El Gobierno ha destinado $4,2 billones a los Equipos Básicos de Salud (EBS) entre 2022 y 2025, mientras la herramienta digital para monitorear su ejecución y resultados permanece inactiva desde hace seis meses, lo que impide al público acceder a información clave sobre la principal estrategia de atención primaria de la administración de Gustavo Petro, según informó El Colombiano.
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmó recientemente que en la actualidad operan 11.411 Equipos Básicos de Salud en todo el país, cifra que supera la meta trazada para 2025, establecida en 9.332, y roza la prevista para 2026, situada en 11.751. “Entonces aquí estamos hablando de más de 90.000 personas que están en todo el territorio”, indicó Jaramillo en Consejo de Ministros citado por el medio. El programa ha sido reforzado con 480 equipos adicionales en zonas específicas y, según el ministro, “absolutamente todos los municipios del país tienen esos equipos básicos trabajando”.
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La conformación de cada equipo varía según las necesidades del territorio, pero la estructura base incluye ocho profesionales y los costos mensuales ascienden en promedio a $65.832.729, considerando ajustes por inflación. Estos recursos provienen de la Administradora de Recursos de la Salud (Adres) y del Presupuesto General de la Nación.
Falta de datos y seguimiento público
En declaraciones recogidas por El Colombiano, Johnattan García, investigador de la Universidad de Harvard, advirtió que gran parte de los equipos reportados como activos solo cuentan con asignación presupuestal, pero no necesariamente están funcionando en territorio. García explicó: “Para que un EBS esté en funcionamiento debe pasar por la etapa de apropiación (asignación de recursos), luego la de giro (entrega de recursos al hospital) y, finalmente, la de ejecución (contratación del equipo). Por lo cual, el que se asigne dinero no significa que los equipos estén operando en una zona”.
La plataforma PISIS, que hasta julio permitía consultar datos de cobertura, hogares visitados o regiones atendidas, ahora solo presenta el componente financiero. Los otros módulos permanecen fuera de servicio o requieren acceso institucional.
El propio García apuntó que “solo el 20 % de los EBS pagados entrega esa información, por eso nunca han sacado un documento fuerte y se pegan de los reportes del Instituto Nacional de Salud sobre desnutrición infantil para mostrarlo como logro”.
Discrepancias y registros contradictorios
El seguimiento financiero presenta inconsistencias. La Dirección de Promoción y Prevención reporta $4,2 billones invertidos, pero el tablero PISIS muestra asignaciones por $8,4 billones e incorpora un total de $10,9 billones. Hasta la última actualización, solo se había ejecutado el 16,9 % del dinero asignado.
Existen diferencias notables entre asignaciones y equipos realmente activos. En La Guajira, de 155 equipos con recursos asignados, apenas siete operaban. En Antioquia, solo 124 de los 1.267 reportados estaban vigentes, mientras en Magdalena ninguno de los 260 equipos funcionaba, según los datos citados. Además, en algunos hospitales el monto incorporado supera las partidas asignadas inicialmente.
Una de las críticas que recoge el medio es el riesgo de contar varias veces a los mismos equipos debido a asignaciones repetidas por periodos diferentes, lo que distorsiona el verdadero alcance de la cobertura.
Silencio oficial y opiniones de expertos
El Colombiano consultó con la oficina de prensa del Ministerio de Salud sobre las causas del cierre de la plataforma pública y la diferencia entre cifras oficiales y registradas, sin obtener respuesta.
El experto en economía de la salud, Paúl Rodríguez, sostuvo que hay antecedentes de éxito internacional en estrategias de atención primaria, pero remarcó que la experiencia puede ser limitada en ciudades donde el sistema con EPS tiene mayor robustez. Advirtió, además, sobre la importancia de informar no solo el número de trabajadores contratados, sino “el número de personas que atendieron que no hubieran recibido atención de otra manera y no el número de empleados”.
La falta de datos públicos actualizados y la ausencia de respuesta oficial mantienen abierta la incertidumbre sobre el alcance real y la gestión efectiva de los Equipos Básicos de Salud financiados hasta el momento.
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