La decisión judicial que pesa sobre el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González resalta la magnitud de los delitos que se le atribuyen y el impacto sistémico que han tenido en la estructura estatal colombiana.
“Le asiste razón a la delegada de la Fiscalía, toda vez que los comportamientos por los cuales se formuló imputación a Carlos Ramón González Merchán revisten una gravedad manifiesta, por el daño que ocasionan a la sociedad y en especial a la administración pública, el cual es demasiado alto, porque conlleva el corromper las instituciones encargadas de legislar en nuestro país y utilizar los fondos destinados para atender los riesgos y desastres naturales para satisfacer ese fin ilícito, lo cual implica la desinstitucionalización del Estado”, dice el fallo judicial.
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En este contexto, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre solicitó de manera formal a la Fiscalía General de la Nación que inicie los trámites de extradición de Carlos Ramón González, que permanece prófugo en Nicaragua.
Según el propio Montealegre, el pedido se fundamenta en el tratado bilateral vigente entre Colombia y Nicaragua, firmado en Managua el 25 de marzo de 1929, lo que otorga un marco legal claro para la solicitud.
La decisión del Ministerio de Justicia se produce tras la revelación de que González habría obtenido la residencia en Nicaragua el mismo día en que la Fiscalía le imputó cargos por cohecho, peculado y lavado de activos, delitos vinculados al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).
La Embajada de Colombia en Nicaragua remitió un documento al gobierno nicaragüense solicitando apoyo para regularizar el estatus migratorio de González y renovar su residencia.
El texto oficial expresa: “Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que la misma está por vencer el 14 de junio de 2025”.
Ante los señalamientos de que el Gobierno habría facilitado la permanencia de González en el país centroamericano, el presidente Gustavo Petro negó cualquier colaboración oficial para otorgar ese beneficio a quien fue uno de sus colaboradores más cercanos.
El ministro Montealegre también enfatizó que su cartera está dispuesta a colaborar en el proceso de extradición tan pronto como la autoridad judicial competente remita la documentación necesaria.
La cartera de Justicia reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y manifestó su disposición a garantizar que se haga justicia en este caso.
Montealegre destacó la respuesta de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que notificó el inicio de los trámites correspondientes para la extradición.
El ministro subrayó: “El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia”.
La Fiscalía General de la Nación requiere a Carlos Ramón González por su presunta participación en el millonario escándalo de la Ungrd, en el que se le acusa de haber desviado fondos públicos destinados a la atención de riesgos y desastres naturales para fines ilícitos.
La gravedad de los hechos, según la decisión judicial, radica en el daño causado a la administración pública y en la desinstitucionalización que implica el uso indebido de recursos estatales.
El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que se mantendrán listos para colaborar en el proceso de extradición, una vez que la autoridad judicial remita la documentación pertinente.
Montealegre insistió en que esperan una respuesta pronta y expedita, y expresó satisfacción por la celeridad con la que se han iniciado los trámites para concretar la solicitud de extradición.
“El Ministerio de Justicia y del Derecho reitera su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y trabajará para garantizar que se haga justicia en este caso; recibe con satisfacción la pronta respuesta de la fiscal general, Dra. Luz Adriana Camargo, quien notificó el inicio de los trámites correspondan”, indicó el ministro.
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