Gobierno declaró importante sector de Sopó, Cundinamarca como zona protegida: solo se podrán usar las tierras para producir alimentos

El Ministerio de Agricultura declaró Área de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) sobre 1.951,16 hectáreas del municipio de Sopó, Cundinamarca, en aras de establecer medidas frente a la creciente presión de urbanización que encara esta región agrícola fundamental para el país.

Así lo anunció la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural en su comunicación oficial del 3 de septiembre de 2025, en la que destacó que esta extensión que será protegida representa el 17,6% de la superficie total del municipio.

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La estrategia de las Appa emerge del compromiso gubernamental por preservar los suelos de mayor aptitud agropecuaria, en respuesta a las alertas por el cambio de uso de la tierra y la amenaza a la función agrícola y pecuaria de las zonas rurales.

Según precisó el Ministerio, “esta figura mitigará las presiones que atraviesan los suelos rurales y garantizará los espacios destinados específicamente a la producción sostenible de alimentos, sobre todo por parte de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria”.

La resolución se ampara, como informó la cartera, en la Ley 2294 de 2023, un marco jurídico que define a las Appa como determinantes para salvaguardar el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, en integración a herramientas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

En el caso de Sopó, la decisión fue tomada para frenar la conversión de la tierra agrícola ante intereses urbanísticos, riesgos que pondrían en entredicho la seguridad alimentaria municipal y fragmentarían el territorio rural.

No solo la aptitud productiva de la zona fue un elemento clave para la declaratoria; el peso económico de la agricultura en la región es notorio. Cundinamarca, donde se ubica Sopó, aportó en 2023 el 6,1% del PIB nacional y ocupa el quinto lugar en contribución a la economía del país, tal como certifican los datos del Dane de 2024.

En particular, Sopó reportó en 2022 un valor agregado de 1.287 mil millones de pesos, con un un crecimiento del 26,6%, informó el comunicado gubernamental.

El viceministro encargado de Desarrollo Rural, Jose Luis Quiroga, afirmó el sentido y el alcance de la medida. Dijo que “Sopó se caracteriza por tener uno de los mejores suelos del país. Es importante aclarar que las Appa no obligan ni condicionan qué se debe sembrar ni cuáles actividades agropecuarias se deben realizar y cuáles no. Son una figura dirigida exclusivamente a la protección del suelo rural y a incentivar su desarrollo”.

Además, resaltó que los suelos de la zona poseen una aptitud agropecuaria catalogada como “alta”, ratificándolos como puntos estratégicos de abastecimiento para los mercados regionales.

Con la publicación de la medida en el Diario Oficial (edición 53.217 del 19 de agosto de 2025), quedó establecido el inicio inmediato de la colaboración entre el Ministerio, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) y las entidades locales para trazar acciones de preservación y manejo territorial. Como parte de la Etapa 3 del proceso, ya en curso, se prevé la puesta en marcha de un Plan de Acción a doce meses, alineado con las prioridades de Sopó.

El Ministerio enfatizó que “las APPAs no afectan la propiedad privada, ya que los dueños mantienen plenamente sus derechos sobre la tierra. Además, tampoco existe una imposición sobre qué sembrar. Por el contrario, pondrá a disposición de los productores asistencia técnica y oferta institucional, para que cada uno pueda decidir qué cultivar con más herramientas y mejores conocimientos”.

Desde la perspectiva institucional, las APPA son no solo una medida de defensa de la base productiva del país, sino una apuesta por la democratización territorial.

Desde el Ministerio se concluyó: “En un país con profundas desigualdades en el acceso y uso de la tierra, las APPA representan una apuesta concreta por la democratización territorial. Proteger la tierra fértil es proteger el presente y el futuro de Colombia”.

La creación de esta figura consolida la política nacional de cuidado del suelo, la cultura campesina y la alimentación como derecho fundamental, bajo la promesa expresa de avanzar con el proyecto de Gobierno.