La jueza descarta citar como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la DANA

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la investigación penal por la tragedia provocada por la dana del pasado octubre en la provincia de Valencia, ha rechazado este lunes la solicitud de que declare como testigo Maribel Vilaplana. La periodista compartió almuerzo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro de València durante el mismo día en que se produjeron las graves inundaciones que dejaron 228 muertos.

En su auto, la magistrada argumenta que la comparecencia de Vilaplana no es “factible” al considerar que su testimonio estaría dirigido a esclarecer la localización y actuación de Mazón durante las horas críticas de la catástrofe. Sin embargo, la jueza recuerda que el ‘president’ es aforado y que, en consecuencia, solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), y únicamente si ella presenta una exposición razonada que lo justifique.

Además, la instructora indica que ya ofreció a Mazón la posibilidad de comparecer de forma voluntaria como investigado, opción que el jefe del Consell rechazó. La resolución judicial subraya que, por tanto, cualquier diligencia que afecte directamente a su figura debe sortear el blindaje institucional que otorga su cargo.

En el marco de la misma investigación, Ruiz Tobarra incorpora como elemento relevante la declaración de la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, principal imputada en el caso. Pradas afirmó haber mantenido comunicación con Mazón y su equipo durante “varias ocasiones” el día de la tragedia. Según un acta notarial aportada por la exmandataria, existieron al menos 19 contactos a lo largo de la jornada.

Pese a ello, Pradas sostuvo que el presidente autonómico “no le condicionó” en la decisión de activar la alerta masiva a través del sistema Es Alert, que no se remitió hasta las 20.11 horas, cuando ya se acumulaban víctimas mortales, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes de localidades como Catarroja o Paiporta.

La jueza ha situado precisamente este retraso en el envío de la alerta en el centro de sus pesquisas. Según su valoración, de haberse emitido antes, se podrían haber evitado algunas de las muertes registradas. El análisis de esa demora y del contenido del mensaje difundido a los teléfonos móviles se ha convertido en uno de los pilares de la causa.

En otro auto notificado en paralelo, la magistrada también ha rechazado una petición de la acusación particular que pretendía ampliar la investigación hacia la presa de Forata. Según informes técnicos de la Generalitat, esta infraestructura logró contener el desbordamiento del río Magro y evitó una tragedia aún mayor, con una estimación de hasta 20.000 vidas potencialmente salvadas.

No obstante, Ruiz Tobarra descarta abrir esa línea de investigación al considerar que no está relacionada de manera directa con los hechos que provocaron las muertes incluidas en la causa. En concreto, se refiere al fallecimiento de una persona en Cheste, zona por la que discurre el barranco del Poyo, foco principal de las inundaciones investigadas.

Durante su declaración ante el juzgado, un técnico del sistema Es Alert admitió que, en la reunión del Cecopi –el órgano autonómico de coordinación de emergencias–, se descartó remitir una alerta preventiva sobre Forata a las poblaciones situadas a lo largo del curso del río Magro. La única alerta que se activó fue la que se envió a las 20.11 horas a los teléfonos móviles de la provincia, cuyo contenido ha sido cuestionado por la propia instructora al no incluir indicaciones específicas como subir a plantas superiores.