Cómo queda el ‘caso Begoña Gómez’ con el último auto de la Audiencia de Madrid: descartado el rescate a Air Europa y dos investigados menos

Hace ya un año que comenzaba el conocido como ‘caso Begoña Gómez’, en el que el instructor del Juzgado nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, está investigando los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que presuntamente habría cometido la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias basada en recortes de artículos periodísticos.

Desde ese momento, el caso ha ido avanzando en diferentes direcciones en las que se ha investigado la presunta implicación de Begoña Gómez en reuniones con empresarios para favorecerles con fondos públicos, además de la contratación de su asesora en Moncloa o la creación del máster que impartía en la Universidad Complutense de Madrid.

Todos estos cambios han sido centro de polémicas, pues parecía en ciertos momentos que ni el propio juez Peinado sabe muy bien lo que está investigando. Esta situación está llevando a las partes involucradas en el caso a presentar una gran cantidad de recursos que deben ser atendidos por la Audiencia Provincial de Madrid.

Este pasado viernes este tribunal emitió un auto en respuesta a algunas de estas peticiones, en el que los jueces muestran su sorpresa a que “en tan poco espacio de tiempo se hayan interpuesto tantos recursos de reforma contra tantas y variadas resoluciones, puesto que este tribunal ya ha resuelto en varias ocasiones sobre el trámite en la instrucción del procedimiento”.

Algunos de estos recursos han sido admitidos y hay otros que no, pero lo que queda claro es que ha cambiado el camino que va a llevar a partir de ahora la investigación del ‘caso Begoña Gómez’.

Varios recursos buscaban la revocación de la condición de investigados de algunos de los protagonistas del caso. Los dos que han conseguido este objetivo han sido el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el exconsejero madrileño Juan José Güemes.

Según la resolución de la Audiencia, en el caso de Güemes “procede dejar sin efecto la atribución de la condición de investigado”, ya que en este caso “se interrumpió su declaración y se le comunicó su próxima citación como investigado, en relación a una supuesta contradicción de lo declarado en relación con lo manifestado en la testifical de la Directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, declaración esta última de la que no se obtiene la conclusión, extraída por el instructor, respecto a que Begoña Gómez Fernández, hubiera sido contratada por el Instituto de Empresa para África Center, por ser la esposa del Presidente del Gobierno”.

“El declarante manifestó conocer a Begoña Gómez desde 2017, así como la experiencia y conocimientos que tenía, considerándola capaz para desempeñar el cargo que se le encomendaba, mediante el contrato laboral suscrito el 1 de agosto de 2018. Estos hechos quedan fuera de la investigación del delito de tráfico de influencias al que se refiere esta instrucción, referidos a la creación de la Dirección del África Center en el Instituto de Empresa”, explican los jueces.

Con Goyache ocurre algo parecido, ya que se encontraba investigado en relación con la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva para la mujer del presidente. Sin embargo, procede su desimputación “ante la ausencia de datos objetivos incriminatorios en los que asentar su condición de investigado en los delitos de tráfico de influencias, en el momento de su declaración”.

Una suerte diferente han tenido los recursos presentados por las defensas de Juan Carlos Barrabés, empresario vinculado a la cátedra que dirigía Begoña Gómez, y Cristina Álvarez, la asistente personal de Begoña Gómez en Moncloa.

Para Barrabés, “su interés procesal tiene origen en las adjudicaciones públicas de las que ha sido beneficiaria la empresa Innova Next S.L., y que estas se hubieran concedido en un corto periodo de tiempo, entre los años 2021 y 2022, once contratos públicos con distintas Administraciones, ganando a propuestas más ventajosas y por un valor de unos 21.000.000 euros, contando en algún caso con el aval personal de Begoña Gómez como directora de la catedra”. Continúan explicando que es una “relación entre ambos investigados que constituye la clave del desarrollo de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, utilizada como plataforma desde la cual se urdieron el resto de actividades sobre las que se proyecta la sospecha delictiva. Esto explica el rápido desarrollo de la citada Cátedra, con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”.

“También procede mantener la condición de investigada a Cristina Álvarez Rodríguez, ya que de otras diligencias practicadas en esta instrucción se deduce su colaboración activa en los fines perseguidos por la principal investigada y que será desarrollado de forma expresa, en el rollo RPL 387/25, que tiene por objeto los recursos interpuestos en relación a su cambio de condición a investigada”, declaran en el escrito.

De esta manera, el caso sigue adelante con las imputaciones de la propia Begoña Gómez, Barrabés, Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Uno de los puntos principales de la investigación ha sido siempre el rescate de más de 400 millones de euros a la empresa Air Europa por los efectos de la pandemia, que, según las acusaciones, se habría llevado a cabo porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa.

Ya desde un primer momento, la Audiencia Provincial mostró su rechazo a esta rama de la investigación, vetando las diligencias sobre este rescate, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que “conjeturas”.

Un segundo aviso llegó en octubre, cuando la misma Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa. Al no haber obtenido una respuesta por parte del juez Peinado, en el escrito emitido por la Audiencia este viernes han reiterado su rechazo a esta parte del caso.

“Por estar ya perfilados los hechos objeto de investigación, no podemos admitir la investigación de otros distintos, tal y como hemos mencionado al hacer referencia al Departamento África Center, y ahora en relación a Globalia y la solicitud de documentación a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI, en relación a las ayudas otorgadas a la empresa Air Europa Holding SL”, relatan los magistrados en este auto.

Añaden que “en ese sentido, los recursos se estiman parcialmente contra dicha decisión, quedando esos hechos excluidos del presente procedimiento, a tenor de lo ya resuelto por la Sala, sin perjuicio que, de entender el instructor la existencia de indicios racionales de criminalidad de algún hecho nuevo que haga presumir la comisión de un delito distinto, ajeno al objeto del procedimiento que se está instruyendo”.