La reducción de la jornada laboral se complica: Junts pide su devolución al Gobierno e insta a Díaz a abrir “un proceso real de negociación”

La reducción de la jornada laboral se complica en el Congreso. Junts, socio indispensable para el Ejecutivo, ha cumplido su amenaza al presentar este miércoles una enmienda a la totalidad, pidiendo su devolución al Gobierno. El partido de Carles Puigdemont insta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a “abrir un proceso de diálogo social real y riguroso que permita evaluar todas las implicaciones de una reforma de esta envergadura y, si procede, presentar una nueva propuesta basada en la flexibilidad y con un enfoque equilibrado y gradual que dé respuesta a las distintas realidades”.

La formación independentista rechazó la medida desde que el Gobierno la remitió a las Cortes, pero este nuevo paso complica aún más su viabilidad. Además, este golpe llega en el peor momento de la legislatura para el Ejecutivo, golpeado por el caso de corrupción que afecta al PSOE. El caso Koldo, la supuesta trama de mordidas a cambios de contratos de obra pública, implica a los dos últimos secretarios de Organización del partido de Pedro Sánchez, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Para Junts, la ley propone una “reforma estructural” del régimen laboral del país al obligar por ley a bajar la jornada a las 37,5 horas semanales sin reducción de salario. La medida fue acordada con los principales sindicatos, pero no con la patronal, que se levantó de la mesa de diálogo social.

Los de Carles Puigdemont subrayan que “trabajar menos tiempo y ganar derechos ya hace tiempo que pasa, es lo que ya ha hecho y hace la negociación colectiva en los diferentes sectores”. “La experiencia confirma que la mejor fórmula para ganar derechos es mediante el acuerdo y el consenso, solo el acuerdo y el consenso entre los trabajadores y la empresa garantiza el progreso de todas las partes y en consecuencia, del conjunto de la sociedad", justifica en su enmienda.

También, Junts carga contra la gestión económica del Gobierno, ya que, “a pesar de los macrodatos, que pueden servir para justificar que la economía crece, el mercado laboral continúa teniendo carencias que lo condicionan”. En este sentido, recuerda que España tiene la tasa de paro juvenil y de larga durada más elevada de Europa, que “colisiona claramente con una realidad económica en la que se crean puestos de empleo”.

Asimismo, recalca la existencia de “déficits importantes en las políticas de ocupación, dificultades de las empresas para cubrir los puestos de trabajo que crean, un absentismo laboral creciente, incapacidades temporales en máximos históricos sin análisis ni solución, falta de profesionales y personal calificado en muchos ámbitos, falta de flexibilidad interna en las empresas para adaptar la fuerza del trabajo necesario, incapacidad para retener el talento que se va, falta de estrategia para generar valor añadido, estancamiento de la productividad y caída de la competitividad”.

El partido independentista cree que fiar la solución a la reducción por ley de la jornada laboral puede “conllevar el efecto contrario al deseado, más cuando los efectos de la medida impactarán solo en una parte y no se ajusta a los equilibrios consensuados entre los protagonistas”.

Asimismo, alerta sobre el impacto de la imposición por ley de la reducción de la jornada laboral, que “será desigual tanto sectorialmente como territorialmente y donde mayores dificultades generará será en la micro, la pequeña y la media empresa”. “La viabilidad de las pymes se puede ver gravemente perjudicada por esta imposición rígida de la reducción de la jornada y en lugar de fomentar la creación de ocupación puede acabar traduciéndose en la destrucción de puestos de trabajo especialmente en sectores como el de servicios o el agroalimentario, por citar algunos”, señala en el texto al que ha tenido acceso este medio.

Ante la reforma del control horario que contiene la medida, Junts considera que puede abrir la puerta a “la intromisión en el día a día de trabajadores y empresas, que ven endurecidas las sanciones sin diferencia entre grandes y pequeñas”. “Tampoco se considera en la regulación de la desconexión digital la realidad de la actividad económica y de la negociación colectiva, que hace tiempo trabaja en el desarrollo de los protocolos acordados adaptados a la realidad diferente de cada sector de actividad", añade.

Por último, antes de pedir la devolución del texto al Gobierno, el partido posconvergente exige tener en cuenta el contexto actual, ya que, desde el anuncio de la reducción de la jornada hasta hoy, la situación global ha cambiado “considerablemente”, condicionando la economía mundial y “haciendo necesario un análisis más exhaustivo de los escenarios de futuro”.