Gustavo Petro le pidió al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que le ayude con la libertad de Epa Colombia: “Que no viva en una celda”

El presidente Gustavo Petro solicitó públicamente al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, intervenir para permitir la salida de prisión de la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia.

El mandatario expuso su petición durante una reciente alocución presidencial transmitida en la noche del martes 15 de julio, donde abordó varios temas nacionales.

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“Ayúdeme a sacar a Epa, que no viva en una celda, ¿cómo así que no se puede? Pero ese señor que mató a una niña, lo condenaron sí, pero en una celda de oro, ¿cuál es la justicia?”, dijo el mandatario en la transmisión, mientras que Montealegre, quien estaba presenté en la reunión, asintió con la cabeza, aunque no respondió verbalmente.

El jefe de Estado comparó la condena impuesta a Barrera Rojas con otras sentencias que, según él, resultan menores a pesar de involucrar delitos graves. Además, aludió a casos vinculados a Odebrecht y criticó lo que denominó “machismo judicial”.

“Le echaron más años a ‘Epa’ que a un poco de ladrones que por ahí han cogido, ¿Qué es eso?… Machismo judicial. Los criminales de Odebrecht están libres”, expresó el primer mandatario.

Daneidy Barrera Rojas cumple una pena de 5 años y 2 meses de prisión tras ser condenada por actos vandálicos en la estación Molinos de Transmilenio, en Bogotá, durante protestas de noviembre de 2019.

Los hechos incluyeron la destrucción de puertas, torniquetes y máquinas, grabados y difundidos por ella misma en redes sociales. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en 2025 por instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del servicio público, bajo el argumento de que sus videos incentivaron a otros a cometer los mismos actos.

Una magistrada de la Corte expresó que calificar la conducta de Epa Colombia como terrorismo resultaba desproporcionado, porque se trató de un acto aislado sin intención de provocar terror masivo. La mayoría de los magistrados, sin embargo, defendió la severidad del castigo debido a su impacto social.

Desde la ratificación de la condena, Barrera Rojas fue recluida en la cárcel El Buen Pastor y se le prohibió ejercer como influencer durante el tiempo que dure la pena. El caso desató un debate nacional sobre la proporcionalidad de la justicia y posibles desigualdades en la aplicación de la ley.

No es la primera vez que Petro realiza un pedido de este tipo. En una ocasión previa, dirigió una solicitud parecida a la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de cinco años y dos meses de prisión para Daneidy Barrera por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.

El fallo rechazó una tutela presentada por la defensa de la creadora de contenido y ratificó que los mensajes y videos difundidos desde sus redes sociales incitaban a otros a repetir conductas similares que impactaron el orden público.

La sentencia impuesta no solo contempla la privación de la libertad, sino también una multa de 492,24 salarios mínimos legales mensuales y la prohibición de ejercer cargos públicos y de desempeñarse como influenciadora durante el mismo periodo. La defensa argumentó errores en la imputación y la vulneración al derecho al debido proceso. Sin embargo, la Corte Suprema precisó que la calificación penal no exige probar que sus seguidores hayan ejecutado actos terroristas, sino que sus mensajes eran capaces de inducir temor y desorden.

En cuanto a la reparación de los daños causados en 2019, la justicia verificó que Barrera ha realizado varios pagos de indemnización. Los recursos fueron consignados por la empresa Productos EPA, cubriendo los perjuicios solicitados, el lucro cesante y deducibles no cubiertos por la aseguradora.

El abogado Francisco Bernabé explicó que se pagaron $50 millones a una aseguradora y $7 millones a Recaudos Bogotá, y que se negocia con TransMilenio el pago de $360 millones adicionales.