Una recompensa de $10 millones fue anunciada por el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, para quien aporte información que conduzca a la captura de los responsables del asesinato de Erika Juliana Reyes Anaya, una joven comerciante de 24 años que perdió la vida tras un ataque armado en la Puerta del Sol el viernes 27 de junio.
La tarde del viernes, la cotidianidad de la Puerta del Sol, uno de los puntos más transitados de Bucaramanga, se vio interrumpida por un hecho violento que conmocionó a la ciudad.
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Erika Juliana Reyes Anaya, madre de dos niños y dedicada al comercio de ropa y joyas, se desplazaba en una motocicleta Honda C-100 blanca, de matrícula DYB-03D, junto a su novio.
La pareja había salido del barrio San Bernardo, en Floridablanca, con destino al sector de San Bazar, en el centro de la ciudad. El recorrido, que parecía rutinario, terminó abruptamente en la intersección de la diagonal 15 con calle 61, cerca del Parque Tanque del Acueducto de la Puerta del Sol.
Aproximadamente a las 1:25 p. dm., dos sujetos en motocicleta que circulaban detrás de la pareja aprovecharon el tráfico habitual para acercarse y disparar. Los atacantes accionaron un arma de fuego sin titubeos. Uno de los disparos impactó el lado derecho de la cabeza de Erika Juliana, rompiendo el casco que llevaba puesto, mientras que el otro la alcanzó en el tórax.
La joven cayó gravemente herida al suelo, mientras su acompañante, ileso, intentó detener la hemorragia quitándose la camiseta roja que vestía. La escena se tornó dramática: el hombre, vestido con pantalón de dril, sostenía el cuerpo de Erika Juliana entre lágrimas y gritos de auxilio, reflejando la desesperación y el dolor del momento.
La respuesta de los servicios de emergencia fue rápida. Patrullas de la Policía y paramédicos llegaron al lugar pocos minutos después del ataque. Entre varios, levantaron a la joven y la subieron a la camilla de una ambulancia para trasladarla a la Clínica Bucaramanga. A pesar de los esfuerzos médicos, minutos después se confirmó el fallecimiento de Reyes Anaya.
El alcalde Jaime Andrés Beltrán se pronunció de inmediato sobre el crimen, asegurando que los hechos no quedarían impunes. “Los hechos ocurridos hoy en la Puerta del Sol no quedarán impunes. Le he pedido a la Policía Judicial que esclarezca lo sucedido con Erika Juliana, pero también, como administración, hemos ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por aquellas personas que nos permitan llegar a la captura de estos delincuentes”, declaró el mandatario local.
El compromiso de la administración municipal se centró en garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. “Así como hemos podido capturar a otros delincuentes, estos también estarán tras las rejas. Necesitamos del acompañamiento de la ciudadanía y de la denuncia para poder identificarlos y capturarlos”, añadió Beltrán, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana en la resolución del caso.
Las primeras investigaciones, a cargo de la Policía y el CTI de la Fiscalía, se enfocaron en la recolección de evidencias en el lugar de los hechos. Aunque el alcalde evitó referirse a hipótesis específicas, surgieron datos relevantes durante las indagaciones preliminares. Familiares de la víctima informaron que Erika Juliana había recibido amenazas verbales de su expareja aproximadamente veinte días antes del ataque.
“Había recibido amenazas de manera verbal por parte de su excompañero sentimental desde hace unos 20 días, quien le decía que la iba a mandar a matar, al parecer por celos”, establecieron las autoridades en un reporte oficial. Este antecedente abrió una línea de investigación que podría resultar clave para esclarecer el móvil del crimen y la identidad de los autores materiales e intelectuales.
Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Erika se dedicaba al comercio de ropa y joyas, actividad que le permitía sostener a su familia. Su muerte ha generado consternación en la comunidad, que exige justicia y respuestas ante un hecho que evidencia la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia de género y la criminalidad en la región.
El caso ha puesto en alerta a las autoridades locales, que han intensificado los operativos de búsqueda y recolección de información. La recompensa de $10 millones busca incentivar la colaboración de la ciudadanía, pieza fundamental para avanzar en la identificación y captura de los responsables.
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