Contratos precarios, agresiones, amenazas… los trabajadores de los Servicios Sociales se replantean su vocación: “Muchos prefieren callarse por miedo”

“El primer día de trabajo me amenazaron con un cuchillo. Con el tiempo, perdí la cuenta de las agresiones físicas que he recibido. Pero lo peor es que a nadie parece preocuparle nuestra seguridad. Nos mandan a la trinchera sin protección, como si fuera parte del trabajo”. Este es uno de los testimonios recogidos por Infobae España a través de la plataforma Eduso TV, un servicio de los colectivos de Educadores Sociales.

La reciente muerte de la educadora social Belén Cortés en Badajoz ha puesto de manifiesto las precarias condiciones laborales y los riesgos que enfrentan los profesionales del sector social en España. Cortés fue asesinada el pasado domingo en la casa de menores tutelados en la que trabajaba. Fue golpeada y asfixiada con un cinturón por parte de tres adolescentes, una chica de 17 años y dos chicos de 15 y 14. Este trágico suceso ha generado una ola de indignación y ha llevado a los educadores sociales a alzar la voz, denunciando agresiones, amenazas y contratos inestables que afectan su labor diaria.

Esther, con años de experiencia en centros de menores, relata un panorama desolador: “Agresiones, miles. Trabajé en un centro de menores de la Comunidad de Madrid, gestionado por la Fundación Antonio Moreno, en el que por las noches éramos seis profesionales para 50-60 menores. Durante el día siempre había menos personas porque decían no conseguir personal”.

Pese a la alta responsabilidad y las condiciones de riesgo, el salario apenas alcanzaba los 1.120 euros al mes en una jornada completa nocturna, revela la educadora social a este diario. Y las agresiones eran constantes: “Una vez, una menor dio con un palo en la cabeza a un educador y no pasó nada. Otra vez le rayó el coche a otro profesional, y nada”, confiesa Esther.

Además, las condiciones del centro dejaban que desear: “Frío en invierno, calor en verano. No nos proporcionaban abrigo para esas temperaturas ni había calefacción. La comida que servían en el comedor no habría pasado una inspección de sanidad”, afirma la educadora social.

Ahora Esther trabaja en otro centro, pero los problemas con la seguridad siguen presentes. “Ha acudido el comité de empresa a decirnos que está pedido que nos pongan una mampara en la furgoneta. Actualmente no la hay, y una asfixia desde el asiento trasero podría haber pasado mil veces”, subraya la profesional.

En declaraciones a Infobae España, César Frías Ramos, otro educador social de Sevilla y representante de Eduso TV, reflexiona sobre la Ley del Menor en España, que cumple 25 años. “Su vigencia sigue siendo motivo de debate al enfrentarse a los cambios en los tipos de delitos juveniles, como la violencia filio-parental y de género”, explica.

El Gobierno prepara un decreto para mejorar el sistema de protección de menores tutelados, pero no contempla “de manera específica” la mejora de las condiciones de los empleados. César considera que “la ley en sí no necesita ser revisada, sino dotada de recursos suficientes, tanto humanos como económicos, para ser implementada de manera efectiva”.

En los centros de protección, destinados a menores en situación de desamparo, la falta de seguridad es un problema grave. “Un educador trabajando solo o un auxiliar en turno se enfrenta a situaciones peligrosas, incluso sin haber sido adecuadamente formado para gestionarlas”, señala el educador social.

En el caso de los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), “las limitadas plazas generan retrasos y redistribuciones que afectan al funcionamiento del sistema”.

“Después de días recibiendo insultos y amenazas de muerte, intentaron agredirme con un martillo. Lo denuncié. Pensé que alguien haría algo, pero la respuesta fue el silencio: archivaron la denuncia. Como si la violencia contra educadores sociales no importara, como si fuera parte del trabajo”. Es otro testimonio anónimo recogido por Eduso TV que denuncia la falta de seguridad.

El miedo a denunciar es una contante entre estos trabajadores, admite Esther. “Muchos prefieren callar por miedo a represalias o a perder su puesto”, afirma César. “La precariedad nos mantiene en una posición de vulnerabilidad constante”, añade.

Pero el temor a ser despedido no es el único motivo que paraliza a los educadores sociales a destapar estas acciones. “Si denuncias y no te das de baja, como el menor se entere de que le has denunciado, la agresión puede ser más fuerte”, advierte César.

Del mismo modo, darse de baja obliga a bajarte más el sueldo, además de que, muchas veces, estos profesionales son reticentes a denunciar “porque buscan lo mejor para el menor”. “Sabemos que si lo denuncias, estás dando por perdido a ese menor, tirando la toalla con él, porque si va a un CIMI la realidad es más cruda y su futuro se complica más.”

“Nos llamaron vocacionales para justificar la precariedad. Nos dijeron que era parte del trabajo cuando nos enfrentamos a la violencia. Nos dejaron solos cuando pedimos protección. La Educación Social salva vidas, pero no puede costarnos la nuestra”, reivindican los profesionales del sector.

Los educadores sociales denuncian que, a pesar de ser una de las piezas clave del Estado de Bienestar junto con la sanidad y la educación, el sector está completamente subcontratado, “El 100% de estos servicios están externalizados, operando bajo contratos precarios que afectan tanto a los trabajadores como a los menores que dependen del sistema”, indica César.

Así, los profesionales reclaman medidas urgentes para mejorar sus condiciones laborales: “Es agotador tener que estar sometiéndote a exámenes constantes para demostrar si vales o no para un puesto similar que has desarrollado otras mil veces”, lamenta Esther.

Ante este escenario, los trabajadores piden “reevaluar los planes de prevención de riesgos laborales, aumentar el personal por centro y garantizar un salario digno”. Asimismo, exigen “que se reconozcan el estrés, la ansiedad y otros trastornos derivados de su trabajo como enfermedades laborales”, destaca César.