Quién es Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel, que ha tenido sexo y chantajeado a un funcionario de prisiones para conseguir un móvil en la cárcel

Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por asesinar en 2018 al niño Gabriel Cruz Ramírez, vuelve al foco mediático tras revelarse que, durante su estancia en la prisión de Brieva (Ávila), habría mantenido relaciones sexuales con funcionarios del centro penitenciario a cambio de favores, entre ellos, el acceso a un teléfono móvil. Con ese dispositivo, la interna no solo contactaba con el exterior, sino que, según la investigación judicial en curso, también habría grabado imágenes comprometedoras para chantajear a personal de la cárcel y obtener beneficios indebidos.

La información, adelantada por el diario El País y confirmada por fuentes penitenciarias y judiciales, ha provocado una nueva oleada de indignación entre la opinión pública y, especialmente, entre los familiares de la víctima. Patricia Ramírez, madre de “el pescaito”, ha denunciado públicamente en varias ocasiones la existencia de “irregularidades” en el régimen carcelario de Quezada. Ya en 2023 alertó en una rueda de prensa en Almería que la reclusa usaba un móvil en prisión, y solicitó la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para esclarecer cómo lo había obtenido.

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Las investigaciones no comenzaron hasta hace casi un año, cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila inició una investigación por un posible delito de cohecho relacionado con los hechos. Las diligencias incluyen las declaraciones de varios trabajadores del centro, como la directora y un educador, así como testimonios de reclusas, entre ellas, la actual pareja de Quezada, que apuntan a la existencia de relaciones sexuales consentidas entre la interna y al menos dos empleados de la prisión, tal y como ha podido comprobar Libertad Digital.

Aunque el asesinato de Gabriel conmocionó al país, la historia personal de Ana Julia Quezada ya estaba marcada por episodios oscuros. Nacida en República Dominicana, llegó a España en 1991, con apenas 18 años, dejando atrás a una hija recién nacida. Su primer destino fue un club de carretera en Burgos, del que salió tras iniciar una relación con un camionero que la llevó a vivir con él. Se casaron en 1992 y tuvieron una hija en común, Judit.

En 1995, con la familia ya asentada, Quezada aceptó traer a su hija mayor, Ridelca, desde República Dominicana. Cuatro meses después, la niña murió al caer desde una ventana del séptimo piso donde vivían. La versión oficial apuntó a un accidente, pero las circunstancias del suceso generaron dudas. La Guardia Civil, años más tarde, llegó a considerar que la muerte pudo no haber sido fortuita. Sin embargo, el caso nunca fue reabierto.

Con el tiempo, Quezada mantuvo relaciones con varios hombres mayores, algunos de ellos enfermos o en situación vulnerable. Uno de sus maridos contrató un seguro de vida del que ella era beneficiaria. Otros fallecieron por enfermedades graves, y en más de una ocasión los familiares denunciaron que ella aprovechó sus últimos días para obtener ventajas económicas. Una de estas parejas le firmó un crédito que usó para aumentarse el pecho; otra le dejó 17.000 euros con los que pagó otra operación estética, según relataron testigos y allegados.

En 2016, tras una de esas separaciones, se trasladó a Almería con una nueva pareja, deshaciéndose de su hija Judit, ya mayor de edad. Allí conoció a Ángel Cruz, padre de Gabriel, mientras ambos trabajaban en un pub. Comenzaron una relación en Nochevieja de ese año. En septiembre de 2017 ya convivían, y el niño pasaba los fines de semana y vacaciones con ellos. El 27 de febrero de 2018, Gabriel desapareció.

Quezada, fingiendo preocupación, participó en la búsqueda y en actos públicos, hasta que fue detenida el 11 de marzo con el cadáver del menor en su vehículo. La autopsia reveló que lo había asfixiado. Durante el juicio, se constató que trató de manipular a la familia y a la opinión pública para encubrir el crimen. La sentencia la condenó a prisión permanente revisable, pena que cumple en la cárcel de Brieva, donde se están produciendo los hechos que ahora investiga la justicia.

Tras pasar varios años en la prisión de Brieva, en la actualidad Ana Julia mantiene una investigación en curso por haber salido a la luz las maquinaciones para obtener un teléfono móvil y dinero durante su estancia en la cárcel. Además, Quezada habría grabado relaciones íntimas que mantenía en los vis a vis con los funcionarios para chantajear a la dirección de la prisión y forzar un traslado a otro centro en Barcelona.

Además, cuatro reclusas declararon ante la Guardia Civil que un funcionario avisaba a la interna antes de los registros, lo que le permitía esconder el teléfono y evitar su incautación. Tras conocerse los hechos, el pasado 4 de septiembre de 2024, el empleado del centro penitenciario fue detenido y acusado de abuso de función pública y de ser la persona que facilitó el dispositivo móvil a la reclusa. Asimismo, el pasado 6 de marzo la jueza del caso amplió las investigaciones a otro trabajador de Brieva, concretamente un cocinero del penal que habría mantenido igualmente relaciones sexuales con Ana Julia.

En paralelo, la reclusa ha protagonizado otro escándalo al conocerse que habría tratado de negociar su participación en un documental sobre el crimen de Gabriel. “Me contó que se estaba preparando un documental de Netflix por el que le pagarían unos 300.000 euros”, aseguró la pareja de Ana Julia a la Guardia Civil. Además, la de República Dominicana habría pedido un adelante de unos “20 o 30.000 euros, porque no se fiaba”. No obstante, la madre del menor, Patricia Ramírez, interpuso una denuncia pública y otra a la Guardia Civil en diciembre de 2024, lo que hizo que se paralizase por completo el proyecto.

Desde entonces, Ana Julia “habría manifestado en la cárcel que me quiere matar, se quiere vengar de mí”, expresó la madre de Gabriel. “No paro de recibir llamadas y amenazas”, ha explicado. Patricia, quien ha expresado estar devastada porque “no vivo y no me dejan vivir”, afirmó: "Las amenazas las profiere quién se llevó por delante a mi hijo, me aterra que me pueda mandar a alguien, que me puedan estar llamando y que puedan llegar hasta mí, vía ella o vía terceros, pongo la denuncia porque tengo miedo".