
El Gobierno nacional dio a conocer los ejes principales de los acuerdos locales que conforman la primera fase del diálogo con el Clan del Golfo.
El anuncio fue hecho por el jefe negociador del Ejecutivo, Álvaro Jiménez, que explicó que las acciones se concentrarán en cinco municipios priorizados: Unguía, Acandí, Belén de Bajirá y Riosucio, en el departamento del Chocó, y Mutatá, en Antioquia.
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Según Jiménez, la implementación de estos acuerdos busca atender las causas estructurales de la violencia en esas zonas, donde confluyen economías ilegales, débil institucionalidad y una grave crisis humanitaria. “En estos territorios se pondrán en marcha acuerdos locales que buscan atender problemáticas estructurales derivadas de la violencia, la presencia de economías ilegales y la débil institucionalidad”, precisó el funcionario a Blu Radio.
Ejes de los acuerdos locales
El primero de los compromisos establecidos corresponde a la gestión migratoria, mediante acciones conjuntas con Migración Colombia para regular el tránsito de personas en el Darién, reducir la vulnerabilidad de las comunidades fronterizas y evitar que los grupos armados ilegales instrumentalicen a los migrantes en su paso hacia Centroamérica.

En materia de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, se desarrollarán proyectos productivos alternativos, impulsados por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, con acompañamiento técnico, social y económico. Estos programas buscarán ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades campesinas que dependen de economías ilegales para subsistir.
Otro eje fundamental es el fortalecimiento de la justicia local, que contempla la aplicación de los instrumentos del Ministerio de Justicia y del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, así como el apoyo de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa. Estas medidas pretenden restablecer la autoridad civil y el orden institucional en zonas donde el control estatal ha sido limitado o inexistente.
En cuanto al componente ambiental, el acuerdo establece el cumplimiento de las directrices del Ministerio de Ambiente, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) y Corpourabá. El propósito es frenar la deforestación, recuperar zonas degradadas y controlar las actividades mineras ilegales, que representan una fuente de financiamiento para grupos armados.
Finalmente, el Gobierno implementará acciones de protección integral a la niñez y adolescencia, lideradas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Estas medidas incluirán programas de restitución de derechos, atención psicosocial y prevención del reclutamiento de menores por parte de actores armados.
Mecanismos de verificación y presencia institucional

El jefe negociador explicó que los compromisos serán monitoreados y verificados por la Conferencia Episcopal Colombiana, el Consejo Mundial de Iglesias y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA). Además, los alcaldes, comunidades locales y autoridades étnicas tendrán una participación activa en la ejecución de los proyectos.
“El objetivo de esta fase es consolidar una presencia integral del Estado en los territorios más afectados por la violencia y sentar las bases de confianza necesarias para avanzar hacia una eventual desmovilización del grupo armado ilegal”, puntualizó Jiménez, según el medio citado.
La estrategia, según el negociador, pretende que las comunidades sean las principales beneficiarias del proceso, garantizando que los acuerdos se traduzcan en mejoras tangibles en seguridad, justicia y desarrollo social.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro confirmó el 13 de octubre que el Gobierno ya adelantó contactos con el Clan del Golfo, dos meses después de anunciar la reactivación del proceso de paz con ese grupo armado.
En su mensaje publicado en la red social X, el mandatario informó que el Gobierno de Catar actuará como intermediario en esta fase inicial: "He iniciado contactos con el Clan de Golfo con la intermediación del Gobierno de Qatar (sic)”. La mediación de Catar había sido solicitada por el mandatario durante su visita a Bruselas, con el fin de contar con un acompañamiento internacional que dé garantías de transparencia y seguimiento a las conversaciones.
En el mismo pronunciamiento, Petro dirigió un mensaje al Ejército de Liberación Nacional (ELN), invitando a su jefe negociador a retomar las mesas de diálogo suspendidas hace nueve meses. “Le respondo al señor Pablo Beltrán. Pruebe la paz de Colombia. No se necesita destruir una ciudad entera y matar 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario”, escribió el mandatario.
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