Este lunes 15 de diciembre de 2025, en el Tribunal Superior de Bogotá, se reanudó la audiencia contra los exministros de Hacienda e Interior del Gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Invías.
En el transcurso de la audiencia, la Procuraduría General de la Nación avaló la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General de la Nación contra los exministros.
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En su intervención, el delgado del Ministerio Público, Mario Enrique Gómez señaló que la medida se hace con el propósito de proteger el proceso penal.
Según el procurador delegado, las pruebas presentadas por el ente acusador el 01 de diciembre de 2025, relaciona a Bonilla y Velasco en el entramado de corrupción de la Ungrd.
“La solicitud de la medida y los fines constitucionales a los que se ligan pretenderían evitar el relacionamiento de quienes hoy no ostentan un cargo oficial, pero tienen, dice la Fiscalía, una influencia política de tal magnitud que puede incidir en los funcionarios o contratistas que hoy se encuentran pendientes de vinculación formal a la investigación. La medida en su residencia con restricción de visitas y comunicaciones resultaría idónea y sería necesaria”, afirmó Mario Enrique Gómez.
Por tal motivo, precisó que la medida de prisión domiciliaria es la más adecuada para proteger el proceso penal y evitar una posible presión sobre testigos, alteración de las pruebas materiales recolectadas o una posible fuga.
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, le imputó a los exministros de Hacienda e Interior los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Tanto Ricardo Bonilla como Luis Fernando Velasco no aceptaron los cargos, rechazando cualquier señalamiento en su contra.
Patiño solicitó una medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra los procesados, solicitud que apoyó la Procuraduría General de la Nación este lunes 15 de diciembre de 2025.
“En desarrollo del pacto criminal ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso desarrollar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en Invías o en la Ungrd a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones del Congreso a las que pertenecían”, expresó en su momento la fiscal María Cristina Patiño.
La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá anunciará el 18 de diciembre de 2025 si impone o no una medida de aseguramiento a los dos exministros.
Detalles de las pruebas
La Fiscalía afirmó que los dos exministros formaron parte de una estructura que tenía como objetivo desviar fondos estatales con el fin de asegurar respaldo legislativo en el Congreso.
Esta operación se concentró en los debates sobre reformas clave, como la pensional y la de salud. La investigación indicó que estos exfuncionarios promovieron decenas de proyectos: setenta y cuatro en Invías, que supusieron más de $571.000 millones, y cinco en la Ungrd, por una suma superior a $40.000 millones. Solo siete de esos convenios llegaron a concretarse.
El informe describió que estas acciones integraron una estrategia oficial para establecer mayorías parlamentarias. Se detalló un episodio del 13 de junio de 2023, en el que documentos oficiales registraron cómo Olmedo López supuestamente pactó con la senadora Marta Peralta la gestión de proyectos de la Ungrd para beneficios de legisladores de la Comisión Séptima del Senado, durante la discusión de la reforma pensional.
La fiscal María Cristina Patiño señaló que, en el segundo semestre de ese año, los exministros habrían desviado contratos hacia congresistas sin el debido proceso. Según la Fiscalía, estos exfuncionarios desempeñaron un papel central, pues dieron instrucciones y organizaron reuniones para emplear contratos de la Ungrd como herramienta para obtener respaldo político.
Las autoridades resaltaron que los exministros guiaron y organizaron el funcionamiento de la estructura, establecieron el método y consolidaron la entrega de contratos financiados con fondos públicos para incentivar el apoyo de legisladores a los proyectos del Gobierno.
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