La llegada anticipada del frío obligó al Gobierno a salir de urgencia a comprar nuevos cargamentos de combustibles líquidos para hacer frente a la disparada de consumo, según pudo confirmar Infobae con fuentes oficiales que no dieron precisiones sobre cuál será el costo de esos cargamentos. Serían al menos unos USD 400 millones que no estaban previstos y que no podrán trasladar a las facturas de los usuarios. El objetivo es evitar más cortes de suministro como los que se observan desde la semana pasada en algunas estaciones de GNC e industrias con contratos “interrumpibles”.
La encargada del proceso es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) que por instrucción de la Secretaría de Energía deberá destinar mayor cantidad de combustibles líquidos para generar electricidad, en las usinas termoeléctricas, y así reemplazar el gas natural para poder destinarlo a la demanda final. Es así que Cammesa salió a licitar esta semana la provisión de 200.000 toneladas de fueloil y 350.000 metros cúbicos de gasoil.
El ex subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, estimó ante la consulta de este medio que el costo aproximado de los de fueloil será de USD 23 millones por cada uno de los cinco cargamentos y USD 33 millones cada uno de los siete cargamentos de gasoil. Serían unos USD 345 millones en total.
“Se estima que el costo estimado de todos los cargamentos rondará los 500 millones de dólares, adicionales a lo que ya estaba previsto, lo que sumará una presión fiscal adicional a las cuentas que lleva adelante el Ministerio de Economía”, afirmó el portal especializado Econojournal. La mayoría de ese combustible será importado, ya que en el plano local no hay proveedores de esa magnitud.
Estos embarques no estaban contemplados en los planes del Gobierno para quedar cubiertos para el período invernal (mayo-octubre). Es que las menores temperaturas, que se profundizarán hacia este fin de semana, estaban previstas recién para los primeros días de junio.
Según se desprende del informe de gestión del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ante el Senado para este invierno se preveía la importación de hasta 30 cargamentos de Gas Natural Licuado, de los cuales ya se licitaron y se adjudicaron una veintena.
“El gas procedente de Bolivia tiene un contrato en firme por hasta 5 MMm3/d hasta el 31 de julio. A partir de allí se torna interrumpible. Se negoció con Petrobras un swap de gas de hasta 4 MM m3/día para los meses de agosto y septiembre del corriente año, para atender la demanda pico”, detalló Posse.
El comienzo precoz del frío tuvo como consecuencia un salto en la demanda que se reflejó la semana pasada en que algunas distribuidoras de gas empezaron a cortarle el suministro a más de un centenar de estaciones de servicio que comercializan GNC en varias ciudades del país y a algunas industrias.
El aumento del frío generó un fuerte salto, de al menos 100%, en la demanda residencial, que es prioritaria, antes de lo programado por las empresas. Por tanto, las distribuidoras tuvieron que suspender el suministro en los usuarios que tienen contratos de “servicio interrumpible” que, a diferencia de los que son “en firme”, son más económicos pero también susceptibles a cortes.
Esta situación abre un interrogante sobre si la Argentina tendrá en invierno el abastecimiento suficiente para su demanda energética. Por caso, el proyecto de reversión del Gasoducto Norte para revertir el flujo gasífero que viene desde bolivia para llevar el fluido de Vaca Muerta a Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, no será finalizado en su totalidad para el comienzo del período invernal, tal como estaba previsto en 2023.
Eso implica la necesidad de importar gas para que el norte del país no sufra faltantes, ya que desde julio Bolivia, por contrato, podría cortar los envíos ante el declino que sufre el país vecino en su producción.
En el Gobierno apuntan a que el principal problema actual en el suministro de gas natural del país es que el sistema de transporte se encuentra ante una gran desinversión producto de años de congelamientos tarifarios. Es por eso, afirman, que los ductos no soportan el gas que necesita la demanda.
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