
El Tribunal Civil de Lecce, en Italia, ha dictaminado que una mujer de 46 años, residente en un municipio del Sur de Salento, reciba una indemnización de 700.000 euros tras haber quedado con secuelas irreversibles tras someterse a dos intervenciones quirúrgicas para perder peso. La paciente, que se sometió a una gastrectomía tubular en 2016 y a un bypass gástrico en 2018, ya no puede ingerir alimentos ni líquidos, por lo que depende de una sonda para su alimentación.
La gastrectomía tubular o manga gástrica es una cirugía bariátrica en la que se extirpa aproximadamente el 80% del estómago, dejando un tubo o manga estrecha. Esto reduce la capacidad del estómago, limitando la cantidad de alimento que se puede ingerir y disminuyendo la producción de grelina, la hormona del hambre. El bypass gástrico es otro procedimiento bariátrico en el que se crea un pequeño estómago nuevo que se conecta directamente al intestino delgado, saltándose una parte del estómago y del intestino. Esto no solo reduce la cantidad de comida que se puede consumir, sino que también altera la absorción de nutrientes, lo que contribuye a la pérdida de peso.
De 138 a 76 kilos
El caso comenzó en diciembre de 2016, cuando la mujer, que en ese momento pesaba 138 kilos, decidió someterse a una resección gástrica en una clínica de Lecce con el objetivo de reducir su peso. Tras la operación, experimentó náuseas, vómitos constantes e inapetencia, lo que derivó en una rápida pérdida de peso. En poco más de un año, su peso bajó hasta 76 kilos, pero los problemas de salud persistieron.
En junio de 2018, la paciente optó por someterse a una segunda cirugía en una clínica de Bérgamo, con la esperanza de mejorar su estado. Sin embargo, tras este procedimiento, su situación empeoró de forma dramática. A partir de ese momento, ya no pudo ingerir alimentos ni siquiera en pequeñas cantidades, ni beber agua sin sufrir consecuencias graves. Al ver que su estado de salud no mejoraba y que su calidad de vida se había deteriorado de manera irreversible, la mujer decidió llevar su caso ante la Justicia para exigir una compensación por los daños sufridos.

La propuesta extrajudicial
Asistida por su abogado, interpuso una demanda contra las dos clínicas en las que se había operado, alegando que los procedimientos quirúrgicos habían sido mal ejecutados y que no se habían tomado las medidas necesarias para prevenir las complicaciones posteriores. En la fase de acreditación técnica preventiva, se propuso una indemnización de 300.000 euros como acuerdo entre las partes. Sin embargo, tanto las clínicas como los médicos y sus respectivas aseguradoras rechazaron la propuesta.
Ante la negativa de un acuerdo extrajudicial, el caso llegó a los tribunales y fue analizado por la magistrada, quien determinó que la paciente tenía derecho a una compensación económica más elevada debido a la gravedad de las secuelas que padece. En su fallo, el Tribunal de Lecce establece que las dos clínicas responsables del tratamiento deberán pagar un total de 700.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
El caso ha generado reacciones en el ámbito médico y jurídico en Italia, donde esta cirugía se ha convertido en una alternativa frecuente para tratar problemas de obesidad severa. Sin embargo, especialistas han advertido sobre los riesgos asociados a estos procedimientos y la necesidad de realizar seguimientos postoperatorios estrictos para evitar complicaciones graves.
A día de hoy, la mujer sigue dependiendo de una sonda gástrica para su alimentación, lo que ha afectado profundamente su calidad de vida. Aunque la sentencia reconoce el daño sufrido y le otorga una compensación económica, su estado de salud no tiene una solución médica.
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