AySA cerró su primer balance con superávit operativo desde 2007 y el Gobierno acelera su privatización

La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) finalizó el año pasado con un superávit operativo de $48.288 millones -a precios constantes- el primero con esa condición desde 2007. La firma alcanzó ese resultado, principalmente, gracias al aumento del 317% en las tarifas de sus clientes durante 2024 y a los programas de regularización de las deudas por los servicios que presta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En concreto, AySA no solo cubrió sus gastos sin aportes del Tesoro sino que además tuvo un saldo excedente. La mejora del balance de la empresa es uno de los pasos claves para mostrar solidez a potenciales inversores y dar lugar a la privatización que impulsa el Gobierno de Javier Milei. En las próximas semanas se conocerá un decreto que dará inicio a ese proceso, según anticiparon a Infobae fuentes oficiales.

El Estado controla el 90% de la compañía y el 10% restante pertenece a los empleados. La intención oficial es que una pequeña parte de las acciones de la empresa sea lanzada a la Bolsa y otra más grande sea licitada, según adelantó este medio. Con más inversores dentro del capital accionario, estiman en el Gobierno, sería más difícil una potencial reestatización en el futuro tal como prevén en el Gobierno.

Alejo Maxit, titular de AySA, finalizó recientemente un informe circunstanciado sobre la situación de la empresa que fue elevado al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher. Ese documento será clave para iniciar el proceso de venta a través de licitación y/o concurso público internacional y la venta de acciones en la Bolsa.

De todos modos, en este proceso no estarán incluidos el 10% de las acciones en manos de los empleados, ni todos los terrenos y bienes de la empresa. Las instalaciones, maquinarias y vehículos continuarán como propiedad del Estado pero serán entregadas a los nuevos dueños.

El aumento tarifario en los servicios de agua y cloacas del AMBA implementado a lo largo del año pasado fue clave para mejorar la situación económica de AySA, según informó la compañía. Las boletas de sus clientes subieron en promedio 317% en ese período. Los ingresos se elevaron de $519.378 millones en 2023 a $907.353 millones en 2024. Este incremento fue posible gracias a una revisión de las tarifas y un plan de mejora de cobrabilidad y regularización de deudas, que contribuyó a reducir la morosidad entre los usuarios de la empresa, según explicaron desde la compañía.

Además, la reducción de los gastos de explotación, que cayeron de $690.063 millones en 2023 a $638.116 millones en 2024, permitió a la empresa mejorar su eficiencia operativa. La optimización de costos se tradujo en una utilidad bruta que aumentó de $145.796 millones en 2023 a $446.104 millones en 2024. A su vez, el resultado neto dio un giro positivo, pasando de una pérdida de $382.859 millones de pesos en 2023 a una ganancia de $48.288 millones de pesos en 2024.

La privatización de AySA está enmarcada dentro de un proceso de reestructuración y reorganización iniciado por la compañía en 2024. La empresa diseñó un Plan de Optimización y Transformación del Modelo de Gestión, que constó de tres etapas clave: Toma de Control, Regularización y Optimización, y Estabilización.

En la primera etapa, AySA implementó un ajuste tarifario que permitió una cobertura de los gastos corrientes y las inversiones necesarias para la mejora y mantenimiento de los servicios. La segunda etapa, orientada a optimizar los recursos de la empresa, se centró en la eficiencia operativa, mientras que la última fase tuvo como objetivo garantizar la sostenibilidad operativa y la independencia financiera respecto del Estado Nacional.

En el marco de la Ley de Bases que regula la privatización de empresas del Estado, AySA se prepara para dar el siguiente paso con la privatización de sus operaciones. Este proceso de privatización se producirá en las próximas semanas. El anuncio de la privatización de AySA será una de las medidas clave del gobierno en su intento por reducir el peso del Estado en sectores clave de la economía, como los servicios públicos. Las fuentes consultadas por Infobae indicaron que este proceso también formará parte de un modelo de gestión eficiente, en el que se espera que los inversores privados jueguen un rol fundamental en la futura administración de la empresa.

Tal como había precisado este medio meses atrás, las autoridades estaban analizando dos mecanismos para la privatización: abrir el capital a la Bolsa o llamar a una licitación para ofertar las acciones que posee el Estado. Finalmente, se optaría por una estrategia mixta, en el que una pequeña parte de la compañía se va a lanzar a la Bolsa, mientras que, en paralelo, se convocará a una licitación para ofrecer un importante paquete accionario.

Si bien el porcentaje de venta de estos activos que irán a la Bolsa o a licitación lo irá definiendo el Poder Ejecutivo dependiendo de las condiciones del mercado, el objetivo es que varios interesados ingresen al negocio.

De esta manera, la actual gestión libertaria se garantizaría que la compañía no pueda volver a ser estatizada en un futuro -como ocurrió con YPF y Aerolíneas Argentinas-, ya que para eso las próximas administraciones deberán acordar con todos los eventuales propietarios.

La Ley Bases que impulsó el Gobierno contempla la privatización total de Enarsa e Intercargo y, en forma parcial, con posibilidad de concesión, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse) y Corredores Viales SA. Además, se autorizó a que se abran a recibir capitales privados otras dos firmas, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.