Un informe presentado a la jueza de Catarroja recoge que solo dos municipios valencianos activaron sus centros de coordinación el día de la DANA

La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) ha presentado ante el juzgado que instruye la causa sobre la DANA un nuevo informe técnico, al que ha tenido acceso Infobae España, en el que recoge el “incumplimiento sistemático” del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana durante las inundaciones del 29 de octubre.

Entre las infracciones que recoge el escrito, destaca la formación de los CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal), por los diferentes municipios valencianos. Estos órganos son los encargados de dirigir y coordinar, a nivel local, la respuesta ante situaciones de preemergencia o emergencia, como en el caso de riesgos por inundaciones.

Según explican desde FETAP, los CECOPAL que se constituyeron en la provincia de Valencia los días 28 y 29 de octubre de 2024 (recordando que se tienen que constituir en situación de preemergencia), fueron solo dos, Algemessí y Valencia.

“De los 23 CECOPAL que se tenían que haber constituido en los lugares donde hubo fallecidos, se constituyeron únicamente 2, y el de Valencia con retraso a las 11:12 del día 29 de octubre, cuando se tenía que haber constituido el día de antes”, añaden.

En Valencia hay un total de 58 municipios con riesgo alto de inundaciones y en el informe recuerdan que “el propio plan establece que la población que sufre de riesgo de inundaciones en la provincia de Valencia es de 517.485 personas, el 20% de la población”. A su vez en la página 18 del informe número 07, se indica que el único municipio que activó su plan territorial municipal de emergencia fue la localidad de Algemesí.

“Recordemos que tienen la obligación de tener un plan territorio municipal de inundaciones los municipios con riego grave o medio. El no constituir los CECOPAL ha implicado que no se pongan todos los medios a disposición de la población”, denuncian y agregan que “de ello se desprende que la mayoría de las víctimas se han producido en unas zonas donde era fácil de estimar que se produjeran, pues tenían un riesgo de inundación alto o medio”.

A parte, critican que el día de la DANA el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) no se constituyó “en ningún momento” en Centro de Coordinación Operativa (CECOP), “con las implicaciones que eso conlleva”. Este cambio debe ocurrir en episodios de riesgo como inundaciones y se asumen funciones estratégicas de dirección y coordinación.

Entre sus funciones están: Declarar situaciones de preemergencia; coordinar el teléfono de emergencias 112; transmitir alertas a los municipios y organismos; mantener la comunicación con los Puestos de Mando Avanzado (PMA) y los municipios; y recoger información sobre evolución de la situación meteorológica e hidrológica.

“Ello supone un incumplimiento de lo establecido en el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones. Esto puede suponer que no se ha transmitido la alerta a los municipios afectados por la declaración de emergencia y a los organismos y servicios involucrados en la operatividad”, explican en el texto, lo que no “afecta solamente a responsables políticos sino también a responsables de la Administración”.

Los Puestos de Mando Avanzado (PMA) son centros operativos móviles que se instalan en el lugar donde se produce una emergencia para coordinar, en tiempo real y sobre el terreno, la actuación de todos los servicios implicados: bomberos, policías, personal sanitario, protección civil o brigadas forestales, entre otros.

Su función principal es asegurar una respuesta ágil y eficaz, facilitando la toma de decisiones operativas en coordinación directa con el Centro de Coordinación de Emergencias autonómico (CCE) y los centros municipales (CECOPAL). Actúan como enlace entre el terreno y los mandos superiores, permitiendo una visión integral y actualizada de la situación.

Según el informe, solo se constituyó un PMA, y con retraso, el día 30 de octubre, cuando el episodio crítico ya había pasado. Esto además, contradijo el protocolo, que exige su constitución durante las fases iniciales de la emergencia, y evidencia una falta de anticipación y respuesta en la gestión operativa.