La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jairo Alberto Garro Rivera, señalado de captar de forma ilegal más de 260 millones de pesos a ciudadanos en Florencia, Caquetá.
El procesado habría adelantado actividades de captación masiva de dineros bajo la promesa de inversión y rentabilidad financiera, sin contar con la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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La investigación permitió identificar a 20 personas que, entre febrero y diciembre de 2024, entregaron fondos a Garro Rivera esperando altas ganancias.
Según las pruebas reunidas, los rendimientos ofrecidos llegaban hasta el 80 por ciento en solo 20 días, una cifra muy por encima de lo que ofrece el mercado formal. Las víctimas le entregaron dinero en efectivo, por consignaciones bancarias y transferencias, recibiendo comprobantes que pretendían dar legalidad a la operación.
Garro Rivera no estaba registrado como entidad autorizada para captar recursos ni cumplía con la normatividad vigente para este tipo de operaciones. El ciudadano usó publicaciones en redes sociales para atraer y persuadir a personas bajo la promesa de retornos financieros extraordinarios.
“De manera personal y sin contar con la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, ha venido desarrollando actividades de captación masiva de dineros del público con fines de inversión y rentabilidad financiera”, detalló la fiscal.
“Además, se detalló que las actividades se llevaron a cabo desde el mes de febrero a diciembre del 2024 con promesas superiores a los del mercado financiero formal”, añadió la fiscal y detalló que esto lo hacía con publicaciones en redes sociales que motivaban a las personas a invertir.
Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Caquetá le imputó el delito de captación masiva y habitual de dineros agravada, cargo que no fue aceptado por el procesado. Las autoridades continúan adelantando acciones para esclarecer si existen más víctimas y desarticular esquemas similares en la región.
Así operaba la red que estafó a decenas con falsas ofertas de vivienda sobre terrenos de narcos en Jamundí
Cinco personas fueron capturadas en Jamundí, Valle del Cauca, acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la estafa masiva de ciudadanos mediante la venta fraudulenta de terrenos y viviendas, usando como fachada fundaciones y documentación falsa.
La investigación, liderada por la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército, logró desarticular la red que operó principalmente sobre un predio de 152.000 metros cuadrados conocido como San Isidro, ubicado en zona rural de Potrerito y bajo extinción de dominio por haber pertenecido a estructuras del narcotráfico.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de administrar los bienes incautados al crimen organizado, confirmó en visitas recientes que el lote fue comercializado irregularmente a decenas de familias, muchas de ellas mujeres cabeza de hogar y víctimas de desplazamiento. Los estafadores ofrecían lotes entre cuatro y ocho millones de pesos, prometiendo “aportes voluntarios” y legalización con documentos simulados, autenticaciones notariales y visitas guiadas. Para atraer a las víctimas, difundían la supuesta autorización de la SAE y la Alcaldía, en declaraciones que han sido desmentidas por la administración local de Jamundí.
La Alcaldía municipal destacó que en total se habría recaudado más de 2.000 millones de pesos. Las víctimas fueron persuadidas a través de fundaciones sin ánimo de lucro usadas como fachada y recibían promesas de vivienda, lotes o proyectos productivos. El material probatorio incautado incluye computadores, celulares y gran cantidad de documentos falsificados con logos oficiales.
La estructura, según la Fiscalía, estaba liderada por Álvaro José Correa Jaramillo, con funciones especializadas asignadas a los otros capturados: desde la elaboración y tramitación de contratos (por parte de un abogado), hasta la coordinación de visitas topográficas y la recolección de dineros. Tres de los imputados deberán seguir su proceso desde la cárcel; dos lo harán con arresto domiciliario, y todos enfrentan cargos por concierto para delinquir y estafa agravada.
La administración municipal insta a la ciudadanía a denunciar cualquier modalidad de estafa y a verificar siempre la legalidad de las ofertas inmobiliarias, especialmente las relacionadas con predios bajo extinción de dominio o administrados por entidades oficiales.
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