Reimprimir el tarjetón del Pacto Histórico podría costarle al Estado más de $170.000 millones, aseguró exregistrador: “Tendría graves consecuencias”

La controversia en torno a la consulta interna del Pacto Histórico prevista para el 26 de octubre sigue escalando.

Lo que comenzó como un debate sobre la participación de los precandidatos Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, se ha convertido en un potencial problema jurídico y financiero para el Estado colombiano.

El exregistrador delegado en lo Electoral, Nicolás Farfán, advirtió en una entrevista con Blu Radio que una eventual reimpresión de los tarjetones electorales podría generar un detrimento patrimonial de grandes proporciones.

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Según sus cálculos, el costo podría superar los 170.000 millones de pesos, una cifra que obligaría a la Contraloría General de la República a investigar la responsabilidad de los funcionarios que autorizaron la impresión.

“Una reimpresión de los tarjetones no solo sería altamente costosa, sino que representaría un uso ineficiente de los recursos públicos. Se trata de una medida que tendría consecuencias patrimoniales directas para el Estado”, afirmó Farfán.

El exfuncionario señaló que tanto la Registraduría Nacional como el Consejo Nacional Electoral (CNE) deben actuar con “la máxima prudencia”, pues las decisiones administrativas en materia electoral tienen efectos inmediatos y difíciles de revertir.

El origen del conflicto está en el diseño del tarjetón de la consulta, que según Farfán presenta dos irregularidades de fondo. La primera es la inclusión del logo del Pacto Histórico, una coalición que actualmente no cuenta con personería jurídica reconocida.

La segunda, la omisión de los símbolos de los partidos que realmente avalaron a los precandidatos: el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica.

“Ese tarjetón induce a error al elector, porque presenta una agrupación sin personería jurídica y omite las que sí tienen legitimidad para participar. Además, la redacción de la pregunta sugiere que se está eligiendo a un candidato presidencial para 2026, cuando en realidad se trata de una consulta interpartidista previa”, explicó el exregistrador.

Farfán recordó que la naturaleza de las consultas políticas está claramente establecida en la Constitución y en la ley, y no puede ser modificada mediante decisiones administrativas o certificaciones improvisadas.

“No es a través de certificaciones sacadas como de un sombrero que una consulta adquiere o no la calidad de partidista o interpartidista. Eso se define con base en los documentos que los partidos presentan ante el CNE y la Registraduría al momento de la inscripción”, sostuvo.

En este caso, agregó, la participación conjunta del Polo Democrático, el Partido Comunista y la Unión Patriótica le otorga a la consulta un carácter interpartidista, que el tarjetón no refleja. Por eso, para Farfán, la decisión de incluir el logo del Pacto Histórico resulta “aún más cuestionable”, especialmente cuando el Consejo Nacional Electoral ya había negado su autorización.

“Uno no entiende por qué se imprimió esa tarjeta electoral, más aún cuando el Consejo Nacional Electoral no autorizó el uso del logo del Pacto Histórico”, recalcó el exfuncionario. Según explicó, la Registraduría debió coordinar directamente con el CNE antes de ordenar la impresión, dado que ambos organismos hacen parte de la misma organización electoral y deben actuar de forma armónica.

Farfán también se refirió al papel que tuvo una medida provisional de tutela, la cual permitió temporalmente inscripciones bajo el nombre del Pacto Histórico.

Sin embargo, aclaró que esa autorización no generaba efectos jurídicos definitivos. “Era previsible que eso iba a cambiar, y debieron tener las alertas antes de ordenar la impresión de una tarjeta que hoy no refleja la realidad jurídica”, advirtió.

El panorama se complicó aún más tras la renuncia del precandidato Daniel Quintero, quien solicitó formalmente el retiro de su nombre del tarjetón y pidió que los votos a su favor no sean contabilizados.

Pero, de acuerdo con Farfán, ya es imposible hacer cambios logísticos: “Esas tarjetas y los formularios E14 ya fueron impresos y están en proceso de distribución por todo el país. Lo que recomienda la Registraduría en estos casos es que los jurados escruten todos los votos para mantener el orden del proceso”.

En caso de que se intente excluir los votos de Quintero, la decisión deberá ser adoptada por los partidos convocantes o, en última instancia, por el Consejo Nacional Electoral durante el escrutinio nacional.

Mientras tanto, la consulta mantiene la participación confirmada de Iván Cepeda y Carolina Corcho, a la espera de que se aclaren las múltiples dudas jurídicas y administrativas que la rodean.

Para Farfán, este episodio deja una lección clara sobre la necesidad de reforzar los controles previos dentro de la organización electoral. “El problema no es solo jurídico, sino de gestión. Si no se revisan a tiempo los actos administrativos, el costo lo terminan pagando todos los colombianos”, concluyó.