La otra deuda: más allá de YPF, la Argentina afronta juicios por USD 4.500 millones que presionan sobre las reservas

El Estado argentino tiene un puñado de juicios y reclamos de arbitraje en tribunales extranjeros que podrían costarle, en caso de sentencias en contra y ejecuciones de esos fallos, unos USD 4.500 millones a las reservas del Banco Central. Este cálculo excluye el proceso judicial por la nacionalización de YPF, que este lunes tuvo una novedad judicial que cambió el panorama del caso.

De acuerdo a información brindada por la Jefatura de Gabinete en su último informe al Congreso, Argentina enfrenta siete casos abiertos en el tribunal del Ciadi, perteneciente al Banco Mundial, con distintos grados de avance y montos en disputa. En total suman casi USD 1.500 millones.

El caso BA Desarrollos LLC se encuentra en trámite y corresponde a un reclamo de USD 58.319.315 por la escrituración de terrenos para el proyecto Catalinas Norte II. El tribunal arbitral se constituyó en noviembre de 2023 y las partes se encuentran en la etapa de intercambio de escritos.

El expediente Abertis Infraestructuras también está pendiente de resolución. Involucra un reclamo de USD 295.762.164,79 por la supuesta destrucción del régimen tarifario acordado en concesiones viales de AUSOL y GCO y la nulidad judicial de esos acuerdos. El proceso se desarrolla con las presentaciones de las partes y no tiene laudo emitido.

En IJM Corporation Berhad, la empresa malaya reclama USD 51.131.719 por la alegada destrucción del régimen tarifario del contrato de concesión de GCO y la nulidad judicial del acuerdo. El caso sigue en trámite con memoriales en curso y sin laudo hasta la fecha.

El caso Webuild (ex Salini Impregilo) cuenta con un laudo emitido en abril de 2025. El tribunal otorgó USD 147.031.036,74 en concepto de indemnización más USD 5.599.991,25 por costas, totalizando USD 152.631.027,99. El reclamo se originó en la afectación de su participación en la concesionaria Puentes del Litoral S.A. por medidas de emergencia tras la crisis de 2001.

Nationale Nederlanden Holdinvest B.V. es otro proceso abierto sin laudo. El monto reclamado asciende a USD 157.000.000 y está vinculado a la eliminación del régimen de capitalización de las AFJP mediante la Ley 26.425 y su absorción en el sistema de reparto previsional. Las audiencias ya se realizaron y se aguarda la decisión del tribunal.

En AES Corporation, el tribunal emitió laudo en mayo de 2025 otorgando USD 715.900.000 más USD 15.800.000 en costas, sumando USD 731.700.000. El reclamo se relacionaba con participaciones en generadoras y distribuidoras eléctricas, con desistimientos parciales anteriores que redujeron el objeto del litigio.

Por último, Casinos Austria GmbH y Casinos Austria Aktiengesellschaft recibió un laudo en noviembre de 2021 por USD 21.660.000, tras la revocación de la licencia de explotación de juegos de azar en la provincia de Salta que tenía ENJASA. El caso está en etapa de análisis de un pedido de anulación del laudo.

Por otro lado, también existen disputas judiciales pendientes por bonos defaulteados. Según un informe presentado por el Ministerio de Economía ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), al 15 de octubre pasado permanecían abiertas 28 demandas individuales en tribunales estadounidenses vinculadas a bonos en default desde 2001, con un valor nominal reclamado de aproximadamente USD 249,5 millones. Sobre esos bonos ya existen fallos por un total aproximado de USD 483,9 millones para un valor nominal de alrededor de USD 175 millones del total.

En uno de esos casos, el demandante obtuvo un fallo por USD 95,4 millones en diciembre de 2020 y en mayo de 2024 presentó una moción de ejecución pendiente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

En materia de litigios por cupones atados al PBI, el caso que mayor notoriedad tuvo en los últimos meses, en 2023, la justicia británica condenó a Argentina a pagar alrededor de USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) a bonistas que reclamaban el pago del Cupón PBI.

El plazo definitivo se cumplió el 6 de diciembre y Argentina no pagó. Por eso, el 14 de enero la Corte de Apelaciones solicitó una orden pidiendo al Banco de Santander que se ejecute la garantía de USD 313 millones, que fue pagado a principios de marzo. En las últimas semanas, por otra parte, fue replicada en Nueva York una demanda como la que se desarrolló en tribunales ingleses, buscando un fallo similar.

También hay otros reclamos en tribunales de otros países, en juicios con perfiles más bajos. En Alemania, a octubre pasado permanecían sin saldar fallos firmes por aproximadamente 121,5 millones de euros en capital más intereses y costas relacionados con deuda en default no ingresada a canjes. También se encontraban en trámite nuevas demandas por cerca de 940.000 euros en capital, aún sin sentencia.

En España, para esa misma fecha se registraban tres acciones de ejecución iniciadas contra la República, con un monto total reclamado de aproximadamente 452 millones de euros. Los tres casos estaban en etapa de intercambio de escritos.

El informe también detalla que al 24 de octubre de 2024 había dos laudos finales pendientes bajo reglas Uncitral (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) por un total de USD 7,5 millones, otro bajo esa misma jurisdicción por USD 9,7 millones más un laudo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por USD 67,1 millones y cuya anulación fue solicitada por Argentina. Además, se registraban cuatro procedimientos suspendidos ante la ICC con reclamos por un total de USD 617,2 millones.