La educación básica y media en Colombia está próxima a experimentar una modificación estructural.
Con la aprobación de la Ley 202 de 2024 en el Congreso y a la espera de la sanción presidencial, la Cátedra de Educación Emocional se convertirá en obligatoria para los niveles preescolar, básica y media.
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El objetivo, según el texto legal, se centra en promover el desarrollo integral de competencias emocionales y sociales entre los estudiantes.
Los impulsores de la norma, Diela Benavides, Antonio Zabaraín, José Alfredo Gnecco y Mauricio Gómez Amín, destacaron que la asignatura incluirá temas como manejo de emociones, autoestima, resolución pacífica de conflictos, prevención de acoso escolar, formación de proyectos de vida y sexualidad responsable, ajustando los contenidos a la edad y etapa escolar de los niños y jóvenes.
El acceso a esta educación se establece como un derecho desde el preescolar hasta el grado once, con la meta de prevenir conductas de riesgo y fortalecer el bienestar general de la población estudiantil.
La ley trae consigo una transformación relevante en el Icfes (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación), responsable de las pruebas Saber y Saber Pro, que mide el desempeño académico a nivel nacional.
Ahora, las evaluaciones incluirán una nueva categoría dedicada a las competencias emocionales, ampliando el espectro más allá de las áreas básicas como lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y naturales e inglés.
El artículo 11 de la Ley 202 determina que el Ministerio de Educación deberá coordinar con el Icfes el desarrollo y aplicación de instrumentos específicos para medir estas habilidades.
La inclusión de una categoría sobre autonomía, inteligencia interpersonal, habilidades para la vida y bienestar emocional se sumará a los apartados ya existentes en los exámenes de Estado.
De acuerdo con lo establecido, la adaptación de las pruebas implica modificar tanto los contenidos como la estructura misma de los exámenes.
Fuentes del Ministerio de Educación reconocen que la implementación podría significar un aumento en la duración de las pruebas, pero insisten en la importancia de integrar el componente emocional en las evaluaciones.
Para garantizar una adecuada implementación, el Ministerio de Educación asumirá la capacitación de docentes encargados de dictar la nueva asignatura.
El artículo 3 del texto legal asigna a esta cartera la responsabilidad de fomentar la formación en educación emocional y asegurar recursos para fortalecer las capacidades pedagógicas de los maestros.
También contempla una participación activa de la comunidad educativa: padres, madres, cuidadores y estudiantes tendrán un papel dentro del proceso formativo y evaluativo, según lo dispuesto por la ley.
La norma también obligará al Ministerio de Educación a conformar, en un plazo de seis meses luego de la entrada en vigor de la ley, una Comisión Nacional de Seguimiento y Evaluación.
Este organismo estará integrado por representantes del Icfes, el Ministerio de Salud, Fecode, el Colegio Colombiano de Psicólogos, expertos en educación emocional y miembros de la comunidad educativa. Su función será supervisar, evaluar y proponer mejoras continuas a la implementación de la cátedra y los procesos de evaluación asociados.
Entre los retos identificados, la comisión trabajará para ajustar los contenidos, hacer seguimiento a la formación docente y elaborar reportes periódicos sobre el impacto de la Cátedra de Educación Emocional en el contexto escolar.
La cátedra presenta un enfoque adaptativo, con temáticas ajustadas a la edad y grado de los estudiantes. Para la básica primaria, se abordarán aspectos como identidad, respeto, autoestima y adaptación frente a los cambios del entorno escolar y familiar.
En secundaria, los contenidos serán más complejos: consumo de sustancias psicoactivas, adicciones, trastornos alimentarios, prevención del suicidio, embarazo adolescente, violencia sexual, intrafamiliar, bullying y deserción escolar tendrán un espacio dentro del currículo.
La ley busca que la Cátedra de Educación Emocional no solo aborde la prevención, sino que promueva el desarrollo de proyectos de vida, consolidando estrategias para que los jóvenes enfrenten los retos personales, familiares y sociales que surgen durante su formación.
El texto del proyecto resalta la situación que vive la juventud colombiana: entre 2022 y 2024 se registraron cerca de dos millones de casos relacionados con afectaciones en salud mental.
Datos de Unicef indican que el 44,7 % de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 6 y 24 años han tenido alguna afectación emocional. Ante este contexto, el Congreso busca dar respuesta desde la escuela, asegurando que el bienestar mental y emocional ocupe un lugar prioritario dentro del proceso educativo.
Una vez sancionada la ley, los colegios tendrán un periodo de seis meses para ajustar sus programas académicos e iniciar la cátedra.
De igual manera, el Ministerio de Educación y el Icfes deberán avanzar rápidamente en el desarrollo de los nuevos instrumentos de medición para que los próximos exámenes incluyan este nuevo componente.
La transformación que propone la Ley 202 de 2024 implica un cambio profundo en el sistema educativo colombiano.
La introducción de la educación emocional como materia obligatoria y de su evaluación en el Icfes representa un esfuerzo para formar ciudadanos no sólo competentes en lo académico, sino capaces de gestionar sus emociones, convivir en paz y enfrentar los desafíos actuales y futuros en el país.
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