Consejo de Estado ordenó al Gobierno adoptar medidas urgentes para proteger a la niñez desplazada en el Catatumbo

El Consejo de Estado emitió una decisión trascendental para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo, donde el recrudecimiento del conflicto armado entre grupos ilegales ha provocado desplazamientos masivos y graves afectaciones a la niñez.

La sentencia ordena al Ministerio del Interior, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), a otras entidades y a los municipios de la región implementar nuevas medidas para proteger a los menores desplazados.

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En la providencia se establece que los municipios de Teorama, El Tarra, Ábrego, El Carmen, Convención, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander y Río de Oro deben iniciar de forma inmediata los censos de su población desplazada reciente y activar la ruta de atención humanitaria.

El fallo también exhorta a entidades nacionales como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Agencia de Renovación del Territorio, entre otras, a coordinar acciones en un plazo máximo de 15 días.

El alto tribunal subrayó que las medidas deben tener un enfoque diferencial en favor de los niños, niñas y adolescentes, quienes “tendrán prevalencia constitucional, en aras de lograr su protección integral y el restablecimiento de sus derechos”.

La decisión judicial responde a una acción de tutela presentada por Germán Calderón España y otros ciudadanos, que pidieron el amparo de los derechos fundamentales a la vida, educación, salud, cultura y deporte de los menores del Catatumbo. El alto tribunal reconoció la situación de emergencia en esta región fronteriza con Venezuela, donde los combates entre el ELN y otros grupos armados ilegales han forzado a miles de familias a abandonar sus hogares desde enero de 2025.

De acuerdo con Unicef Colombia, lo ocurrido constituye el mayor desplazamiento masivo registrado en el país en los últimos 28 años. Niños y niñas que antes asistían a la escuela o jugaban en sus comunidades hoy viven en coliseos, alojamientos temporales, hoteles o duermen en colchonetas en el suelo. La pérdida de sus rutinas y el desarraigo los ha expuesto a un panorama de incertidumbre y vulnerabilidad.

El desplazamiento ha tenido consecuencias inmediatas en la interrupción de las trayectorias educativas, la separación familiar, el aumento de los riesgos de violencia sexual y de reclutamiento forzado, así como problemas de salud derivados de la falta de acceso a agua potable y saneamiento.

Además, la situación afecta también la capacidad de las familias para garantizar la protección y el cuidado de los menores.

Más allá de los efectos visibles del desplazamiento, las autoridades han advertido sobre los impactos psicológicos que la violencia y el desarraigo generan en la infancia. En varios casos se han reportado ideación e intentos de suicidio en niños y adolescentes, así como un deterioro general de la salud mental en las familias. Estos factores incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia, el abuso y la explotación en los lugares de refugio.

El Consejo de Estado, al amparar los derechos fundamentales de la niñez, reiteró que el Estado colombiano está obligado a adoptar medidas efectivas y sostenidas para garantizar la atención humanitaria, la protección integral y el restablecimiento de derechos.

El fallo será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, lo que podría abrir el camino para un pronunciamiento de mayor alcance sobre la responsabilidad del Estado en escenarios de crisis humanitaria y un hito en la defensa de la niñez en contextos de conflicto armado.

Por ahora, la orden del Consejo de Esstado es clara: no solo que las autoridades territoriales actúen con rapidez en el Catatumbo, también que todo el aparato estatal responda con medidas concretas frente a una crisis que amenaza el presente y futuro de miles de niños y niñas.