El nombre de Sebastián Marset ha resonado con fuerza en los discursos del presidente Gustavo Petro, quien lo señala como uno de los principales responsables del asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci y lo vincula a la llamada ‘Junta de Dubái’, una federación de mafias latinoamericanas con proyección internacional.
La figura de Marset, apodado ‘el Pablo Escobar de Uruguay’, se ha consolidado como uno de los objetivos prioritarios de la DEA, que actualmente ofrece dos millones de dólares por información que conduzca a su captura.
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La trayectoria criminal de Sebastián Marset Cabrera se remonta a su juventud en Montevideo, donde nació el 10 de abril de 1991. Sus primeros pasos en el delito estuvieron ligados al hurto y la posesión de drogas, lo que lo llevó a pasar varios periodos en prisión entre 2012 y 2018 por narcotráfico de marihuana.
Durante su estancia en la cárcel, Marset estableció conexiones con el crimen organizado transnacional, lo que marcó su transformación de delincuente juvenil a capo del narcotráfico.
Al recuperar la libertad en 2021, Marset adoptó la fachada de productor musical y empresario de espectáculos, llegando a ser accionista y jugador del Club Deportivo Capiatá en Paraguay y propietario del equipo Los Leones de El Torno F.C. en Bolivia, utilizando la identidad falsa de Luis Amorim Santos.
Estas actividades deportivas y empresariales servían como cortina de humo para encubrir la operación del Primer Cartel Uruguayo (PCU), una estructura dedicada a la exportación de cocaína boliviana y colombiana hacia Estados Unidos y Europa, y al lavado de activos a través de múltiples empresas.
La investigación judicial en Paraguay, a la que tuvo acceso El Tiempo, detalló que Marset utilizó identidades falsas, como la de Gabriel de Souza Beumer, con documentos brasileños y bolivianos presuntamente apócrifos, para ingresar y salir del país desde 2018.
El expediente señala que empleó estos documentos para moverse entre Bolivia, Colombia, Uruguay y Brasil, desde donde coordinaba sus operaciones ilícitas. Uno de sus principales socios sería Miguel Ángel Insfran Galeano, y el grupo delictivo estaría integrado por familiares y personas de confianza.
La fachada empresarial de Marset incluía la gestión de la compañía JC Productions / Mastian Productions S.A.S., registrada en agosto de 2019 y dedicada a la organización de eventos masivos. La empresa, cuyo accionista mayoritario figura como Gabriel de Sousa Beumer, no ha reportado movimientos recientes y en 2024 declaró activos por 80 millones de pesos uruguayos.
Así mismo, las autoridades paraguayas sostienen que Marset se construyó la imagen de empresario artístico para facilitar el blanqueo de capitales y el tráfico internacional de narcóticos, valiéndose de medios informales en países como Colombia, Ecuador y Venezuela para difundir su supuesta actividad lícita.
El mecanismo de lavado de dinero descrito por la fiscalía de crimen organizado de Paraguay incluía el uso de tokens numéricos y la inscripción de la sigla PCU en los billetes, una marca que Marset lleva tatuada en la muñeca. Este método se vincula directamente con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Cartagena el 10 de mayo de 2022.
Los autores materiales del crimen, según las autoridades fueron: Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, que confesaron haber recibido el pago a través de criptoactivos convertidos en efectivo en casas de cambio de Cúcuta y Medellín. La Fiscalía colombiana rechazó su solicitud de colaboración a cambio de beneficios, concediéndoles únicamente una rebaja del 45% de la pena tras aceptar los cargos.
En cuanto a la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, no existen pruebas que vinculen a la organización de Marset.
El presidente Gustavo Petro ha sugerido que el móvil podría estar relacionado con un negocio de esmeraldas y la participación de Julio Lozano (Pirateque), exsocio del zar esmeraldero Víctor Carranza, aunque la hipótesis principal de la Fiscalía apunta a las disidencias de ‘Iván Mordisco’.
La persecución internacional contra Marset se intensificó tras el asesinato de Pecci. La DEA lo incluyó en el cuarto lugar de su lista de fugitivos más buscados y, mediante un comunicado, instó a la colaboración ciudadana:
“Se alienta a cualquier persona que tenga información sobre sus actividades, incluyendo el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el uso de la violencia (o amenazas de usarla), o sobre su paradero, a que la comparta”, según la agencia estadounidense. El Gobierno de Estados Unidos oficializó la recompensa de USD2 millones (8.237.380.000 pesos colombianos) para quien aporte datos verídicos sobre su paradero.
El representante de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Cartwright Weiland, reveló que existen indicios de que Marset podría estar oculto en Venezuela. De confirmarse esta información, se trataría de un avance relevante en el marco de la cooperación antidrogas entre Estados Unidos y Paraguay.
En el plano familiar, la presión sobre el entorno de Marset se incrementó con la extradición de su esposa, Gianina García Troche, desde España a Paraguay el 21 de mayo, escoltada por agentes de Interpol. Según Swissinfo, García Troche enfrentaba una orden internacional de detención por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
A pesar de la constante mención de Sebastián Marset en los discursos de Gustavo Petro, en Colombia no existe una orden de arresto en su contra. Desde julio de 2023, su paradero es desconocido; la última vez que fue identificado utilizó la identidad de Luis Amorim Santon como supuesto jugador de fútbol y logró evadir la captura. La DEA mantiene activa la búsqueda, mientras la figura de Marset sigue siendo central en la narrativa oficial sobre el crimen organizado en la región.
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