
El tribunal correccional de Montauban (Francia) examina esta semana un caso de narcotráfico familiar que, según la Fiscalía, operaba desde Castelsarrasin y mantenía conexiones estables con Marruecos y los Países Bajos. En el centro de la red estaría Christian Jaouad, de 56 años, considerado el organizador de una estructura con logística compartida entre sus hijos, exparejas y personas de su entorno más cercano.
Durante la vista oral, iniciada el lunes 2 de junio, el Ministerio Público ha solicitado penas que oscilan entre los seis meses con suspensión y los doce años de prisión firme, según el grado de implicación de cada uno de los doce acusados. La fiscal sustituta, Manon Noël, ha insistido en que se trata de una red “estructurada y metódica”, con un reparto claro de tareas.
Organización y funciones dentro del clan
El juicio ha sacado a la luz el funcionamiento interno de la presunta red. La presidenta del tribunal, Audrey Trafi, abrió los debates repasando un expediente de más de 4.000 documentos, en los que se detallan roles, movimientos, escuchas telefónicas y seguimientos. Según la acusación, todos los procesados desempeñaban una función específica.
Entre los acusados figuran varias mujeres vinculadas sentimental o familiarmente con los principales implicados. Aunque con menor protagonismo, habrían facilitado vehículos, realizado transferencias o mantenido conversaciones comprometedoras. Para ellas, la Fiscalía ha solicitado penas menores, casi todas con suspensión.
Adeline B., de 29 años y pareja de Mohamed El Mouhib, se enfrenta a una petición de seis meses con suspensión. Aurélie F., excompañera de Toufek Jaouad, podría ser condenada a ocho meses. Nezha D. e Inès S., esposa de Farid Jaouad, a un año con suspensión, además de la incautación de un BMW X2. La exmujer de Christian Jaouad, Muriel L., afronta una solicitud de tres años con suspensión, la retirada de su coche y la incautación de 20.000 euros en efectivo.

Para los considerados como miembros activos del tráfico, las penas solicitadas son más severas. Mohamed El M., supuesto responsable del almacenamiento de droga y dinero, podría ser condenado a tres años, con dieciocho meses bajo vigilancia electrónica. Sofiane B. afronta tres años, uno de ellos firme. Stéphane Gutierrez, acusado de realizar varias entregas, se enfrenta a cuatro años de prisión, tres de ellos con suspensión. Farid Jaouad, exgerente de un restaurante y uno de los hijos del presunto líder, podría recibir cinco años de cárcel. Para Toufek Jaouad, la petición es de seis años firmes, junto con la confiscación de 23.000 euros y dos vehículos.
Para los dos principales acusados, Christian Jaouad y Driss Dadi, conocido como “el Holandés”, la Fiscalía ha solicitado las penas más elevadas: doce años de prisión firme y la incautación de vehículos y dinero en efectivo.
Inicio del caso y pruebas clave
La investigación comenzó en junio de 2022 con un control de tráfico en Varennes. A raíz de esta intervención, los gendarmes localizaron un domicilio en el Born (Alta Garona) donde se hallaron 80 kilos de resina de cannabis y más de 100 plantas. A partir de ese momento, se desplegó una investigación con escuchas, localización GPS y seguimiento de vehículos.
Las pruebas incluyen grabaciones en las que los acusados hablan de entregas y pagos. Mohamed El M. ha reconocido el transporte de dinero y estupefacientes, en cantidades que oscilaban entre 50.000 y 70.000 euros. Según su testimonio, recogía la droga de Toufek Jaouad, quien se encontraba bajo control judicial. Toufek, por su parte, asegura que solo prestó un coche y que no sabía que se usaba para transportar droga.
Farid Jaouad negó cualquier implicación. “No soy un vendedor”, declaró ante el tribunal. Su pareja, Inès S., respaldó su versión. Las escuchas apuntan a Christian Jaouad como el responsable de organizar viajes al extranjero junto a Driss Dadi, utilizando coches con dobles fondos para el transporte de droga.
Alegatos finales y veredicto pendiente
La defensa de los acusados ha cuestionado la solidez del expediente. El abogado de Driss Dadi, Edouard Martial, denunció la falta de pruebas directas contra su cliente y criticó el testimonio de Stéphane Gutierrez: “¿Qué proveedor entrega medio kilo de heroína sin cobrar?”, preguntó al tribunal.
El abogado de Muriel L., Pierre Lebonjour, denunció lo que calificó como “persecución judicial”, asegurando que su clienta fue incluida únicamente por haber sido esposa de Christian Jaouad, sin haber sido escuchada durante la instrucción.
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