Judicializados presuntos responsables de cobrar de manera fraudulenta pensiones vitalicias en Huila: recibieron más de $1.500 millones

Seis personas fueron judicializadas en el departamento de Huila por presuntamente haber cobrado en forma fraudulenta pensiones vitalicias, tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación.

Los implicados fueron identificados como Samuel Cuenca, Fernando Chila Parra, Luz Matilde Gutiérrez Gutiérrez, Henry Mosquera Salas, Luis Antonio Pérez Barragán y Jairo Perdomo Poveda. Están acusados de presentar ante la Secretaría de Gobierno departamental documentación falsa sobre vínculos laborales, lo que permitió la aprobación y desembolso ilegal de recursos públicos.

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Según la Fiscalía, “los elementos materiales probatorios pusieron en evidencia a los presuntos beneficiados con el reconocimiento fraudulento y pago de pensiones vitalicias en Huila”.

De acuerdo con el comunicado oficial, los ahora investigados omitieron certificaciones y documentos esenciales en sus solicitudes, como acreditaciones de experiencia, expedientes de cesantías, actos administrativos de nombramiento y registros de nóminas. Pese a estas ausencias, mediante maniobras engañosas lograron inducir a error a varios funcionarios y obtener el pago irregular de pensiones por más de 1.500 millones de pesos.

El ente acusador señaló que Gutiérrez Gutiérrez y Mosquera Salas aceptaron los cargos imputados durante el procedimiento judicial. La fiscalía precisó que “un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila imputó a estas seis personas, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal”.

La situación jurídica de los implicados está pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, en el marco de los preceptos de presunción de inocencia consagrados en la normativa colombiana. Entretanto, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar hechos de corrupción y facilitar el trabajo de control sobre los recursos públicos.

La Fiscalía recordó que los canales para el reporte y atención ciudadana están habilitados todos los días a través de líneas gratuitas nacionales e internacionales, así como mediante correos institucionales y plataformas en línea.

Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió el desmantelamiento en Bogotá de la banda conocida como ‘Fake Face’, dedicada a fraudes con pensiones y cesantías de trabajadores mediante la suplantación de identidad y el acceso ilícito a bases de datos.

En el operativo fueron capturados cuatro presuntos miembros: Héctor Fabián Betancourt Reyes —señalado como cabecilla—, Jhoinner Navas Márquez, Geovanny Zárate Cárdenas y Miguel Andrés Casseres Zárate.

Según informó la Fiscalía, la investigación se inició en junio de 2023 y permitió establecer el modus operandi de la organización. El grupo accedía sin autorización a datos de afiliados al Sistema de Seguridad Social y, con esta información, fabricaba cédulas falsas en las que insertaban sus propias fotografías, técnica que les permitía sortear filtros biométricos de las entidades bancarias. De esta forma, creaban cuentas de ahorro a nombre de las víctimas, facilitando la apropiación ilegal de los recursos.

El siguiente paso consistía en ingresar a las plataformas virtuales de fondos de cesantías, haciéndose pasar por los titulares legítimos, para solicitar retiros parciales o totales del ahorro.

Las solicitudes eran respaldadas con certificaciones fraudulentas sobre terminaciones de contratos laborales o supuestas compras para mejoramiento de vivienda. Una vez aprobadas, las sumas eran depositadas en las cuentas abiertas mediante identidades falsas. La Fiscalía determinó que esta operación les permitió apropiarse de más de 42 millones de pesos.

Durante la captura, las autoridades incautaron 70 cédulas y una considerable cantidad de tarjetas de productos financieros, además de otros elementos probatorios.

El fiscal a cargo imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir, falsedad personal, uso de documento falso, falsedad en documento privado, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y hurto por medios informáticos. Ninguno aceptó los cargos y, por decisión judicial, permanecerán privados de libertad mientras avanza el proceso.