Los frentes judiciales que asedian al PSOE: de la interminable investigación a la mujer de Sánchez a la presunta corrupción de Cerdán y Ábalos

El informe de la UCO que se hizo público la semana pasada sobre Santos Cerdán ha creado un terremoto político sin precedentes en el PSOE. El que durante años fue secretario de organización del partido que ahora está en el Gobierno se ha visto salpicado por la trama de corrupción que presuntamente lideraron José Luis Ábalos y Koldo García al haber sido el presunto conseguidor de 620.000 euros en pagos ilícitos.

Esto ha llevado a una precipitada expulsión del PSOE y a que abandone su acta de diputado en el Congreso, a una rueda de prensa del propio Pedro Sánchez y el anuncio de medidas para evitar la corrupción en el partido. Sin embargo, para muchos no es suficiente y cada vez el cerco se cierra más sobre el PSOE por los diferentes frentes judiciales que afectan a personas cercanas al presidente o del propio partido.

El llamado ‘caso Koldo’ lleva ya meses en fase de investigación y, aunque empezó para ver si se realizaron compras ilícitas de mascarillas, ha acabado derivando en la imputación del exministro Ábalos por tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación en el Tribunal Supremo.

Un duro golpe para el PSOE, ya que este fue uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez durante años y secretario de organización del partido. Un puesto que más tarde asumió Santos Cerdán, haciendo que las dos últimas personas que han ocupado ese puesto se vean envueltos en una trama de corrupción.

Sobre este último, el informe de la UCO, al que tuvo acceso Infobae España, habría intervenido para conseguir mordidas a los dos imputados, Ábalos y Koldo. “Las contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono”, destacaban los agentes.

“En este sentido, y de manera general, se observa a través de los diferentes audios cómo Koldo realiza junto a Ábalos una recapitulación de las cantidades económicas que se les debe a ambos, uniendo estas cuantías a adjudicaciones concretas que han podido ser identificadas. Posteriormente, Koldo se dirige a Santos con quien discute, nuevamente, sobre los adeudos concretos, pareciendo ser el propio Santos la persona encargada de gestionar esos presuntos pagos”, relatan los agentes en el escrito.

Unas graves acusaciones, que por el momento solo se mantienen en las conversaciones que grabó Koldo y que habrá que esperar a conocer las siguientes pesquisas de los agentes para entender la magnitud de estos presuntos hechos. Por el momento, Cerdán no se encuentra imputado, pero si ha sido llamado a declarar el próximo 25 de julio.

Otro de los nombres que aparecen en este caso es el del empresario Víctor de Aldama. Conocido en los tribunales por sus vinculaciones con el fraude de los hidrocarburos y su relación con figuras como Rubiales como expresidente del Zamora Club de Fútbol.

Dentro del caso Koldo, la UCO apunta a él como el “nexo corruptor” que conectaba de manera premeditada y con intenciones claramente espurias la administración estatal con las estructuras societarias bajo su control y dirección.

Un polémico personaje, que el 21 de noviembre de 2024 consiguió salir de la cárcel, donde estaba de forma preventiva por el caso de los hidrocarburos, tras haber declarado voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en la segunda pieza del ‘caso Koldo’.

Durante su declaración, admitió haber pagado comisiones en efectivo a figuras del PSOE, incluyendo al exministro José Luis Ábalos y al secretario de Organización del partido, Santos Cerdán. Estas revelaciones fueron consideradas como una colaboración con la justicia, lo que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar su liberación, aunque por el momento no ha presentado ninguna prueba fiable que fundamenten sus afirmaciones.

Aldama no deja escapar ninguna oportunidad de aparecer delante de las cámaras y uno de sus últimos episodios fue su aparición en la rueda de prensa de Leire Díez, la presunta ‘fontanera’ del PSOE que supone otro de los frentes abiertos para el partido.

Díez es periodista y entre 2018 y 2021 fue jefa de Comunicación de Enusa, una empresa pública española que se encarga del diseño, fabricación y abastecimiento de combustible nuclear. Después, entre 2022 y febrero de 2024 formó parte de otra empresa pública, Correos donde ocupó el cargo de directora Filatelia y Relaciones Institucionales. Anteriormente, entre 2011 y 20214 ocupó cargos políticos, en concreto fue teniente de alcalde del PSOE en el municipio cántabro de Vega de Gas, aunque siempre ha vivido en Portugalete (Vizcaya).

Díez se dio a conocer públicamente con la filtración de varios audios por El Confidencial en los que pide información comprometida sobre diferentes personas como Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, o Alejandro Hamlyn, empresario investigado en el caso de los hidrocarburos y ofreciendo posibles acuerdos con la Fiscalía a cambio de esa información.

Meses antes, en septiembre de 2024, este mismo medio sacó una noticia en la que se apuntaba a que el PSOE estaba preparando una campaña de desinformación para conseguir tapar el ‘caso Begoña’, en la que el cerebro sería Santos Cerdán y con la ayuda de Díez.

En ese momento ambos salieron a desmentir estos hechos, Cerdán asegurando que no la conocía y Díez que no tenía ningún vínculo con el PSOE. Sobre los audios filtrados, la autora si ha admitido su veracidad, pero lo enmarca dentro de una investigación periodística para un libro que está preparando.

Sobre Leire Díez, la última novedad se ha dado conocer este mismo miércoles, ya que el juzgado número 2 de Badajoz ha abierto diligencias previas tras la denuncia de la organización ultra Hazte Oír en la que le acusaban de un delito de revelación de secretos, un delito de estafa procesal, un delito de cohecho y un delito de tráfico de influencias en relación con el caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Y es que el caso de David Sánchez es el único que afecta a un miembro cercano del presidente en el que, por el momento, se ha llevado a cabo el procesamiento tras el final de la fase de investigación.

Este caso gira en torno a su contratación en la Diputación de Badajoz, que presuntamente se habría realizado de forma ilegal, al crearse un puesto exclusivo para él, sin el proceso previo de elección. Tras el procesamiento pidieron tres años de cárcel contra el hermano del presidente por prevaricación y tráfico de influencias y la Fiscalía pidió su absolución.

En esta misma causa está también procesado el secretario general del PSOE en Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que tras tener conocimiento de la causa en su contra llevó a cabo su incorporación como diputado, lo que le dio la condición de aforado.

Esta acción fue descrita por la jueza como un “fraude ley”. “Lo relevante en el presente procedimiento no es el momento en el cual se ha adquirido la condición de aforado, sino la forma en que ha tenido lugar y la finalidad buscada con la misma”, explicaba en el auto, al que tuvo acceso Infobae España.

El último de los casos que afecta a una persona cercana a Pedro Sánchez es la investigación abierta contra su mujer, Begoña Gómez.

Más de un año de pesquisas por parte del juez Juan Carlos Peinado que comenzaron tras la denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias basada en recortes de artículos periodísticos, uno de ellos confirmado como un bulo.

En este escrito se acusaba a Gómez por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por presuntamente haber mantenido reuniones con varias empresas privadas, entre las que destacan Globalia y Air Europa, que más tarde acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del actual Gobierno.

Tres veces tuvo la Audiencia Provincial de Madrid que exigir al juez Peinado que no investigara a Air Europa y hasta el pasado mes no decidió dejarlo fuera de su caso, excusándose en que había confundido esta empresa con otra de uno de los otros imputados.

En todos estos meses en los que Peinado no renunció a seguir adelante ya se ha investigado el máster que la propia Gómez tenía en la UCM y la contratación de su exasesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, pero por el momento no se han encontrado indicios suficientes para proceder a su imputación.