Encuentran muerto a pescador desaparecido en Barú, Cartagena, con signos de violencia y tortura

El hallazgo del cuerpo sin vida de Víctor Alberto González Villa, un pescador de 40 años oriundo de Caño del Loro, en la isla de Tierra Bomba, conmocionó a la comunidad de Cartagena.

El cuerpo del hombre fue encontrado el jueves 14 de agosto flotando en aguas frente a la isla de Barú, con aparentes signos de violencia, tras haber sido reportado como desaparecido desde el lunes 11 de agosto.

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Según informaron medios locales y reportes iniciales de las autoridades, González Villa había salido a pescar el lunes en compañía de un hombre identificado como Germán. De acuerdo con los testimonios recogidos por la familia, ambos se comunicaron por última vez con allegados a las 7:00 p.m., previendo su regreso entre las 10:00 y 11:00 p. m., como era costumbre en sus jornadas de pesca.

La desaparición se tornó aún más inquietante después de que el compañero Germán apareciera el martes y relatara que, durante la faena, ambos fueron abordados por desconocidos. Según su versión, hombres los atacaron y lo golpearon con la empuñadura de un arma de fuego, le cubrieron la cabeza con una bolsa y lo arrojaron al mar. Germán aseguró que logró sobrevivir gracias al auxilio de colegas pescadores que lo rescataron en cercanías de Barú.

El personal de Guardacostas de la Armada Nacional se encargó de recuperar el cuerpo de González Villa y trasladarlo a Cartagena, donde fue puesto a disposición de la morgue de Medicina Legal para los procedimientos forenses correspondientes. Hasta el momento, las causas oficiales de la muerte no se han esclarecido, mientras que las autoridades no han emitido un comunicado sobre los avances en la investigación.

Familiares y amigos exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si los hechos están relacionados con violencia en la zona o con disputas locales vinculadas a actividades marítimas. El caso ha provocado preocupación entre los habitantes de Tierra Bomba y Barú, quienes piden mayor protección y la intervención de las autoridades para prevenir nuevos hechos violentos que afectan a la comunidad de pescadores en el Caribe colombiano.

A mediados de julio, las playas de Barú, en Cartagena, fueron escenario de un violento atentado que recordó el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ocurrido en 2022. El sábado 19 de julio, el ciudadano venezolano Juan Carlos Pérez Cardales fue atacado por sicarios que llegaron en una moto acuática hasta la zona de Playa Puntilla y le dispararon, empleando un método ya conocido en la región.

Según informó la Policía Metropolitana de Cartagena, el ataque ocurrió cerca de las 5:30 p. m., cuando dos hombres arribaron a la orilla del mar en la moto acuática. Uno de ellos se acercó a Pérez Cardales y, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa en la cabeza, provocando su muerte instantánea.

Testigos relataron que la víctima quedó tendida en la arena, mientras una mujer, presuntamente su pareja sentimental, lloraba junto al cuerpo. La escena generó conmoción entre residentes y visitantes, quienes cuestionaron fuertemente la falta de seguridad en la zona.

La similitud con el caso de Pecci, asesinado por sicarios en circunstancias parecidas, llegó a ser mencionada en el comunicado oficial, donde las autoridades confirmaron el modo de operación y señalaron que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió la investigación. Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo y recopila información para identificar a los autores materiales.

La Policía reportó que Pérez Cardales tenía antecedentes judiciales por homicidio en 2020 y hurto en 2025, lo que sugiere posibles vínculos con actividades ilícitas, aunque aún no se establece un móvil claro para el asesinato. El caso puso nuevamente a prueba la respuesta de las autoridades frente al avance del sicariato en zonas turísticas del Caribe colombiano.

Cabe resaltar que, en el marco de operativos recientes contra el crimen organizado, se registró la captura de Pelufo Aguilar, de 38 años, implicado en al menos diez homicidios en Cartagena, muchos perpetrados bajo la misma modalidad y ligados a disputas por el control territorial y la comercialización de estupefacientes. Las investigaciones continúan para esclarecer la relación entre estos hechos y la violencia recurrente en diversos sectores de la ciudad.