Los frentes judiciales de Alvise Pérez: indemnizaciones a políticos, bulos en redes y la financiación de su partido

Luis ‘Alvise’ Pérez se ha convertido en los últimos años en uno de los personajes que acapara titulares en todo tipo de medios. Desde su irrupción como eurodiputado junto a su partido político Se Acabó la Fiesta es un nombre que todo el mundo conoce. Sin embargo, ese pequeño momento de alegría ha traído una serie de eventos no muy favorables para el divulgador, que en más de una ocasión le han acercado a los tribunales.

La financiación de su partido y sus interminables bulos se han convertido en la horma de su zapato desde su puesto en el Parlamento Europeo, pero su relación con la justicia española viene de largo.

Tras su dimisión como asesor de Ciudadanos, después de haber sido apartado de su cargo como jefe de gabinete de Toni Cantó, Alvise comenzó su carrera en redes sociales y empezó la divulgación de los bulos.

Fue en 2019, en plena pandemia de Covid-19, cuando el ahora eurodiputado difundió una falsa noticia afirmando que la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, había recibido un respirador en su domicilio mientras cientos de personas esperaban en los hospitales.

Era mentira y el Juzgado de Primera Instancia número 59 de Madrid le condenó a pagar 5.000 euros en concepto de indemnización a la exalcaldesa.

Alvise no es ajeno a las indemnizaciones por bulos a políticos y este año ha tenido que pagar no una, sino dos veces, al exministro de Transporte, José Luis Ábalos por haber vulnerado su honor con publicaciones en redes.

La primera sentencia llegó en marzo y a raíz de una publicación en Twitter donde se podían ver dos fotografías de Ábalos en la terraza de su casa con el siguiente texto: “¿Qué opinarías de la salud mental de un Ministro que se pasa toda la tarde mirando fijamente un par de pájaros enjaulados….?“.

El exministro presentó una denuncia y el Juzgado de Primera Instancia número 103 de Madrid determinó que compartir esas fotografías supuso “una intromisión ilegítima en sus derechos a la intimidad personal y familiar” y le condenó a pagar una indemnización de 60.000 euros.

El segundo fallo ha llegado esta misma semana y otro juzgado de Madrid le ha condenado ahora a pagar 20.000 euros por una intromisión ilegítima en su “derecho al honor y a la propia imagen” por referirse a Ábalos como parte de la “MAFIA que está llevando España a la ruina”.

Sin embargo, sus casos de bulos no han terminado y todavía tiene algunos que están pendientes de cerrarse. El 11 de abril de 2021, en plena campaña de las elecciones catalanas, Alvise publicó en su cuenta de Twitter @Alvisepf un mensaje dirigido al exministro de Sanidad, Salvador Illa, que decía: “Hola Salvador Illa. Entre la LOPD o demostrar que un Ministro y candidato autonómico de mi país miente… la segunda”. El texto iba acompañado de una imagen que simulaba un informe clínico con fecha de 6 de febrero, supuestamente emitido por el Hospital Quirónsalud de Barcelona, en el que se indicaba que Illa había dado positivo en una prueba PCR por Covid-19.

El Tribunal Supremo entonces decidió investigar el caso al ver “indicios fundados” de que “el objetivo de la difusión de ese informe falsificado habría sido perjudicar la imagen pública de Illa y de su partido en un momento clave del proceso electoral”. Este caso está pendiente de que la Eurocámara de su autorización para que se lleve a cabo la investigación, ya que al ser eurodiputado está aforado.

Este mismo tribunal le ha abierto otra causa por los mensajes que difundió a través de su cuenta de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales.

La Sala acordó abrir la investigación al considerar que la actuación del denunciado puede responder a las previsiones normativas del tipo penal de acoso, conocido como stalking, “pues su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho de que el denunciado insistiera en esa reacción después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia, recogiendo en su segundo llamamiento incluso que era consciente de que ’ahora las perseguidas son ellas’".

En su cruzada personal, Alvise no se achanta frente a nadie y en estos últimos años también le ha llevado a enfrentarse con sus exsocios de Vox. En marzo de este año el Supremo archivaba la querella presentada por este partido político y su líder, Santiago Abascal, por delito de calumnias e injurias.

En una publicación de Twitter el eurodiputado había dejado caer que el partido de ultraderecha habría cobrado dinero de manera irregular del empresario Álvaro Romillo, mensaje que repitió en diferentes tertulias de programas televisivos. El tribunal acabó decidiendo el archivo porque la jurisprudencia exige que la acusación sea concreta y determinada, es decir, que se señale de manera precisa el delito atribuido, y en este caso no se cumplía.

 A parte, esta misma semana el eurodiputado se tuvo que enfrentar a un cara a cara, paso previo a la presentación de una querella, por unas declaraciones en las que aseguró que el portavoz de la ultraderecha en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith había criticado “públicamente la línea oficial de Vox en el conflicto de Ucrania-Rusia” en una entrevista, lo que el partido tacha “afirmaciones falsas”.

El último caso al que se enfrenta sea quizás el más grave, en el que se está investigando parte de la financiación que recibió para su partido ‘Se Acabó la Fiesta’. Tras una petición de la Fiscalía, el Supremo decidió abrir una causa por la presunta aceptación de 100.000 euros de un empresario de criptomonedas.

Estas diligencias también se abrieron contra el empresario Álvaro Romillo, al aparecer unidas y conexas sus posibles responsabilidades en esta investigación. Según la exposición razonada, Romillo habría entregado 100.000 euros al partido de Alvise en mayo de 2024. Este empresario, investigado también en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest, fue quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación.