Menos empresas, inversión y productividad: el BID alertó por el retroceso del sector privado durante los últimos 15 años en Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que recientemente aprobó un plan de financiamiento de tres años por un total de USD 10.000 millones, alertó sobre el retroceso que viene mostrando el sector privado desde 2010, lo cual se ve reflejado en la caída de la inversión, la cantidad de empresas y del empleo, entre otros. A su vez, advierte falta de condiciones para la llegada de capitales y aprovechamiento de recursos en el sector energético y minero.

Las principales razones de este deterioro, explica el organismo, están asociadas a la inestabilidad macro y su impacto en el acceso y costo del crédito, la volatilidad de políticas y precios relativos, las deficiencias de infraestructura física y digital que reducen la rentabilidad de la inversión productiva privada, las regulaciones e impuestos distorsivos y la escasa integración a mercados financieros y de comercio globales.

En este contexto, el destino de dicho préstamo es “apoyar al país a consolidar su transformación y fortalecer un modelo de desarrollo sostenido y resiliente”. Con ese objetivo, el BID trazó una hoja de ruta junto al Gobierno y elaboró un diagnóstico de situación.

“Se identifican múltiples desafíos, como la baja inversión privada (16% del PIB en 2023), la caída en el número de empresas, especialmente las exportadoras, el retroceso de las exportaciones (no primarias), los bajos niveles de emprendedurismo, la reducción del empleo privado formal, la limitada innovación, los avances dispares en transformación digital y la baja complejidad económica”, detalló el BID en su reporte.

Esto se tradujo en una caída de más de 9% en la creación de nuevos puestos de trabajo desde 2011.

Otra problemática que identificaron los especialistas del organismo conducido por Ilan Goldfajn es la pérdida de competitividad. De acuerdo al índice elaborado por el Instituto Internacional de Gestión para el Desarrollo (2024), que mide el peso de las regulaciones e intervenciones estatales, en 2024 Argentina ocupó el anteúltimo lugar del ranking, de un total de 67 economías.

Recordaron asimismo que durante 2022, el país fue el que mayor carga impositiva acumuló sobre el comercio exterior de América Latina y el Caribe. Puntualmente en relación a las exportaciones, en 2021 Argentina era aquel que que más retenciones cobraba (21,9% del valor exportado) del mundo, a la par de Kazajistán.

En otro orden, el BID puso de manifiesto las dificultades de financiamiento vistas durante las últimas décadas: el crédito al sector privado no financiero alcanzó 15,2% del PBI en promedio entre 1991 y 2023, bastante por debajo de comparadores como la OCDE (83%).

Por otra parte, el informe resaltó que solo el 3% de las empresas manufactureras nacionales aparecen adoptando tecnologías digitales de producción inteligente de cuarta generación (que combinan hardware, robots avanzados e impresoras 3D), software (análisis de big data, cloud computing, e inteligencia artificial), y conectividad.

De esta forma, los niveles de innovación empresarial sitúan a Argentina en la posición 69 entre 132 países en el Índice Global elaborado por WIPO, y en el octavo lugar dentro de América Latina y el Caribe.

Ahora bien, las compañías locales consideran que la presión tributaria y regulatoria constituye el principal obstáculo para el desarrollo de su actividad, según la World Enterprise Survey.

Con este panorama, la productividad total del agro, por ejemplo, registró un promedio de 0,88% entre 1961 y 2021, muy inferior al 1,81% alcanzado en Brasil. Asimismo, durante la década de 2010, Argentina experimentó un retroceso del 0,06%, mientras que el país vecino mostró un crecimiento del 1,38%.

Es claro que tanto el sector energético como el minero son los que más interés generan entre los inversores. De hecho, 12 de los 14 proyectos ingresados en el RIGI hasta el momento pertenecen a esos rubros. Y los desembolsos implicados suman más de USD 15.900 millones.

No obstante, el BID aseguró que Argentina presenta un marco regulatorio desactualizado y falta de incentivos para la inversión privada.

“El sector eléctrico argentino sufre un fuerte desfinanciamiento que frena la modernización y expansión de la infraestructura, poniendo en riesgo la seguridad y sostenibilidad del suministro”, indicó el documento.

“Pese al aumento en la producción de hidrocarburos y la mayor participación de energías renovables en 2025, la infraestructura obsoleta y las redes insuficientes impiden el pleno aprovechamiento de los recursos energéticos. El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) requiere una modernización tecnológica urgente para asegurar un abastecimiento confiable”, subrayó y destacó la desregulación que está llevando adelante el Gobierno.

En cuanto a la minería, se expandió por la creciente demanda global de minerales (principalmente litio, cobre y oro), pero “enfrenta condiciones institucionales y de infraestructura complejas para el desarrollo de la actividad y la cadena de valor de minerales críticos, generando incertidumbre a los inversores y retrasos en el avance de proyectos”.