Después de cinco años de denuncias, querellas y archivos judiciales, las familias de los fallecidos en las residencias madrileñas durante la pandemia de covid-19 han conseguido que se abran las primeras piezas judiciales para investigar la gestión por parte de la Comunidad de Madrid con los llamados ‘protocolos de la vergüenza’, que establecían quien podía o no ser trasladado a un hospital y que frenaron la derivación de dependientes, salvo la de aquellos que tenían seguro privado o vivían en su casa.
Por el momento se están llevando a cabo dos investigaciones diferentes, una en los juzgados de Madrid y otra en Leganés. Ambas están todavía en sus primeros pasos procesales, pero entre imputados y testigos, ya se están viendo caras conocidas que fueron clave, de una manera u otra, en lo ocurrido en 2020.
Javier Martínez Peromingo y Carlos Mur
La primera pieza ha sido reabierta por el juzgado de instrucción número 3 de Madrid, tras haber sido archivada con anterioridad. Ha sido a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, que el pasado octubre recibió una denuncia colectiva de más de cien familias.
La denuncia recoge un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal, y se dirige a dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso y al exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid.
El primero de ellos es Javier Martínez Peromingo. En marzo de 2020 era el geriatra de referencia para 47 residencias del área del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y el coordinador del equipo de 22 ″geriatras de enlace“ creado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Las denuncias presentadas por las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia le consideran el “ideólogo” de los ‘protocolos de la vergüenza’, ya que fue el coordinador del “Protocolo técnico”. Sin embargo, ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid defendió que el padre de los protocolos fue Carlos Mur de Víu.
Aquí entra el segundo de los ex altos cargos investigado, que en el momento de los hechos tenía el cargo de director general de Coordinación Sociosanitaria y firmó todas las versiones de estos protocolos. Según su relato, tomó “como base” documentos elaborados por Martínez Peromingo.
En esta causa está también imputado el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid. Este fue el encargado de elaborar un “plan de choque” para la medicalización de las residencias, que incluía la iniciativa conocida como “Operación Bicho”, liderada por su hija, Encarnación Burgueño. Esta operación fue abortada tras 12 días sin resultados efectivos.
La pieza de Leganés
Una segunda pieza fue abierta la semana pasada, pero esta vez no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes. Lo que sí comparte con la primera investigación es el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
En estos juzgados están también imputados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo y se les añade el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Los cuatro están llamados a declarar el próximo 17 de junio.
Aunque por el momento solo está como testigo, es posible que Burgueño acabe como imputado en esta causa también, ya que su declaración ha sido paralizada por petición de la Fiscalía, lo que puede suponer que se estén planteando cambiarle la condición a investigado.
Alberto Reyero
El otro nombre principal en estas causas es Alberto Reyero Zubiri, político que militó en el partido Ciudadanos y desempeñó el cargo de consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid entre agosto de 2019 y octubre de 2020.
En ambas investigaciones está llamado como testigo, ya que fue una de las personas que desde un primer momento criticó la creación de estos protocolos. En octubre de 2020, Alberto Reyero dimitió como consejero y denunció que no había tenido competencias reales para gestionar la crisis en las residencias.
En la causa de Leganés ha declarado este martes y ha asegurado que vio una “discriminación clara” en los llamados ‘protocolos de la vergüenza’ desde el principio.
En su declaración, que ha respondido a preguntas de la acusación y la Fiscalía, ha explicado que no “sabe quién es el autor ideológico” de estos protocolos. “Yo no elaboré esos protocolos, solo puedo saber quién los firmó”, ha añadido.
Según su relato, tuvo conocimiento de estos documentos el 21 de marzo de 2019 y avisó a los cargos de la Comunidad de Madrid, que “si se aplicaban, moriría mucha gente de forma indigna”. A todo esto ha agregado que a él no le corresponde “decidir si esto era delito, eso es trabajo de la jueza”.
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