
La baja laboral es un derecho. Todos tenemos derecho a ponernos enfermos y no ir a trabajar, si así lo considera un médico. Y en España esto está muy claro. El número de trabajadores que solicitan la baja por incapacidad temporal en este país ha aumentado de manera significativa en los últimos años, situándose entre los países con mayor proporción de empleados en esta situación dentro de la Unión Europea (UE). El tercero, en concreto, solo por detrás de Noruega y Eslovenia, mientras que hace cinco años se situaba en séptima posición. Este fenómeno comenzó a raíz de la pandemia de covid y desde entonces no ha dejado de crecer.
Según el informe anual del Banco de España de 2024, publicado esta semana, en el que se basa en la Encuesta de Población Activa (EPA) y la Labor Force Survey de Eurostat, la proporción de personas ocupadas en situación de incapacidad temporal en España pasó del 2,7 % en 2019 a un 4,4 % en 2024. Este aumento se ha dado de manera generalizada, afectando a distintos grupos de edad, género, sectores y regiones, y es más intenso en comparación con otros países del entorno europeo.

El incremento en las bajas laborales ha sido especialmente notorio en mujeres (de 3,3 % a 5,2 % entre 2019 y 2024) y en trabajadores mayores de 55 años (de 5,0 % a 7,0 %). También destaca el crecimiento en jóvenes de entre 16 y 29 años, donde la incidencia se ha duplicado, pasando del 1,1 % al 2,3 % en el mismo periodo. Por nacionalidad, los españoles presentan un porcentaje más alto de incapacidad temporal (4,7 % en 2024) frente a trabajadores con doble nacionalidad o extranjeros, que mantienen valores inferiores pero también en ascenso (3,2 % en 2024 para extranjeros).
¿Trabajar empeora la salud?
Cabe preguntarse a qué se debe este aumento generalizado en todos los segmentos de la población, que sugiere la existencia de determinantes comunes que afectan a todos los trabajadores. Entre ellos, el deterioro percibido de la salud tras la pandemia y la propia dinámica económica. Históricamente, se ha observado que las bajas por incapacidad temporal tienden a incrementarse durante los periodos de expansión económica, cuando la actividad y la presión laboral son mayores. En España, además, el coste económico de estas prestaciones para las administraciones públicas ha crecido un 78,5 % desde 2019, alcanzando más de 15.000 millones de euros, cerca del 1 % del PIB. Para las empresas, el coste directo también ha aumentado en un 62 %, pasando de 2.840 millones de euros en 2019 a 4.613 millones en 2024.
En este sentido, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró el viernes pasado que trabajar menos “reduce las bajas laborales”, ya que el estrés “empeora la salud”. “Más tardes al sol, poder tomar una caña, o menos agobio por no llegar al colegio a recoger a los niños”, apuntó la ministra de Trabajo en su cuenta de Bluesky. En definitiva, lo que dice la líder de Sumar es que reducir la jornada laboral, su proyecto estrella de esta legislatura, supone construir sociedades “más felices”.
El aumento de las bajas laborales se añade a otros indicadores que señalan un creciente tensionamiento en el mercado laboral español. Las encuestas muestran un incremento significativo en el porcentaje de empresas que declaran dificultades para encontrar mano de obra, especialmente en sectores como hostelería y construcción, donde más del 50% de las empresas manifiestan escasez de trabajadores. Esta falta de disponibilidad, junto al aumento de la incapacidad temporal, constituye un factor que limita la actividad económica en varios sectores.
A pesar de este contexto, la tasa de paro en España se redujo en 2024 al 11,3%, desde el 12,2% en 2023, aunque sigue estando cinco puntos por encima del promedio europeo. La creación de empleo mantiene un ritmo robusto, alcanzando máximos históricos en el número de ocupados, y ha estado particularmente concentrada en la población inmigrante y en sectores de servicios, que han absorbido gran parte del empleo nuevo generado en los últimos años.
Qué ocurre en el resto de países de la UE
El fenómeno de la incapacidad temporal en España, sin embargo, supera la media europea. Comparando con otros países de la UE, España se sitúa entre los primeros en porcentaje de trabajadores que no han trabajado por incapacidad temporal en 2023, superando a países como Portugal, Francia, Bélgica o Alemania. Esta posición destaca la importancia de abordar las causas estructurales que subyacen a este incremento, que puede estar relacionado con la salud laboral, la organización del trabajo y otros factores socioeconómicos.

La incidencia de la incapacidad temporal y su impacto económico plantean retos importantes para las políticas públicas y la gestión empresarial. El Banco de España advierte que el crecimiento de estos costes exige un análisis detallado para diseñar medidas que mejoren la salud y la prevención laboral, y para evitar que el aumento de las bajas afecte negativamente la productividad y la competitividad.
Además, este fenómeno se inserta en un contexto económico español caracterizado por un mercado laboral con cierta rigidez, elevadas tasas de temporalidad y rotación laboral, y un incremento en la percepción de escasez de mano de obra. La mejora en la formación profesional, la salud laboral y la adaptación a las nuevas demandas del mercado serán elementos clave para atajar esta tendencia.
En conclusión, el aumento de la incapacidad temporal en España constituye un indicador relevante de las tensiones actuales en el mercado de trabajo y se ubica entre las mayores incidencias de la UE. Su evolución en los próximos años será un factor determinante para la sostenibilidad económica y social del país.
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