Una defensa de la Constitución de Estados Unidos tal como es

En su primer libro, la jueza Amy Coney Barrett expone su filosofía judicial, explica cómo funciona la Corte Suprema y responde a quienes proponen cambiar la Carta Magna por un texto más moderno

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El libro del día: "Listening
El libro del día: "Listening to the Law", de Amy Coney Barrett

Un episodio poco conocido de 2018 revela una faceta inesperada de la jueza Amy Coney Barrett: tras asistir a misa, y ante la presencia de un equipo de prensa que la seguía por el reciente retiro del juez Anthony Kennedy, la entonces profesora universitaria optó por salir discretamente de la iglesia, escalando una verja con tacones altos y aterrizando en la huerta de los sacerdotes. Este pasaje, incluido en el primer capítulo autobiográfico de su libro Listening to the Law, ilustra el tono personal y reservado que recorre la obra, en la que la magistrada evita referirse a los momentos más ásperos de su proceso de confirmación en 2020.

A lo largo de Listening to the Law, Barrett expone con claridad su visión sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos y la filosofía judicial que la guía. La autora, quien fue asistente de los jueces Laurence Silberman y Antonin Scalia, dedica varios capítulos a explicar cómo se seleccionan los casos, cuál es el papel de los asistentes jurídicos y cómo se prepara para los alegatos orales.

Su experiencia como profesora de derecho se refleja en la preocupación que manifiesta por el desconocimiento generalizado que existe entre la ciudadanía sobre el trabajo del tribunal, una situación que, según ella, se ve agravada por la “perezosa cobertura” de los medios de comunicación.

En el centro de la obra, Barrett defiende la vigencia de la Constitución de Estados Unidos frente a quienes, desde ciertos círculos académicos e intelectuales, proponen reemplazarla por un texto más “equitativo”. La jueza sostiene que estos críticos no valoran la dificultad de crear una constitución que sea a la vez funcional y capaz de ganarse el respeto de la sociedad.

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La jueza asociada de la Corte Suprema de EE. UU., Amy Coney Barrett, posa durante un retrato grupal en la Corte Suprema en Washington, EE. UU., el 7 de octubre de 2022 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Según argumenta, los redactores originales lograron ese equilibrio al prever un mecanismo de reforma —el proceso de enmienda del Artículo V— y al incorporar rápidamente la Carta de Derechos. Al respecto, Barrett afirma que, con la adopción de las primeras diez enmiendas, “la generación fundadora convirtió la Constitución en un documento con mayor carga moral”. Mientras que el resto del texto constitucional puede parecer árido, la Carta de Derechos utiliza un lenguaje comprensible para la población.

La obra también aborda la dinámica interna de la Corte Suprema y las diferencias de criterio entre sus miembros. En un reciente caso sobre medidas cautelares de alcance nacional, se produjeron intercambios especialmente intensos entre Barrett y las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, conocidas por el tono alarmista de sus votos disidentes.

No obstante, la autora subraya que “incluso los intercambios más agudos en la Corte se deben a desacuerdos sobre el derecho y no a animadversión personal”, según recoge Listening to the Law.

Uno de los ejes conceptuales del libro es la defensa de la humildad judicial y el originalismo, dos principios que Barrett hereda de Scalia. En relación con la humildad judicial, la magistrada aboga por una interpretación conservadora del “debido proceso sustantivo”.

Suprema Corte de EE.UU. (REUTERS/Leah
Suprema Corte de EE.UU. (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Explica que, en ocasiones, los jueces han declarado inconstitucionales ciertas leyes por vulnerar derechos no enumerados explícitamente en la Constitución, basándose en las cláusulas de debido proceso de la Quinta y la Decimocuarta Enmienda. Un ejemplo de ello fue la anulación de las leyes que prohibían el matrimonio interracial en 1967.

Barrett advierte sobre el riesgo de que los jueces identifiquen como fundamentales aquellos derechos que reflejan los valores de su entorno inmediato, en lugar de los de la sociedad estadounidense en su conjunto. Para invocar un derecho no enumerado, sostiene —citando expresiones que el presidente del tribunal William Rehnquist utilizó en el caso Washington contra Glucksberg (1997)—, es necesario que dicho derecho esté “profundamente arraigado en la historia y la tradición de esta nación” y sea “implícito en el concepto de libertad ordenada”. Esta doctrina fue central en la opinión de Samuel Alito en el caso Dobbs, que revocó la sentencia Roe vs. Wade sobre el derecho al aborto, y que Barrett suscribió.

En palabras de la jueza, “no es cierto que una supermayoría de estadounidenses haya considerado tradicionalmente el acceso al aborto como algo tan fundamental para la libertad que la Constitución lo proteja incluso sin mencionarlo explícitamente”. Esta afirmación figura destacada en el texto de Barrett.

Activistas por el derecho al
Activistas por el derecho al aborto se manifiestan contra la decisión de la Corte Suprema de anular el fallo Roe vs. Wade de 1973 (AP Foto/J. Scott Applewhite, archivo)

En cuanto al originalismo, Barrett sostiene que su triunfo, junto con el textualismo, ha transformado el debate jurídico en la Corte. Actualmente, solo las juezas Sotomayor y Jackson defienden de manera sistemática la idea de una “Constitución viva”, es decir, la interpretación de la ley en función de los resultados deseados por sus autores. Incluso la magistrada liberal Elena Kagan y destacados profesores progresistas, como Akhil Reed Amar de Yale, fundamentan sus argumentos en el significado original del texto constitucional.

El avance de la originalidad se hizo evidente, según el análisis, cuando en 2017 los medios estadounidenses comenzaron a consultar diccionarios del siglo XVIII para definir el término “emolumentos” tras la elección de Donald Trump.

En Listening to the Law, Barrett desmonta la idea de que los jueces deban deducir la “intención” de los legisladores a partir de los antecedentes parlamentarios. Sostiene que resulta imposible conocer la intención real detrás de una ley que ha sido redactada, debatida, enmendada y votada por decenas o cientos de personas.

Además, advierte: “un juez que ajusta el texto para adecuarlo mejor al propósito de la ley corre el riesgo de deshacer los mismos compromisos que hicieron posible su aprobación”. Barrett enfatiza que “no hay forma de que el juez sepa si su nueva versión, supuestamente mejorada, habría llegado a convertirse en ley”.

A pesar de la firmeza de sus argumentos, Barrett evita atribuir motivaciones estratégicas a quienes defienden la interpretación intencionalista, limitándose a exponer los riesgos de esa postura. El tono general del libro, según la reseña, es de cortesía y rigor intelectual, lo que lleva al autor a concluir que la jueza posee “una mente aguda y bien organizada” y que, además, es “una persona muy agradable”.