El caso Uribe y las masacres de La Granja y El Aro: nuevos testimonios de los hermanos Ángulo Osorio sobre paramilitarismo

Las confesiones recientes de los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio, exempresarios de Ituango, han añadido nuevos elementos a la investigación sobre las masacres de La Granja y El Aro ocurridas en Antioquia en 1996 y 1997, respectivamente.

Ambos testificaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre su participación en la financiación y logística de los grupos paramilitares vinculados al jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, y narraron el papel clave de altos funcionarios de la Gobernación de Antioquia durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.

Esta información, revelada por una investigación de El Espectador, añade presión sobre el caso judicial que involucra al expresidente, actualmente condenado en primera instancia por manipulación de testigos.

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Según el medio, los Angulo Osorio, quienes llegaron a la JEP luego de varias condenas judiciales, declararon haber colaborado directamente con paramilitares y miembros de la fuerza pública de la región. En palabras de Francisco Angulo ante la JEP: “Hice parte de la Convivir como auditor fiscal. Este grupo fue creado para ser un intermediario legal entre paras y Ejército. Teníamos con los paras una relación de amistad, de financiamiento y de entrega de información. El rol mío y el de todos los que colaboramos fue haber financiado y prestar ayuda de víveres, medicinas, transporte, alojamiento, y dinero a los paras, al igual que darle información al Ejército y a la Gobernación de Antioquia de donde debían bombardear, todo eso permitió la masacre del Aro y La Granja. Los transportadores, ganaderos, cafeteros, tenemos que ver, ya que financiamos y prestamos logística para que el grupo ingresara y se mantuviera en la zona”.

Esta confesión implica una red de apoyo logístico y financiero que involucró tanto a civiles como a actores estatales.

De acuerdo con el reportaje, los Angulo vincularon a dos funcionarios de confianza de la administración de Uribe: Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno durante ese periodo y fallecido en 2006, y un asesor de apellido Zapata, a cargo de tramitar la legalización de las asociaciones Convivir. Francisco Angulo explicó ante la JEP el procedimiento para establecer estas agrupaciones.

“Había tres pasos básicos: Se constituía la asociación (la Convivir); luego debíamos tener un concepto militar favorable de la Cuarta Brigada del Ejército; después se solicitaba el reconocimiento de la personería ante la Gobernación de Antioquia (que fue firmada por Zapata) y; después se tramitaba ante la Superintendencia de Vigilancia las armas y radios de comunicaciones”, según citó el medio mencionado.

El Espectador también difundió que los comerciantes relataron prácticas estremecedoras de los paramilitares, como el arrojo de víctimas a precipicios conocidos como los voladeros de Chingalé, ubicados entre Ituango y Medellín, y vínculos familiares directos entre integrantes de Convivir y quienes ejecutaban las masacres.

Además, las aprobaciones de estas asociaciones por parte de la Gobernación y la Cuarta Brigada del Ejército se realizaron en tiempos récord. El acta militar que permitió la existencia de la Convivir en Ituango se expidió al día siguiente de su creación, y la resolución del reconocimiento legal desde la Gobernación fue emitida solo nueve días después.

Al respecto, los magistrados de la JEP subrayaron la “expeditez” y el especial interés de un general de apellido Ospina —según los Angulo, el más decidido a impulsar el surgimiento de las Convivir para colaborar con información al Ejército—.

En referencia a la posición del expresidente Uribe, El Espectador recuerda que, en 2018, éste aceptó su respaldo a las Convivir argumentando creer en la colaboración ciudadana con la fuerza pública.

Uribe manifestó: “El gobierno departamental reconocía la personería jurídica, pero la licencia operativa y la supervisión correspondían a la Superintendencia de Vigilancia del Gobierno Nacional. Como gobernador de Antioquia se canceló tres personerías jurídicas y se suspendió otra, por comprobadas irregularidades. Siempre impulsé el trabajo honesto a través de reuniones periódicas entre los gerentes de las Convivir con la finalidad de cimentar el compromiso que las asociaciones debían proclamar y respetar los derechos humanos”.

Ante estas revelaciones, el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, respondió al medio: “Ese relato de los hechos no supera ni el ámbito del chisme, el testigo (que no identifica quién es) dice que un tercero tenía interlocución con un funcionario, que ya hoy falleció y quien por ello no puede referirse al tema (Pedro Juan Moreno, muerto en un aparente accidente aéreo en 2006). La posición del doctor Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia frente al paramilitarismo está plenamente documentada como se evidencia en sus discursos y las múltiples denuncias que interpuso por los crímenes de estos grupos”.

En esa misma comparecencia ante la JEP, Francisco Angulo apuntó la complicidad de una fiscal que filtraba información sensible sobre las investigaciones vinculadas a los paramilitares.

Sobre el destino de la documentación, Angulo detalló: “Esa fiscal informó que estaban investigando la entrada paramilitar a Ituango y la relación de la Cuarta Brigada a raíz de la denuncia de Valle. La investigación se estaba llevando en Caucasia, pero la Fiscalía ordenó llevar ese expediente a Medellín. Un camión de la Fiscalía era el encargado de llevar el expediente, pero fue interceptado el vehículo, se robaron los expedientes y es ahí donde se lee realmente lo que había y las pruebas”.

La mencionada fiscal fue asesinada años después, y la información acerca de su implicación permanece bajo análisis dentro del proceso judicial.

Por último, los hermanos Angulo agregaron que Jacinto Soto Toro, alias Lucas, figuró como enlace financiero para operaciones como las masacres de La Granja y El Aro, expidiendo recursos a los paramilitares en Ituango. “Cuando Lucas no mandaba dinero a los paras en Ituango, yo le entregué 10 millones a alias Junior, el paramilitar en Ituango que seguía órdenes de Mancuso”, aseveró Francisco Angulo.