mucho esfuerzo, haciendo tortas y vendiendo pan, y finalmente aterrizó en Madrid a finales del pasado mes de mayo, aunque no pudo traer a sus hijos. “Me hacen mucha falta”, dice con la voz entrecortada.

Ante la falta de alternativas y animada por una amiga que le sugirió marcharse a España, consiguió reunir el dinero, tras mucho esfuerzo “a base de vender tortas y pan”, para comprar el billete de avión y finalmente aterrizó en Madrid a finales del pasado mes de mayo, aunque no pudo traer a sus hijos. Unos amigos de la familia que residen en la capital la acogieron en su casa y la dieron apoyo durante los primeros días, pero los ahorros que había traído desde Venezuela empezaron a agotarse y “no quería ser una molestia”. Desesperada, recurrió a Facebook para buscar empleo y finalmente consiguió un trabajo como interna, encargándose del cuidado de una mujer mayor y las tareas domésticas, pero no en Madrid, sino en un pueblo de Granada.

A lo largo de este último mes, al igual que otras muchas personas que quieren solicitar protección internacional, Natalia ha perdido la cuenta de las llamadas que ha realizado para tratar de obtener una cita en el sistema, pues los teléfonos habilitados continúan colapsados. En muchos casos, tal y como explican desde la ONG Mundo en Movimiento, la única forma de acceder a una cita con la Administración pasar por un pago a personas intermediarias.

 “Cuando llaman, nadie responde al teléfono y en Internet tampoco hay citas disponibles, porque hay mafias que las solicitan aprovechándose de la desesperación de estas personas por legalizar sus documentos y luego las venden, o bien en locutorios o mediante abogados o gestores”, denuncia María Peñalosa, integrante de esta ONG.

La activista recuerda que el asilo es un derecho humano y, como tal, las personas migrantes deberían tener acceso directo, pero el Estado, asegura, “lo bloquea al no habilitar canales para poder acceder a ese derecho”. “Antes se podía ir de forma presencial a la oficina de Asilo y Refugio, pero ya hace tiempo que no. La única manera que ahora tiene una persona de pedir asilo es que una organización le acoja y, a través de ellos, le deriven y le puedan dar cita”, aclara, si bien también en este último caso hay dificultades.

Al encontrarse en situación administrativa irregular, estos obstáculos limitan a los migrantes su acceso a derechos y servicios básicos y les expone a posibles sanciones, expulsiones o detenciones. “Estas trabas les obligan a vivir en clandestinidad, se exponen a la explotación y el abuso”, añade la organización, como es el caso de Natalia, que se ha visto obligada a recurrir a vías informales para salir adelante. “El asilo no es un privilegio al que solo puedan acceder algunas personas o un premio, sino un derecho humano que nuestro Estado debe garantizar”.

De hecho, esta ONG recuerda que hace unas semanas se conoció que la Administración Trump había valorado la idea de poner en marcha un reality show en el que personas migrantes competirían por la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, tras la polémica generada, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, desmintió que se fuera a producir ese programa. No obstante, la polémica inspiró a Mundo en Movimiento para desarrollar “una ficción sonora en tono humorístico” en la que se adentran en un reality show donde tres coaches eligen a tres concursantes dispuestos a competir por obtener una cita para solicitar asilo en España. El podcast de siete capítulos se titula La cita de tu vida.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también han denunciado la falta de citas disponibles en el sistema oficial para iniciar el procedimiento de protección internacional y ha alertado sobre la saturación de las oficinas de Extranjería y Asilo, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga.

Caber recordar que España participa en la elaboración de una nueva Ley de Asilo para adaptar su marco normativo al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio de 2024 y establece un enfoque centrado en la contención, el control y la externalización de fronteras, por lo que el acuerdo ha recibido numerosas críticas por parte de organizaciones humanitarias. Por ello, CEAR ha pedido al Gobierno que “tome el camino adecuado y descarte cualquier vía alternativa que suponga vulnerar derechos y abrazar las políticas inhumanas que se promulgan en otros países”.

“El Gobierno español está ante una oportunidad histórica de abanderar una Unión Europea centrada en las personas, pues ahora más que nunca son necesarias políticas que sirvan de dique de contención ante las oleadas antimigratorias y la amenaza que supone el Pacto Europeo de Migración y Asilo, si no se implementa de forma garantista con los derechos, en un mundo en el que cada vez más personas tienen que huir de sus países”, ha defendido la organización. Esta sería la tercera Ley de Asilo en España, pues las dos anteriores se aprobaron en 1984 y 2009.

A nivel global, la intensificación de conflictos, la inestabilidad política y las violaciones de derechos humanos han provocado cifras récord de desplazamiento forzado en todo el mundo, de forma que en 2024 más de 122 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Entre los principales focos de crisis de desplazamiento forzado figuran Siria, Venezuela, Afganistán, Ucrania, Sudán, la región del Sahel y Palestina, enclave este último donde la ofensiva israelí ha dejado más de 50.000 muertos, 1,9 millones de personas desplazadas y una respuesta internacional aún insuficiente.

Según el último informe de CEAR, el año pasado España fue el segundo país de la Unión Europea en recibir peticiones de asilo, con 167.366 solicitudes, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al año anterior. Sin embargo, se sitúa nuevamente a la cola en cuanto a la tasa de reconocimiento, con solo un 18,5% de las resueltas favorablemente, casi 30 puntos menos que la media europea (46,6%).