Daniel Briceño aseguró que si Daniel Quintero se retira de la consulta del Pacto Histórico deberán pagar una millonada en multas: “Anunciamos acciones legales”

El panorama político dentro del Pacto Histórico experimentó una nueva sacudida tras el anuncio de Daniel Quintero, precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, sobre su decisión de no participar en la consulta interna programada para el 26 de octubre.

El aspirante justificó su retiro señalando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil alteraron las condiciones pactadas por los precandidatos y eliminaron garantías previamente acordadas para el proceso.

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En un video divulgado por sus redes sociales, Quintero criticó fuertemente a las entidades electorales y al sector político tradicional, asegurando que “mataron la consulta del Pacto Histórico”.

Según lo expresado en la grabación, sostuvo que “el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas de juego el día de hoy. Convirtieron la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo”.

El exalcalde afirmó que la decisión no solo incumple compromisos alcanzados entre los candidatos, sino que también genera incertidumbre legal sobre la participación futura del bloque político.

Quintero advirtió que “el establecimiento quiere evitar que podamos participar en un gran frente amplio el próximo nueve de marzo. Mi voluntad, la de Iván, la de Carolina, fue la de participar en consultas partidistas que garantizaran, sin riesgos jurídicos, nuestra participación en las elecciones de marzo”, en referencia a los aspirantes Iván Cepeda y Carolina Corcho.

En su mensaje al país, el político antioqueño recalcó que estas modificaciones apuntan a debilitar la opción de una fuerza progresista sólida de cara a las elecciones presidenciales de 2026. “Es evidente que la derecha quiere evitar que lleguemos unidos al otro año. No voy a caer en esa trampa”, puntualizó Quintero.

El precandidato señaló que, tras consultar con sus asesores jurídicos, se determinó que lo más conveniente es “retirar mi nombre y no participar en la consulta del próximo 26 de octubre” debido a la inseguridad jurídica y la carencia de garantías en el procedimiento.

La decisión de Quintero tuvo respuesta inmediata por parte de Daniel Briceño, quien a través de sus redes sociales, citó la ley 1475 de 2011 y argumentó que Quintero y su partido deberán responder por el dinero de dicha consulta tras la coalición solicitar reimpresión de tarjetones, situación que podría generar errores electorales.

“La ley 1475 de 2011 dice que si usted renuncia a la consulta del Pacto Histórico deberá pagar proporcionalmente el costo de esa consulta. Desde ya anunciamos todas las acciones legales para que usted y su partido reintegren parte de los $123.406.794.418″, señaló.

En otro trino, el concejal manifestó que, si el Pacto Histórico decide cancelar su participación en la consulta prevista para el 26 de octubre, se perderán $123.406.794.418 del erario público.

Briceño afirmó que este monto ya ha sido destinado a la organización del evento, gestionado a solicitud de ese bloque político.

El concejal insistió en que “ellos se inventaron y que ellos pidieron” el proceso, por lo cual advierte las consecuencias económicas de una eventual retirada, responsabilizando al partido de afectar los recursos públicos de todos los colombianos.

Por lo anterior, el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, solicitó a la Contraloría General de la República investigar un posible detrimento patrimonial generado por el retiro extemporáneo de Daniel Quintero de la consulta presidencial del Pacto Histórico, informó El Colombiano.

Quintero anunció su decisión apenas 11 días antes de la jornada programada para el 26 de octubre de 2025.

De Bedout calificó el retiro como “jurídicamente improcedente”, ya que superó los plazos establecidos por la Registraduría y el CNE. El concejal pidió además examinar la responsabilidad solidaria de los partidos que componen la coalición por las eventuales consecuencias económicas.

“El retiro fue jurídicamente improcedente y extemporáneo, pues según la Resolución 7958 de 2025 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Resolución 00701 de 2025 del Consejo Nacional Electoral, el plazo para retirarse o modificar precandidaturas venció entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre de 2025″, aseveró.

Sobre la posibilidad de una multa millonaria para Quintero, expertos consultados por El Colombiano indican que las normas vigentes no contemplan sanciones estatales automáticas para precandidatos que se retiren antes de la consulta.

El artículo 107 de la Constitución y la Ley 1475 de 2011 solo prevén sanciones disciplinarias internas para las colectividades y no para personas individuales.

El exregistrador nacional Alfonso Portela señaló al medio citado que únicamente existiría responsabilidad económica si el retiro ocasiona la pérdida total del material electoral producido.

Si los demás candidatos siguen en contienda, la tarjeta se mantiene válida y los votos por Quintero se anulan, sin afectación fiscal. En cambio, si el retiro implica inutilizar todo el material, el responsable sería el propio Pacto Histórico, no Quintero individualmente.