Gobierno Petro habría sacado mal las cuentas de la reforma a la salud y ahora las EPS estarían en serios problemas

El Congreso de la República reabrió el debate sobre el proyecto de reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro en medio de crecientes advertencias sobre su viabilidad fiscal. Ahora, un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) sostiene que el aval fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda subestima los costos reales del nuevo modelo, lo que podría traducirse en presiones adicionales para las finanzas públicas y en desafíos para la implementación de la reforma.

Así las cosas, mientras el Gobierno defiende la necesidad de transformar el sistema y fortalecer la atención primaria, las cifras de déficit de las entidades promotoras de salud (EPS) y los riesgos fiscales señalados por el centro de estudios económicos mantienen la incertidumbre sobre el futuro del sector.

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El proyecto de ley, archivado en 2023, regresó a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con el objetivo de reestructurar el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Frente a este, el Ministerio de Salud argumenta que los problemas estructurales del sistema justifican la iniciativa, pues, aunque se logró cobertura universal, esto incrementó el gasto público en aseguramiento.

Además, el Gobierno señala que el modelo actual prioriza la atención de enfermedades que podrían prevenirse, lo que evidencia la necesidad de un enfoque más preventivo. De igual manera, resalta la inviabilidad financiera de las EPS: de las 157 autorizadas históricamente, 129 fueron liquidadas y el 52% de los afiliados permanece en EPS intervenidas. Otro punto crítico es la integración vertical, que permite a las EPS prestar servicios con sus propias clínicas y hospitales, una práctica que, según el Ejecutivo, debilitó la competencia y afectó a las instituciones hospitalarias públicas.

Así las cosas, Anif puso en duda la solidez del aval fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda en agosto de 2025. Advirtió, por medio de un estudio denominado “Aval fiscal de la reforma a la salud: mayores gastos y menos recursos”, que los cálculos podrían omitir desvíos significativos en los montos asignados.

“La subestimación de costos en atención de alta complejidad derivada del enfoque preventivo, el crecimiento de las contribuciones, la magnitud real del fortalecimiento institucional, y el cubrimiento de los pasivos de las EPS sugieren que el nuevo sistema podría necesitar mayores recursos de lo planeado”, puntualizó el gremio que preside José Ignacio López. Además, resaltó que ”la ley de competencias con su consecuente reforma al SGP, supone nuevos desafíos en el frente fiscal no contemplados por la reforma”.

Asimismo, alertó sobre la posibilidad de que los cálculos oficiales no reflejen el verdadero costo del nuevo modelo, lo que podría generar presiones fiscales adicionales en los próximos años.

El informe también resalta que los costos tecnológicos, de recurso humano e infraestructura para la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) y la Superintendencia de Salud serían mucho más altos de lo que proyecta el Gobierno.

Sobre esto, sostiene: “Los recursos resultarían insuficientes ante la gravedad de la situación patrimonial de las aseguradoras”. De igual manera, Anif advierte que la reforma no contempla de manera adecuada te los efectos de la Ley de Competencias y la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), lo que introduce incertidumbre sobre los recursos disponibles para financiar el sistema.

Como se recordará, el Ministerio de Hacienda ya presentó las proyecciones oficiales que buscan respaldar la viabilidad de la reforma:

• Gasto en salud: pasará del 5,9% del PIB en 2026 al 7,6% en 2036, con el 96% de los recursos concentrados en atención primaria y servicios de mediana y alta complejidad.
• Fuentes de financiación: el Presupuesto General de la Nación (PGN) aportó el 38,6% de los recursos en 2024 y se prevé que este porcentaje alcance el 44% en la próxima década.

Sobre esta última, se debe tener en cuenta que los aportes de la Nación sumaron $38,9 billones en 2024, con proyecciones de $44 billones en 2026 y $96,2 billones en 2036 y que las cotizaciones del régimen contributivo se mantienen como la segunda fuente más importante, con estimaciones de $37,5 billones en 2026 y $49,7 billones en 2036, cifras que dependen de un crecimiento sostenido del empleo formal.

El aval fiscal también incluye el 100% del recaudo de impuestos a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, gravámenes a bebidas alcohólicas, el IVA social equivalente al 0,5% del recaudo total del IVA y recursos del SGP.

No obstante, el propio documento oficial reconoce riesgos en materia de sostenibilidad. El enfoque preventivo podría incrementar los costos en atención de mediana y alta complejidad, ya que el tamizaje masivo y la detección temprana de enfermedades aumentarían la demanda de procedimientos especializados.

El déficit financiero de las EPS representa otro de los grandes desafíos para la reforma. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reportó un patrimonio conjunto negativo de $12,4 billones a julio de 2025, sin incluir la Nueva EPS.

Por su parte, la Contraloría reveló que esta última acumuló pasivos por $21,4 billones en marzo de 2025, cifra muy superior a los $6,7 billones estimados en el aval fiscal.