Cómo funcionaba la operativa delictiva de “Nueva Rumasa” por la que han condenado a seis hijos de Ruíz Mateos a más de siete años de cárcel

La semana pasada se cerraba el juicio de “Nueva Rumasa” en la Audiencia Nacional con la condena a siete años y cuatro meses de cárcel a seis (de los 13) hijos del empresario gaditano José María Ruiz-Mateos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por la operativa delictiva puesta en marcha para captar fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre los años 2009 y 2011.

En concreto, las penas cayeron sobre Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero y la sentencia, ponencia de la magistrada Teresa García Quesada, también condenó a seis años y tres meses de prisión a José Ramón Romero, director de la oficina del Grupo Rumasa en la localidad gaditana de Jerez de La Frontera, conocida como “banquito de Jerez”.

La Sala impuso además la pena de seis años y cinco meses de cárcel a un sobrino de Ruiz Mateos, Zoilo Pazos, quien figuraba como partícipe y administrador de numerosas sociedades del Grupo. Igualmente condenó a Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada a penas de entre tres y cinco meses de prisión por delito de alzamiento de bienes. Otras cuatro personas que se sentaron en el banquillo de la Audiencia Nacional han sido absueltas.

Un fallo que ha necesitado 672 páginas para explicar todo el entramado fundado por Ruíz Mateos y que ha acabado con seis de sus hijos en la cárcel.

Para comprender bien esta condena, lo primero es entender que era el “Grupo Nueva Rumasa”. Este estaba constituido por un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil y fiscal, a pesar de hacerlo constar así en su publicidad, pues esas sociedades carecían de una matriz común.

Sin embargo, el patrimonio y la tesorería de esas sociedades se venían poniendo durante años indistintamente al servicio de todo el grupo, que funcionaba de hecho como una sola empresa tanto a efectos financieros como de responsabilidad patrimonial.

Aunque el grupo pertenecía en última instancia a la familia Ruiz-Mateos, la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación (fundamentalmente Belice, Panamá y Holanda), lo que unido al empleo de testaferros y de despachos fiduciarios “permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad”, explica el fallo.

Este grupo societario estaba dirigido y gestionado por los seis hijos ahora condenados junto con su padre, quienes asimismo contaban con un pequeño grupo de fieles colaboradores.

Los problemas comenzaron a principios del año 2009, cuando la situación económica y financiera de “Nueva Rumasa” cayó en picado, acumulando deudas por importe de 197,5 millones de euros que vencían ese año y por otros 194,6 millones de euros que vencían en el año 2010. Además, carecían de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas, por lo que necesitaban un mínimo de 52 millones de euros solo para atender los pagos más inmediatos

“Ante esas circunstancias adversas que agravaban la situación de insolvencia de las empresas o las abocaban a esa situación de modo inminente, y ante la imposibilidad de seguir recurriendo a la financiación bancaria, los responsables del “Grupo Nueva Rumasa”, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores, consumidores y demás intervinientes en los sectores en los que desarrollaban su actividad ordinaria, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público con los que poder, no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros”, relata la sentencia.

Para conseguir esos fondos el padre y sus hijos comenzaron la contraofensiva. Decidieron apelar al ahorro del público mediante agresivas campañas en los medios de comunicación de ámbito nacional, fundamentalmente en la prensa escrita, en las que ofrecían invertir en sus sociedades productivas más conocidas a cambio de remunerar con elevados intereses esas inversiones, cuidando que en esas campañas se mostrara siempre una imagen de solvencia y bonanza empresarial del “Grupo Nueva Rumasa”.

La forma en la que funcionaban era obteniendo préstamos de los inversores cuya devolución se garantizaría mediante la entrega de unos “pagarés de empresa” o “pagarés corporativos”, emitidos y avalados por sociedades del “Grupo Nueva Rumasa”, aprovechando la confianza general que los consumidores venían depositando en los productos comercializados por sus empresas con mayor presencia en el mercado nacional bajo marcas conocidas que se incluían estratégicamente en la publicidad, ocultando siempre su situación real de insolvencia.

La resolución señala que no se conoce con exactitud número total de inversores que adquirieron pagarés u otros efectos del “Grupo Nueva Rumasa”, pues existían algunas inversiones opacas, pero, según sus propios responsables, en el período examinado se captaron fondos de, al menos, 4.110 personas.

Según esa información, el importe total de los fondos captados fue de 337.377.450,60 €, mientras que el auxilio judicial ha podido identificar la entrada en las cuentas de “Grupo Nueva Rumasa” de, al menos, 243.476.514 € procedentes de los adquirentes de pagarés entre los meses de febrero de 2009 y febrero de 2011.

Los fondos captados por los acusados se destinaban casi en su totalidad a una caja común desde la que luego se redistribuían al resto de sociedades del “Grupo Nueva Rumasa” en función de sus necesidades particulares, ya que constituían la única entrada neta de recursos del Grupo entre los años 2009 y 2011.

Sin embargo, parte de esa cantidad fue destinada para la adquisición de bienes de la familia Ruiz-Mateos, entre ellos vehículos e inmuebles, bajo la titularidad de sociedades españolas que a su vez eran propiedad de otras sociedades beliceñas Los magistrados indican que, si bien se desconoce el importe exacto de los fondos así dispuestos al menos, 1.050.190 euros fueron destinados a estos gastos.

La situación era cada vez más insostenible y a partir del mes de marzo de 2011, con el fin de paralizar las ejecuciones derivadas de las numerosas obligaciones de pago que iban venciendo diariamente, se empezaron a presentar solicitudes de declaración de concurso voluntario de las principales empresas productivas del “Grupo Nueva Rumasa”, lo que no impidió que en muchos casos, ante la gravedad de la situación, los distintos Jueces de lo Mercantil competentes en todo el territorio nacional acordaran suspender de sus funciones a los administradores.

Ante ello y previendo el cúmulo de responsabilidades penales y patrimoniales que podrían derivarse de las prácticas ilegales descritas, fundamentalmente por la absoluta imposibilidad de devolver las cantidades millonarias captadas de los inversores, y ante la posible inminencia de embargos judiciales y de las acciones que eventualmente pudieran ejercer los miles de perjudicados, la familia puso en práctica diversas estrategias para salvar en lo posible su patrimonio, entre ellas transmitir las empresas del “Grupo Nueva Rumasa” a otras personas e interponer nuevos administradores concertados para la ocasión, con el fin de mantener su control y participar encubiertamente en el producto de su liquidación, así como situar todo el patrimonio adscrito a esas sociedades a resguardo de eventuales acciones judiciales.