El calvario de una mujer por conseguir protección después de que su maltratador cambiara de género para evitar la cárcel: ordenan una cuarta orden de búsqueda

A lo largo de 12 años de relación Alicia solo recibió golpes y humillaciones por parte de su marido, un hombre que la sometió hasta tenerla “completamente anulada”, según relató en entrevista con Infobae España. Le denunció en varias ocasiones, pero el miedo por lo que pudiera ocurrirles a los dos hijos que tienen en común siempre podía más y terminaba echándose atrás. Hasta que un día, consciente de que “nunca iba a cambiar”, decidió poner fin a la relación en 2017. Lejos de que el maltrato terminara, el hombre continuó amenazándola.

Su agresor, que ya pasó casi dos años en prisión por un delito de violencia de género contra su anterior pareja, fue condenado en 2019 a 15 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas, aunque no fue hasta el 11 de septiembre de 2023, una vez que esa condena fue firme, cuando un juzgado ordenó su ingreso inmediato en la cárcel. Poco antes de esa fecha, sin embargo, se inscribió en el Registro Civil como mujer y pidió el indulto para no entrar en prisión, lo cual le sirvió para seguir vigilando a Alicia (nombre ficticio). Cándido pasó a llamarse “Candy” y, a día de hoy, se encuentra en paradero desconocido.

La última agresión que sufrió Alicia, que requirió la ayuda de sus vecinos, tuvo lugar en julio de 2024 y, a pesar de que existen tres órdenes de busca y captura contra su agresor, quien tampoco se presentó a una citación judicial reciente, la víctima había perdido la orden de protección judicial tras la reasignación de género de su maltratador, de forma que quedó fuera del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Cabe recordar que el caso fue transferido del sistema de Violencia de Género a un juzgado de instrucción, debido a que el agresor figura como mujer en el Registro Civil.

Sin embargo, el pasado viernes la jueza del Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla decidió reactivar las medidas de protección para Alicia, “permitiendo así una respuesta inmediata si el agresor se acerca a la víctima”, explica su abogado, José Antonio Sires.

Después de que la Alicia compareciera el 23 de mayo, “la jueza manifestó de forma clara su intención de proteger a la víctima utilizando todos los recursos legales disponibles”, de forma que ordenó una cuarta orden de búsqueda y captura contra el agresor y activó una orden de protección frente a la víctima, y en este caso también para los menores, indica el letrado a este periódico. “Esta decisión ha supuesto un alivio para la víctima después del calvario que ha sufrido”, añade Sires.

Esta decisión judicial se produce, además, después de que el 21 de mayo la Audiencia Provincial de Castellón desestimara un recurso en el que un presunto maltratador solicitaba no ser investigado por un juzgado de violencia sobre la mujer tras cambiar de sexo en el Registro Civil. El tribunal concluyó que ese cambio “no obedeció a una decisión sincera”, sino que se habría sido realizado “con fines fraudulentos”.

El tribunal estimó que el acusado tenía una relación de más de diez años con la denunciante, con la que comparte una hija, y señaló que los hechos denunciados ocurrieron antes del cambio de sexo. Además, el investigado ya había estado involucrado en otros casos de violencia de género. La Audiencia consideró que el cambio de sexo no alteró la dinámica de su relación con la denunciante y que podría haber sido un intento de eludir responsabilidades penales.

Se trata de una decisión judicial, apunta Sires, que “abre una ventana de esperanza” para Alicia, ya que se podrá acudir al Tribunal Supremo “para que unifique criterios, dado que hay dos audiencias que han dictado sentencias contradictorias”.

Los magistrados de la Audiencia de Castellón, recuerda el letrado, mantienen la misma tesis que ellos han defendido desde un inicio en el caso de Alicia. “Los hechos denunciados se remontan a periodos anteriores o posteriores al cambio de registral de sexo y precisa que el investigado ya estaba implicado previamente en otros procedimientos de violencia de género, como es el caso de Candy, por lo que era conocedor de las circunstancias a las que podía enfrentarse y la forma de evitar sus efectos”, concluye Sires.