El 1 de agosto de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la adopción de dos medidas cautelares dirigidas a la Nueva EPS, con el propósito de proteger los derechos fundamentales de los usuarios y asegurar el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss).
De acuerdo con el comunicado emitido por Supersalud, las disposiciones son de carácter preventivo y no sancionatorio, y buscan contener riesgos potenciales que puedan afectar la vida, la integridad física de los afiliados y la destinación adecuada de los recursos públicos en salud.
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¿Qué disponen estas medidas?
La primera medida impuesta contempla un nuevo mandato al contralor designado de la Nueva EPS para mantener un seguimiento sobre las postulaciones de giros de recursos destinados a la red de prestadores y proveedores de servicios.
La segunda acción instruida consiste en la ejecución de un acompañamiento presencial y permanente por parte del equipo técnico de la Delegatura de Aseguramiento de la Supersalud. Este monitoreo apunta a verificar en tiempo real la correcta y oportuna ejecución del plan de trabajo aprobado para la Nueva EPS.
Bajo estas disposiciones, la entidad debe garantizar, documentar y suministrar la información requerida para la realización de validaciones técnicas.
Estas validaciones deben cubrir criterios de legalidad, oportunidad y destinación de los fondos, además de emitir conceptos técnicos acompañados de análisis y recomendaciones documentadas sobre la viabilidad de cada desembolso.
La Supersalud también emitió una advertencia a la Nueva EPS S.A. y a todos sus prestadores y proveedores sobre la obligatoriedad de observar estrictamente el régimen normativo y las condiciones establecidas para el uso de los recursos del Sgsss.
La autoridad reiteró que estas medidas tienen como objetivo prevenir prácticas no autorizadas que pongan en riesgo la integridad del sistema y el acceso efectivo a los servicios de salud para los usuarios.
El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, enfatizó que “las EPS intervenidas tienen un agente interventor que es también un vigilado nuestro. Así que estamos atentos y vigilantes para que todos los actores, todos, cumplan a los usuarios afiliados al sistema de salud”.
En una comunicación dirigida a usuarios en Medellín, Rubiano García advirtió que la situación crítica que afecta a muchos afiliados responde a fallas sistémicas que exigen soluciones estructurales y sostenidas.
Planteó la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, garantizando que sea resolutivo, accesible y eficiente, e insistió en la importancia de establecer mayores mecanismos de control sobre los recursos del sistema.
Rubiano García reiteró que la demora en la atención, la negación de servicios, la entrega incompleta o tardía de medicamentos y cualquier tipo de barrera administrativa comprometen la salud y la vida de los ciudadanos.
“Los gestores y demás actores del sistema deben entender que la demora, la negación de un servicio, la entrega incompleta e inoportuna de un medicamento y las barreras de cualquier índole que se impongan a la prestación de los servicios, ponen en riesgo la integridad y derecho a la salud de los ciudadanos”, detalló.
Recordó que todos los agentes del sistema de salud, como parte del Sgsss, tienen la obligación de actuar con responsabilidad para garantizar el derecho fundamental a la salud y su relación directa con el derecho a la vida.
“(...) al pertenecer al Sistema General de Seguridad Social en Salud y como actores del mismo, adquieren responsabilidades frente al ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la salud y su conexidad con el derecho a la vida. Abogamos entonces, desde esta Superintendencia Nacional de Salud, por soluciones estructurales para problemas sistémicos graves que hoy persisten y afectan la prestación del servicio a la salud”, dijo puntualmente.
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