El excapo Juan Fernando Álvarez Meyendorff acusó a la Fiscalía de supuesto lavado de activos: “Más corrupta que los mismos hampones”

La reaparición pública de Juan Fernando Álvarez Meyendorff, excapo del narcotráfico vallecaucano, ha generado conmoción en el ámbito judicial colombiano tras una declaración juramentada en la que acusa a la Fiscalía General de la Nación de presunto lavado de activos y corrupción en la administración de bienes incautados a su organización.

La denuncia, conocida por la revista Cambio, cuestiona la gestión de los bienes decomisados al denominado ‘Clan Álvarez Meyendorff’ y señala a funcionarios y testigos clave del proceso.

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En su testimonio, Álvarez Meyendorff sostiene que, pese a haber colaborado con las autoridades estadounidenses y colombianas al entregar información detallada sobre los integrantes y activos de su red criminal, la Fiscalía no actuó contra uno de sus principales testaferros, Juan Carlos Chalela Botero.

Según el excapo, Chalela, que fue su empleado entre 2007 y 2010, no solo evitó someterse a la justicia, sino que actualmente figura como testigo principal en su contra, con el respaldo total de la Fiscalía. Álvarez afirma que el testimonio de Chalela fue “pagado con el mismo dinero que se entregó a los Estados Unidos, con los mismos bienes”, y acusa a la entidad de no haber extinguido propiedades que, asegura, siguen en manos de allegados a Chalela.

La denuncia de Álvarez Meyendorff se produce poco después de que la Fiscalía 12 de Extinción de Dominio, bajo la dirección del fiscal Ariel Alape, ratificó la procedencia de la extinción de dominio sobre 20 inmuebles y seis negocios vinculados a su familia. En la misma resolución, Alape compulsó copias para investigar a varios familiares del excapo, entre ellos su exesposa Luz Marina Duque, sus hermanos Libardo e Ignacio Álvarez, y sus sobrinos Sebastián y Mauricio Álvarez Sarria, por posible lavado de activos.

Ignacio Álvarez, hermano mayor de Juan Fernando, fue condenado en Estados Unidos por conspiración para la distribución internacional de cocaína, mientras que los sobrinos recibieron sentencias en Argentina por lavado de activos.

El historial criminal de Álvarez Meyendorff y su entorno familiar es extenso. El excapo, de 55 años, lideró la organización ‘Mechas’ y fue considerado el ‘rey de los narcosubmarinos’ tras coordinar el envío de 68 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Tras entregarse a las autoridades estadounidenses en 2013, cumplió una condena de siete años y tres meses de prisión y pactó una multa de 20 millones de dólares con la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Su familia, radicada en Argentina, también enfrentó condenas por lavado de activos en 2020, según el Tribunal de La Plata. La organización, con raíces en el Valle del Cauca, mantuvo vínculos con figuras como Luis Agustín Caicedo Velandia, alias Don Lucho, y otros capos del narcotráfico y el paramilitarismo.

La operación de extinción de dominio sobre los bienes del ‘Clan Álvarez Meyendorff’ fue anunciada en 2013 por la Fiscalía de Eduardo Montealegre como “el mayor golpe en la historia de la institución”, con la afectación de 200 bienes y negocios valorados en 700 millones de dólares.

El proceso se inició tras la captura de ‘Don Lucho’ en Argentina y la posterior detención de Ignacio Álvarez, lo que llevó a la Fiscalía colombiana a perseguir los activos del clan. Álvarez Meyendorff asegura que entregó a las autoridades un inventario completo de los bienes y miembros de su organización, pero denuncia que la Fiscalía permitió que algunos activos permanecieran en manos de terceros, quienes, según él, han sido protegidos por funcionarios judiciales.

El papel de Juan Carlos Chalela Botero como testigo ha sido central en el proceso. Álvarez Meyendorff sostiene que Chalela, lejos de ser un simple ganadero como declaró ante la Fiscalía en 2013, estuvo involucrado en actividades criminales y fue protegido por él tras amenazas de muerte.

El excapo alega que Chalela negoció con el exfiscal Rodrigo Aldana Larrazábal, que habría facilitado la permanencia de bienes en manos de Chalela y su entorno a cambio de pagos y favores. Álvarez afirma que “el doctor Aldana les dio todo este blindaje para él poder, pensando que podía sacarnos dinero extorsionándonos porque, pues a eso fue fiscal Aldana a los Estados Unidos, vino acá a eso, a cobrarnos unas cuotas para liberar algunos bienes”.

Rodrigo Aldana Larrazábal, que llevó el caso de extinción de dominio del clan desde sus inicios, fue condenado en 2017 por la Corte Suprema de Justicia por corrupción relacionada con este proceso, aunque ya cumplió su pena. El fallo judicial determinó que Aldana perdió competencias para casos de extinción de dominio en 2014, pero se mantuvo vinculado al expediente de los Meyendorff.

Consultado por la revista Cambio sobre las acusaciones de Álvarez Meyendorff, Aldana negó rotundamente los señalamientos y anunció que evalúa acciones legales contra el excapo.

En su declaración, Álvarez Meyendorff también involucra al fiscal Uriel Acero, con quien asegura haber sostenido una videollamada en 2022 para exponer las supuestas irregularidades.

Según el excapo, la única respuesta que recibió fue una breve confirmación, tras la cual no obtuvo más comunicación. Álvarez sostiene que la Fiscalía “es más corrupta que los mismos hampones (…) lavan dinero, cobran cuota”, y acusa a los fiscales que han intervenido en su caso de actuar fuera de la legalidad.

El proceso judicial sobre los bienes del clan se abrió en 2012 y permaneció estancado durante 11 años, reactivándose en 2023 con la notificación a los implicados y la apertura de la fase probatoria en 2024.

La defensa de la familia Álvarez Meyendorff ha señalado múltiples irregularidades en el procedimiento, mientras que otro caso relacionado con los bienes del clan, iniciado en 2013, sigue sin resolución. En 2021, la Corte Suprema de Justicia instó a la Fiscalía a resolver la situación en un plazo de 12 meses, destacando la incertidumbre de decenas de personas con bienes embargados por presuntos vínculos con la organización.

Las declaraciones juramentadas de Álvarez Meyendorff, recogidas por Cambio, incluyen afirmaciones como: “La Fiscalía está lavando dinero. Está cometiendo lavado de dinero, está lavando dinero”. El excapo sostiene que, pese a haber confesado ante las autoridades estadounidenses el origen ilícito de los bienes y la forma en que se lavó el dinero, la Fiscalía permitió que estos activos se vendieran para pagar testimonios en su contra. Además, asegura haber enviado comunicaciones a la entidad en 2013 y 2017 sin recibir respuesta.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, consultada por Cambio, indicó que el caso se encuentra en revisión por parte de una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que tomará las decisiones pertinentes una vez concluya la verificación de los elementos probatorios.