Interior se gastará 154.000 euros para comprobar si los presos preparan bien el pan que cocinan en las cárceles

El Ministerio del Interior tiene entre sus objetivos intentar la inserción laboral de todos las personas que cumplen prisión en España. Para ello cuenta con un organismo llamado Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), que se encarga de proporcionar a los penados “conocimientos y hábitos laborales” para que, una vez alcanzada la libertad, “puedan competir en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos” en la búsqueda de un trabajo.

Actualmente, hay 57 talleres de panadería distribuidos en centros penitenciarios, donde los propios reclusos aprenden un oficio y preparan el pan que se consume en las cárceles. Los últimos datos del TPFE revelan que unos 4.590 internos elaboran pan de consumo diario (ya sea fresco o precocido), a lo que se está añadiendo progresivamente una línea productiva de bollería tradicional, así como otra de churrería, que permita variar la composición de los desayunos. Todo este proceso debe seguir un control.

Por eso, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que gestiona el TPFE, está licitando un contrato para que una empresa privada asesore técnicamente “los talleres de alimentación, panadería y economato de todos los centros penitenciarios”. Se trata de realizar un “seguimiento del control de calidad de las materias primas, la gestión de los alérgenos alimentarios, las características nutricionales de los platos y realizar encuestas de satisfacción del servicio de alimentación”, según señalan los pliegos. No solo hay 57 talleres de panadería. La red de prisiones españolas cuenta con 65 cocinas centrales y 75 economatos (donde los reclusos pueden comprar comida). También hay servicios de alimentación (catering) en 33 Centros de Inserción Laboral, dos hospitales y tres unidades de madres.

En todos estos puntos se preparan “más de 50 millones de racionados al año”, señala Interior. “Este dato, por sí solo, es suficiente el contrato. El Gobierno está dispuesto a pagar 154.500 euros por este asesoramiento, que durará dos años. ”Para realizar todas estas tareas es necesario contar con personal cualificado, ya que TPFE carece de medios propios y personal con la específica formación y capacitación para poder llevarlas a cabo", argumenta Interior. Entre estas tareas también están “realizar informes y auditorías en las instalaciones de las cocinas, economatos y las panaderías, y auditorías higiénico sanitarias”.

“La mayoría de los centros tienen panadería propia, es decir, son los internos quienes fabrican el pan que ellos mismos consumen, no se vende al exterior, pero hay que tener en cuenta que una prisión tiene alrededor de 1.000 presos, con un pan en desayuno, comida y cena implica cerca de 3.000 unidades diarias. Tanto la materia prima como la maquinaria debe reunir ciertos estándares de seguridad alimenticia y evitar intoxicaciones. Un pan en mal estado podría provocar una intoxicación masiva dentro de un centro”, explican fuentes penitenciarias.

Respecto a los economatos, que son como pequeñas tiendas que existen en cada uno de los módulos en los que se divide una prisión, Interior decidió subir los precios en enero de 2023. Reclusos y funcionarios pueden comprar en ellos productos de alimentación, de limpieza, de droguería, tabaco, café, refrescos, bolígrafos y hasta pilas. Los productos más demandados en una cárcel son el café y el tabaco. Un café cuesta ahora 0,32 céntimos, una subida del 33%. El litro de leche se puede comprar por un euro, un 40% más. Una Coca-Cola cuesta 0,63 céntimos, un 18,8% más; y una pila vale 21 céntimos, una subida del 16%.